Acueducto: Fiscalía interpretó que Arancibia denunció presunto enriquecimiento ilícito y le reclamó que aporte nombres

La denuncia que presentó el abogado Marcelo Arancibia, para que se investiguen presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, tuvo sus primeros pasos. Tras la presentación, desde la UFI Delitos Especiales, a través del fiscal Sebastián Gómez, le requirieron al profesional que aporte información sobre un delito en particular: enriquecimiento ilícito. Además, en esa misma línea le pidieron que indique “el o los funcionarios o exfuncionarios a quienes se les atribuye el enriquecimiento patrimonial” y, también, que “precise, en su caso, los bienes, incrementos patrimoniales o variaciones económicas, cuya procedencia considere injustificada”. El pedido tuvo una rápida respuesta, la que se dio ayer, cuando Arancibia contestó, en un escrito, que él no hizo una denuncia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, por lo que no puede evacuar la consulta de Fiscalía. Según indicaron fuentes calificadas, dicha respuesta llamó la atención dentro del Ministerio Público.

El pedido de Fiscalía hacia el abogado se dio el mismo día en el que fue presentada la denuncia, y la respuesta no demoró, ya que se presentó en horas del mediodía de ayer. Un dato no menor es que, en la misiva enviada a Arancibia, en la que se le piden nombres y datos, desde la UFI Delitos Especiales dejaron en claro que “respecto a todos los posibles delitos distintos del enriquecimiento ilícito, continúese sin restricciones alguna con las diligencias investigativas correspondientes”. Así, el abogado interpretó que el Ministerio Público tomará cartas en el asunto para luego determinar si corresponde formalizar una investigación penal. Según lo indica el Código Procesal Penal, Fiscalía tiene 15 días hábiles para realizar una “valoración inicial” de la denuncia, a fin de determinar si hay elementos que puedan coincidir presuntamente con un delito penal o si el escrito debe ser archivado. Si opta por el segundo camino, cuenta luego con 90 días, prorrogable por 90 días más, para desarrollar una “investigación previa a la formalización”, esto es, recabar información que pueda conducir a requerirle a un juez abrir una Investigación Penal Preparatoria, con la imputación de algún delito a una persona.

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Fuentes oficiales indicaron que la respuesta de Arancibia, sobre el presunto delito de enriquecimiento ilícito, llamó la atención en Fiscalía, ya que el abogado aseguró que no denunció ese delito, mientras que en su presentación inicial dejó en claro lo contrario, al expresar que “el próximo 10 de diciembre se cumplen los dos años después de los que un exfuncionario no puede ser enjuiciado por enriquecimiento ilícito”. Además, había indicado que “a partir del 10 de diciembre esos exfuncionarios se les podrá reprochar nada por el incremento de su patrimonio”. Cabe aclarar que Arancibia presentó la denuncia un día antes, el 9 de diciembre y que, de haber denunciado enriquecimiento ilícito, debería haber indicado qué personas cometieron esos delitos y cómo su patrimonio se vio incrementado por dicha maniobra.

Es que la denuncia presentada por el excandidato a gobernador del GEN, tiene como base la tarea periodística realizada por Tiempo de San Juan, con seis notas que reflejan, entre ellas, la relación entre Gustavo Monti, primo del Senador y exgobernador Sergio Uñac, y las cañerías que fueron instaladas en el Acueducto Gran Tulum, materiales que serían de menor calidad que el exigido y con valores por arriba del mercado.

Incluso, la presunta irregularidad detectada en la megaobra, además de demorar la ejecución de las tareas, derivó en un pedido que hicieron los diputados oficialistas para que OSSE emita un informe sobre el caso, documento que hasta el momento no ha llegado a la Cámara de Diputados.

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Así, si hubiera denunciado enriquecimiento ilícito, fuentes calificadas indicaron que Arancibia debió nombrar, por lo menos, a Monti y cómo su patrimonio se vio incrementado. Incluso, en la aclaratoria, fiscalía le solicitó al abogado que indique “los bienes, incrementos patrimoniales o variaciones económicas, cuya procedencia considere injustificadas y que servirían de base para sustentar lo expresado en la presente denuncia”. A lo que el abogado dijo que “la denuncia penal no es por enriquecimiento ilícito en los términos tipificados por el artículo 268 bis del Código Penal Argentino”.

Según el abogado, los hechos denunciados, en los que están involucrados 100 millones de dólares provenientes de un préstamo del Fondo Kuwaití para realizar el Acueducto Gran Tulum, podrían configurar los delitos de: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación al Estado, dádivas y asociación ilícita, entre otros.