Branka Motors llegó a un acuerdo con la mayoría de los estafados y devolverá $540 millones en cinco cuotas

La investigación por las presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors sumó un nuevo capítulo en la Justicia. El fiscal de la causa, Guillermo Heredia, informó a los damnificados una propuesta de reparación integral presentada por la defensa de los imputados, que contempla la devolución total del dinero denunciado como perjuicio económico. La oferta alcanza los 540 millones de pesos y deberá ser evaluada por la jueza de Garantías para determinar si corresponde su homologación.

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El planteo apunta a resarcir a 357 personas que denunciaron haber sido víctimas de maniobras fraudulentas vinculadas a la empresa. Según se informó en la investigación, el monto total incluye 509 millones de pesos del capital denunciado y otros 31 millones en concepto de intereses.

De acuerdo con los datos aportados por la Fiscalía, 347 denunciantes aceptaron inicialmente la propuesta, mientras que otros nueve se sumaron durante la última semana, manifestando su conformidad con el acuerdo. El esquema prevé un plan de pagos financiado a 120 días, dividido en cinco cuotas, con un primer desembolso previsto 15 días después de una eventual homologación judicial.

La propuesta fue presentada por la defensa de los imputados e incluye garantías sobre bienes muebles e inmuebles para asegurar el cumplimiento del acuerdo. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que esta reparación se limita exclusivamente al proceso penal, por lo que no afecta posibles reclamos civiles que las víctimas puedan iniciar por su cuenta.

Para llegar a esta instancia, el equipo de fiscales realizó un amplio trabajo de investigación financiera y patrimonial. Durante el proceso se analizaron informes de cientos de entidades crediticias con el objetivo de reconstruir los movimientos bancarios y determinar la trazabilidad del dinero presuntamente involucrado en las maniobras.

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Además, en el marco de la causa se llevaron adelante 12 allanamientos y un relevamiento detallado de bienes disponibles que podrían servir como respaldo de la eventual devolución del dinero. Estas medidas formaron parte de la estrategia para determinar la magnitud del perjuicio económico denunciado por las víctimas.

Desde el Ministerio Público destacaron el trabajo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que en un plazo de 40 días desde la primera denuncia desarrolló la investigación que permitió avanzar con la causa y con la búsqueda de una salida que contemple la restitución del dinero. El equipo estuvo integrado también por los ayudantes fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, junto a las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.

Antes de esta propuesta, los acusados habían presentado dos ofertas reparatorias anteriores, aunque por montos menores al total denunciado. Ante la falta de acuerdo en ese momento, la Fiscalía decidió cerrar la negociación, formalizar el proceso penal y avanzar con la detención de los imputados.

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Ahora, la última palabra la tendrá la jueza de Garantías, quien deberá analizar los términos del acuerdo y resolver si corresponde homologar la reparación integral propuesta en el marco de la causa. Si la magistrada la aprueba, se pondrá en marcha el plan de pagos para devolver el dinero a los denunciantes.