Condenaron sin prisión a tres de los imputados por el caso de las jubilaciones truchas en ANSES de Rawson

El Tribunal Oral Federal condenó con dos años de prisión condicional a la funcionaria de la UDAI María Fernanda Cerdera y los gestores, Rubén Gómez y Carlos Zárate. Absolvieron por el beneficio de la duda a Andrea del Valle Masquijo.

Esta jornada, el Tribunal Oral Federal dictó la sentencia contra tres de los involucrados en el caso de las jubilaciones truchas en el ANSES de Rawson, que tuvo su comienzo judicial hace nada menos que 17 años. En ese sentido, los jueces Eliana Ratta, Hugo Echegaray y Daniel Doffo homologaron el acuerdo impulsado por Fiscalia, en la persona de Fernando Alcaraz, y las demás partes. De esta manera, según fuentes del caso, se condenó a la pena de dos años de prisión condicional, es decir, sin cárcel, a la funcionaria de la UDAI Rawson en su momento, María Fernanda Cerdera, y a los gestores de la misma repartición, Rubén Gómez y Carlos Zárate.

Mientras que, según las mismas fuentes, recibió la absolución por el beneficio de la duda otra involucrada, Andrea del Valle Masquijo, a quien según Fiscalía no se le pudo compronar un delito.

El caso estalló el 31 de agosto de 2009, luego de una presentación realizada desde la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social. La causa la tomaron el fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo, en la que se comprobó que hubo maniobras irregulares en la concesión de jubilaciones durante una serie de tramitaciones que se efectuaron desde el 29 de septiembre al 1 de octubre de 2008.

Tal cual se señaló, la modalidad delictiva consistió en que los gestores “atrasaron” las fechas de nacimiento de las personas que averiguaban para acceder a una jubilación en las fotocopias de sus DNI, con el objetivo de que llegasen a la edad jubilatoria requerida por ley en esa época, tanto para hombres (65 años) como para mujeres (60).

De esa manera, hubo dos casos en los que se adulteró en 10 años la fecha de nacimiento. Por ejemplo, un hombre había nacido en 1942, pero se lo registró en 1932. Luego, se dieron tres situaciones con 5 años de diferencia “hacia atrás”, una de tres años y dos de dos años. Incluso, hubo dos retoques en tan solo meses para que cerrara el requisito etario para el beneficio provisional.

Según se desprendió del debate y de fuentes judiciales, la “picardía” de los gestores, que encuadró en el delito de falsificación de documento y fraude contra la administración pública, se dio cuando desde el gobierno nacional del peronista Néstor Kirchner se lanzaron los planes de moratoria. Dichos programas consistían en que los trabajadores que no tuvieran los 30 años de aportes pudiesen “comprar” los que les faltaban a través del descuento que se les producía cuando se les otorgaba el beneficio, además de lo que complementaba el Estado.

La medida provocó que se creara en 2006 la UDAI Rawson, la que estuvo a cargo de Ricardo Azar, y se produjeran largas filas para averiguar sobre la moratoria. Para agilizar la atención, los empleados hacían lo que denominaban “peinar la cola”, es decir, salir de los puestos de la delegación, hablar con los interesados para conocer que trámite requerían o qué requisitos les faltaban.

En ese desorden, los gestores apuraban los trámites con la sola presentación de fotocopias del DNI, lo que avalaron algunos empleados. Aunque Gómez y Zárate no se metieron con las jubilaciones por moratoria, sino que tramitaban los beneficios con la adulteración de las fechas de nacimiento. Por sus servicios, cuya maniobra delictiva desconocían los beneficiarios, cobraban desde sumas fijas (300, 900 y 1.000 pesos) hasta un haber y medio o tres haberes.

Los jubilados de esa manera, dependiendo de los casos, cobraron durante dos, cinco, 10 y 11 meses, hasta que el beneficio se les suspendió por la irregularidad. Frente a ello, tuvieron que rehacer el trámite cuando cumplieron la edad jubilatoria, explicaron las fuentes.

El perjuicio para el Estado nacional fue calculado en 40.973 pesos en 2008, año en el que se concedieron unas 15 jubilaciones bajo dicha modalidad delictiva y se desencadenaron los desembolsos durante meses. En ese entonces, la jubilación mínima estaba en los 753 pesos, por lo que el monto equivale a casi 56 pagos mensuales. Teniendo en cuenta que la mínima hoy se encuentra en 450.286 pesos, esos 56 desembolsos son equiparables a 25.216.016 pesos.

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