Baigorrí quiere reflotar una oficina que creó Quattropani para atender a las víctimas y le pedirá más personal a la Corte

Al presentar formalmente el contenido del Manual de Política de Persecución Penal, el Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, confirmó que buscará este año poner en marcha una oficina que creó su antecesor, Eduardo Quattropani, pero que nunca estuvo implementada: la Oficina de Asistencia a las Víctimas. Se trata de un área clave que nunca se implementó por falta de personal profesional a designar por la Corte de Justicia. En esa línea, Baigorrí indicó que le solicitará al máximo tribunal el personal necesario para poner en marcha la oficina durante este 2026, entre los que se destacan psicólogos, asistentes sociales y empleados administrativos, entre otros. Desde la Corte indicaron que no hablaron del tema con el Fiscal General, pero que están “abiertos” a las propuestas que se formulen ya que existe “diálogo” entre ambos organismos. Para Baigorrí, la Oficina de Asistencia a las Víctimas, es clave para “ayudar a las personas en un proceso de superación y que, durante el tiempo que demande la causa, no dejarlas desamparada”.

Un área especial para atender a las víctimas, dentro del Ministerio Público Fiscal, fue un proyecto que Eduardo Quattropani lanzó a fines de 2024, unos seis meses antes de su fallecimiento. El organismo fue creado a través de una resolución con el objetivo de “asistir a las víctimas de delitos para garantizar sus derechos desde el inicio hasta la finalización del proceso penal”. Entre las acciones que se puntualizaron, figuraron las de “contención emocional ante la develación de un hecho”, una preentrevista de orientación y acompañamiento a las víctimas, y la derivación con el fin de que la víctima reciba tratamiento médico o psicológico superada la situación de crisis que justifica la intervención inmediata de la Of.A.Vi”.

Para ello, Quattropani le solicitó a la Corte de Justicia la designación de un espacio físico “autónomo e independiente” para “garantizar un clima de privacidad y fácil acceso a las víctimas” y también la designación de cargos destinados a tres psicólogos, tres asistentes sociales, seis personas destinadas a la tarea administrativa y dos maestranzas. Según confirmó Baigorrí existía una “resolución que creaba la oficina, pero nunca se puso en funcionamiento”.

Al presentar el Manual de Política de Persecución Penal, el flamante Fiscal General indicó que el organismo que él encabeza está “trabajando en un área para la protección de las víctimas, con la creación de una oficina”, para luego aclarar que se trata de un área ya creada por Quattropani por resolución, pero que nunca estuvo en marcha.

Sobre el manual, se trata de un documento, que entra en vigencia desde el 1 de mayo, donde se ha “unificado criterios para el funcionamiento de la Fiscalía y también de la Policía, lo que genera previsibilidad para que todo ciudadano sepa, y también los jueces, cómo va a trabajar el fiscal frente a la persecución de los hechos”. En dicho documento, se hizo hincapié en los delitos de corrupción y en la atención a las víctimas, entre otros puntos.

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Sobre la puesta en marcha de un área para atender las necesidades de las víctimas, el Fiscal General de la Corte indicó que “a veces, el proceso resulta en una revictimización porque la víctima tiene que pasar por situaciones de reconocimiento, de producción de hechos e, incluso, de atención médica”. De esa manera, explicó que es necesario que el Poder Judicial atienda esas situaciones desde el Ministerio Público porque es quien “tiene el manejo de la acción penal porque somos los que acusamos”.

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En esa línea dijo que “además de buscar quien cometió el daño, lo que estamos tratando de hacer es ayudar a la víctima en ese proceso interno de superación. No dejarla desamparada durante el tiempo que demanda la causa y si ella necesita atención psicológica o si necesita de alguna contención, en cualquier término que sea, que desde el Poder Judicial se la pueda acompañar”.

A su vez, dijo que su objetivo es que dicho organismo esté funcionando durante este 2026 “lo antes posible”, pero que requiere de la intervención de la Corte de Justicia para la designación de los cargos y la elección de un espacio físico.

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Sobre la posibilidad de contar con una Oficina de Atención a las Víctimas, desde el máximo tribunal, su presidente, Daniel Olivares Yapur, indicó que hasta el momento no han dialogado sobre el tema con el Fiscal General, pero que están dispuestos a atender sus propuestas ya que existe “diálogo permanente” entre las partes.