En medio de un conflicto judicial por un concurso de ascensos, la administración de Aballay denunció que se extravió el expediente

El lunes 27 de abril, la abogada de la municipalidad de Pocito, que conduce Fabio Aballay, se presentó en la Comisaría de ese departamento y denunció que la comuna fue víctima de un hurto. Según expresó en la dependencia ubicada en el edificio contiguo a la municipalidad, personas desconocidas sustrajeron de la municipalidad dos expedientes: el 11917-2022 y el 10244-2022. Se trata de documentación oficial comunal que corresponde al concurso de ascensos que inició el exjefe comunal Armando Sánchez y del cual se vieron beneficiadas una veintena de agentes municipales. También son los mismos expedientes que desde 2024 están judicializados por tres trabajadores que entienden que el mecanismo de promoción de cargo que llevó adelante Pocito fue irregular y por el cual ellos se vieron desfavorecidos. Eso no es lo único, ya que el avance del concurso se encuentra interrumpido por una orden judicial, una medida cautelar, por lo que la segunda etapa del proceso no se puede llevar adelante. Sobre el hecho, el extravío de los expedientes, la abogada indicó, en un escrito, que la situación “ha acarreado graves perjuicios a la administración municipal, ya que se han generado reclamos judiciales”.

La pérdida de la documentación oficial de Pocito se da a conocer luego de que el sueldo del intendente Aballay haya sufrido un embargo judicial de 4.481.260 pesos, producto de que la comuna nunca respondió los requerimientos de información sobre el concurso que las tres personas solicitaron en la Justicia. Incluso, no es la primera vez que el sueldo del intendente es embargado, ya que, anteriormente, en marzo de 2024, sufrió una baja en el salario de casi un millón de pesos por el incumplimiento judicial de los primeros meses de ese año. Según se supo, han existido otros embargos desde ese año hasta la fecha, aunque no trascendieron los montos. Fuentes calificadas confirmaron que el millonario monto contra Aballay fue cancelado el 30 de abril pasado, en horas de la mañana.

También tenés que leer: "Pocito: un reclamo por un concurso interno puede dejar sin sueldo al intendente"

Según pudo conocer este medio, la denuncia de pérdida de los expedientes municipales fue presentada en la Justicia a modo de justificación para que no existan nuevos embargos sobre el sueldo del intendente. Es que, al haberse configurado “la pérdida y/o destrucción y/o hurto” de los expedientes que hacen referencia al “Llamado a concurso interno y cerrado de antecedentes y oposición para cubrir vacantes de personal de planta permanente de la Municipalidad de Pocito”, tanto en soporte físico como informático, la comuna no puede responder al pedido de información solicitado por los agentes y ordenado por la Justicia. Es más, la abogada comunal sostiene que Pocito nunca incumplió con la orden judicial porque “la realidad de los hechos es que no se encuentran los documentos en los archivos municipales ni en ninguna otra dependencia del municipio, por causas que se desconocen y que no son atribuibles a esta parte”. Así, sostiene que la orden judicial es de “imposible cumplimiento”. Incluso, desde la comuna expresaron en la Justicia Civil, donde se tramita el reclamo de los empleados de Pocito, que ha tomado intervención la UFI Delitos contra la Propiedad por la denuncia de hurto simple, al punto que la denuncia ya cuenta con legajo fiscal.

El conflicto judicial por el concurso de ascensos que Pocito lanzó en 2022, en la administración de Armando Sánchez, se inició un año después, luego de que tres empleados impugnaran el sistema y el puntaje final obtenido. Para los empleados de la comuna, un concurso interno cerrado fue una oportunidad clave, ya que les dio la posibilidad de acceder a un cargo superior que se encontraba vacante.

Según trascendió en su momento, sólo tres agentes cuestionaron el mecanismo porque, además de la documentación presentada de antecedentes, una Junta Examinadora resolvió realizar un examen que, al parecer, no se encontraba previsto en el llamado a concurso original. Al pedir la documentación oficial de respaldo, los agentes nunca tuvieron una respuesta, por lo que fueron a la Justicia para que Pocito sea obligada a dar la información. Ahora, dos años después del planteo judicial, la comuna indicó que no puede dar la información porque los expedientes no se encuentran.

Sobre la falta de documentación, Aballay, a través de un decreto municipal, dispuso la apertura de una investigación interna, un sumario, para “llegar a la verdad de los hechos acontecidos y determinar responsabilidades”, el que se ha dado inicio el 30 de abril pasado, con la firma del jefe comunal.

Fuentes consultadas indicaron que la situación es llamativa y no se animaron a indicar qué paso pueden llegar a realizar los empleados que judicializaron la falta de información de Pocito y que cuestionaron el concurso, dado que la comuna ha confirmado que no existe la documentación oficial. Las dudas surgen sobre si quienes ya cumplen funciones, por haber logrado un cargo superior por el concurso, seguirán en el mismo o si la segunda etapa del proceso puede continuar o si el mecanismo de ascenso fue irregular, como indican los denunciantes.