ESTE JUEVES
Con una inspección ocular, avanza la investigación por los presuntos hechos de corrupción vinculados a los caños del acueducto
Funcionarios judiciales realizaron el pasado maretes una inspección ocular en distintos puntos del trazado previsto para la obra del Acueducto Gran Tulum, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al proyecto durante la gestión del ex gobernador Sergio Uñac. La medida se concretó dentro del legajo 33.347/25 caratulado “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la administración pública”.
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El procedimiento se desarrolló con autorización de la jueza de Garantías Mónica Lucero y tuvo como objetivo verificar distintos sectores donde, según el proyecto original, debía emplazarse el ramal de cañerías de la obra. El acueducto fue planificado para ampliar el sistema de provisión de agua potable en el Gran San Juan.
La recorrida comenzó en el obrador de la unión transitoria de empresas (UTE) encargada de la obra, ubicado a orillas del paredón del Dique Punta Negra, en el departamento Zonda. Desde allí, la comitiva judicial se trasladó hacia otros puntos señalados en los planos del proyecto.
Posteriormente, la inspección continuó a lo largo de distintos tramos de la Ruta Provincial 12 y en el interior de Villa Tacú, en una zona cercana al cerro donde estaba prevista la construcción de un túnel como parte del sistema de conducción de agua.
El operativo también incluyó una revisión de la obra ubicada en el costado norte de la Avenida Libertador General San Martín, en las inmediaciones del Cementerio El Mirador. Finalmente, la inspección concluyó en la planta potabilizadora de la empresa estatal Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), ubicada en la localidad de Marquesado.
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Durante el procedimiento participaron efectivos de la Brigada de Delitos, personal de Policía Científica y de la Policía Rural, que aportó drones para la inspección aérea de distintos sectores del trazado. También colaboraron efectivos de la Seccional 14 y personal técnico de OSSE.
La medida fue encabezada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra, quienes supervisaron las tareas de verificación en el lugar.
La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en distintos aspectos vinculados al desarrollo del proyecto, una de las obras hídricas más relevantes planificadas para la provincia en los últimos años. La causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y análisis técnico de la documentación relacionada con la ejecución de la obra.
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Como dato relevante la denuncia apuntaba al empresario fallecido Gustavo Monti, señalado como el propietario de la firma que vendió los tubos para la obra.
Este jueves, en la sede de la UFI Delitos Especiales, los fiscales Pizarro y Gómez brindaron una conferencia de prensa donde confirmaron que la investigación se encuentra en sus etapas iniciales y todavía no apunta a ninguna persona o grupo de personas en específico.
"Estamos en una etapa investigativa donde todavía no podemos determinar si hay o no hay delito. Es una investigación previa que eso nos pueda arrojar si existe maniobra delictiva o se desestima la denuncia", dijo el fiscal Francisco Pizarro.
"Esta investigación no apunta en en particular a nadie de momento, sino a la obra en sí, ya sea las personas que intervinieron el material que utilizaron y demás. Nosotros no podemos descartar absolutamente nada", añadió.
En ese sentido, ambos investigadores señalaron que la denuncia fue radicado por el abogado y ex candidato a gobernador, Marcelo Arancibia, citando algunos links de notas periodísticas del diario Tiempo de San Juan que daban a conocer presuntas irregularidades.
La causa
El escándalo se desató en diciembre del año pasado cuando el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante la justicia para que se investigue la presunta corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum. El ex candidato a gobernador, apuntó directamente contra el exmandatario y actual senador, Sergio Uñac, y su primo, Gustavo Monti.
De acuerdo al escrito, que ingresó en la UFI Delitos Especiales, aseveró que se podrían haber cometido los delitos de: violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita administrativa y defraudación al Estado.
Además, pidió que se investigue la posible participación penalmente responsable de funcionarios provinciales (que cumplieron funciones entre 2015 y 2023) con competencia” en materia de contrataciones, obra pública, control de calidad y certificaciones y a los directivos de la empresa adjudicataria”.