Con un fuerte hermetismo, el empresario acusado de abuso sexual y que permaneció 6 años prófugo en Chile, estuvo en Tribunales

Luego de llegar a San Juan la semana pasada, proveniente de Mendoza, tras su extradición desde Chile donde permaneció prófugo durtante 6 años, el empresario, Julio Omar Calivar, de 65 años, tuvo esta jornada su audiencia judicial en la Sala 11 de Tribunales. Es que, según fuentes del caso, se trata de un paso inicial en la provincia en la causa que lo tiene imputado por el abuso sexual de tres mujeres, siendo una de ellas una chica de 12 años al momento de su proceder delictivo.

En una medida que marca el hermetismo con que se viene manejando la causa, no se permitió el acceso a la prensa al sector de la sala e incluso hubo varios efectivos en cercanías para controlar esa situación.

A su vez, se conoció que la defensa de Calivar está encarnada por Juan Pablo Ortega, el exfuncionario judicial que tuvo gran poder en el ámbito de Tribunales y que en 2022 recibió una condena por abuso de autoridad. Luego de cumplir aquella pena de dos años de inhabilitación (también lo condenaron a un año de prisión en suspenso), se dio su regreso a los litigios y ahora lo hace, junto a sus colegas Fernando y María Josela Echegaray, de la defensa de Calivar.

Respecto a la causa contra Calivar, se tramita en el sistema de Unidad Conclusiva de Causas, correspondiente al esquema procesal anterior, donde se investiga el hecho denunciado en 2019. En aquel momento, la presentación fue realizada por el entorno familiar de una menor de edad, lo que dio origen a una investigación que avanzó con distintas medidas probatorias.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un matrimonio que lo acusó de haber abusado de su hija de 12 años durante una reunión familiar. La menor declaró que fue víctima de manoseos y posteriormente ratificó su testimonio en Cámara Gesell, lo que dio impulso a la causa judicial.

Con el avance de la investigación, se incorporaron nuevas denuncias. Dos familiares del acusado, mayores de edad, señalaron haber sido víctimas de abusos sexuales reiterados. Sus declaraciones fueron tomadas en el marco de una causa que en ese momento estaba a cargo de la fiscal Ana Lía Larrea. Una de las denunciantes afirmó haber tenido un hijo como consecuencia de una presunta violación y manifestó su disposición a someterse a un estudio de ADN para respaldar su testimonio.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía impulsó distintas medidas de prueba, entre ellas peritajes psicológicos orientados a detectar indicadores de violencia sexual y un análisis genético para determinar vínculos biológicos. También se solicitó la unificación de las causas en el Quinto Juzgado de Instrucción, que en ese momento estaba a cargo del juez Alberto Benito Ortiz -ya fallecido-. Sin embargo, antes de que se concretaran allanamientos y pericias, el acusado se ausentó de su domicilio y permaneció prófugo durante años. Su paradero fue finalmente establecido en Santiago de Chile, donde fue detenido, lo que permitió reactivar el proceso judicial en su contra.