Condenaron al cirujano acusado de cobrar una operación en un hospital público, pero fue absuelto por estafa

El médico cirujano Santiago Furlotti Barassi fue condenado este jueves a un mes de pena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco del juicio en el que estaba acusado de haber cobrado dinero por una intervención quirúrgica realizada en un hospital público.

Lee también: Sorpresa y molestia en un juicio contra un cirujano del hospital de Caucete ante la ausencia como testigo de la directora del nosocomio

Sin embargo, el fallo dejó afuera el delito de estafa, una de las principales acusaciones impulsadas por la fiscalía, que sostenía que el profesional había exigido dinero a un paciente por una práctica médica que debía ser gratuita. El magistrado no detalló de manera explícita los fundamentos de esa decisión.

Además de la condena, el juez resolvió remitir actuaciones a la UFI de Delitos Especiales para que se investigue el rol de la directora del Hospital César Aguilar, Diana Martínez, tal como habían solicitado durante el proceso tanto la fiscalía como la querella.

El juicio oral y público había comenzado el pasado 12 de mayo. Furlotti Barassi llegó al debate imputado por estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de ser denunciado por presuntamente solicitar $250.000 a un paciente para realizarle una cirugía en el hospital estatal.

La causa se originó tras la atención de Axel Fabián Marinero, de 34 años, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles y fue operado en el hospital de Caucete. Días después, el hombre falleció por un paro cardíaco, aunque por ese hecho el médico fue desvinculado de responsabilidades penales.

Durante la investigación, la familia del paciente denunció que el profesional les había pedido dinero para concretar la operación. Como parte de las pruebas, el Ministerio Público Fiscal presentó conversaciones y un comprobante de transferencia bancaria desde la cuenta del paciente hacia una billetera virtual a nombre del cirujano.

En las audiencias también declararon trabajadores de la salud del hospital, quienes afirmaron que el nosocomio cuenta con los insumos necesarios y que las prestaciones médicas no pueden cobrarse a los pacientes porque son cubiertas por el Estado.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando una enfermera declaró con dudas respecto a las implicancias legales de cobrar por servicios públicos de salud. A eso se sumó la ausencia de la directora del hospital, quien no se presentó a declarar pese a haber sido citada como testigo clave en el debate.

Finalmente, el tribunal resolvió condenar únicamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una decisión que modificó el alcance de la acusación inicial y abrió una nueva instancia de investigación sobre posibles responsabilidades dentro de la conducción del hospital.