Maniobras financieras bajo sospecha
Se resuelve quién investigará a Global Market por el presunto desvío de $4 mil millones de ahorristas a una minera propia y a una empresa familiar
El juez de Garantías, Javier Figuerola, resolverá hoy, a las 18, la competencia en la causa Global Market: es decir, si debe intervenir la Justicia Federal o la provincial. Se trata de una presunta maniobra en la que los dueños de la empresa, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, desviaron unos 4 mil millones de pesos de al menos 45 ahorristas e inversores para financiar a una minera propia y a comprar cheques electrónicos a una empresa de los hijos de uno de los dueños. Fueron operaciones de altísimo riesgo, que, al final, terminaron en pérdida, cuando los clientes, en realidad, apostaban a resguardar su dinero.
En líneas generales, eso es lo que sostuvo Nicolás Alvo, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Informáticos y Estafas, quien planteó que el caso está bajo la órbita de la Justicia Federal, dado que los fondos depositados se encuentran bajo la custodia y la regulación de normas federales. Además, Global Market Valores opera como agente de negociación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros puntos.
La mecánica no deja de llamar la atención porque la empresa actuaba, justamente, con la autorización del organismo nacional y no era la única, ya que también quedó en la mira Rosario Valores SA. Se trata de una compañía que intervino como Agente de Liquidación y Custodia, que tenía la misión de recibir y resguardar el dinero de los inversores y concertar y liquidar las operaciones por mandato de Global Market. El fiscal Alvo también consideró que sus responsables deben ser investigados.
De acuerdo a las pruebas que había reunido y expuesto el representante del Ministerio Público, Global Market había reunido una cartera de clientes con un perfil de inversor de tipo conservador, o sea, que su dinero se pusiera en instrumentos financieros de bajo riesgo, similares a un plazo fijo. Se prioriza la liquidez y la conservación del dinero, más que el rendimiento.
Esa calificación no es menor, ya que Alvo indicó que las normas de la CNV obligan legalmente al agente de negociación (Global Market) a respetar ese perfil conservador de sus clientes y a no realizar operaciones que lo excedan, sin autorización expresa del ahorrista. Otra exigencia es que debe evitar toda práctica que pueda “inducir a engaño” al inversor.
Sin embargo, según el fiscal, tanto Ahumada como Cañadas no destinaron el dinero de los clientes a instrumentos (títulos y valores) autorizados, seguros y concertados, sino a GMI Inversiones SA. Se trata de una firma de los propios sospechosos, dedicada a la minería, por fuera del control de la CNV, cuya actividad estaba paralizada desde fines de 20214 y que no cuenta con activos productivos ni ingresos.
Ahí, se utilizó un mecanismo bursátil llamado Pase No Garantizado (PNG). La minera GMI le vendía a un cliente, que ya había hecho el depósito, un título o una acción de baja liquidez, es decir, que no se vende ni compra en el mercado, con la promesa de volver a comprársela en siete días, por ejemplo.
Pasado ese plazo, GMI no recompraba el título, sino que se lo renovaba al cliente. Según Alvo, los implicados utilizaban un “ardid”, un engaño. Invocaban una “falsa auditoría” de la CNV que “supuestamente requería contestar un mail autorizando renovar o consolidar las inversiones existentes”. En ese marco, se usaba “terminología técnica bursátil de difícil comprensión” para ahorristas no especializados.
De esa manera, la plata de los clientes no iba a parar al mercado sino a una empresa de los propios sospechosos. Entonces, cuando uno de los inversores más grandes con 2.000 millones de pesos, la constructora Armegón, pidió en marzo el rescate total de su dinero, GMI no respondió con los fondos.
Es el resultado de la mecánica de Pases No Garantizados. GMI, o Global Market, que es lo mismo, se quedó con la plata, mientras que Armegón tuvo en sus manos un título de baja liquidez, que no vale nada y que no pudo comercializar en el mercado. En un Pase Garantizado, si el vendedor no recompra la acción en el plazo establecido porque no tiene dinero, alguna de las entidades intervinientes usa su garantía y se lo devuelve al inversor. En el No Garantizado, no hay nadie que responda ante un incumplimiento, el ahorrista debe confiar en la palabra del vendedor del título y que cumpla. Por eso, el alto riesgo.
Las operaciones de Pase No Garantizado se realizaron por intermedio Rosario Valores SA, que operó en el Mercado Argentino de Valores (MAV), una plataforma bursátil regulada por leyes nacionales y controladas por la CNV. Alvo destacó que la firma rosarina debe ser investigada, debido a que, como agente de recepción y custodia de los fondos de los inversores, permitió que el dinero fluyera a GMI, cuando no era una transacción legítima; no controló el desarrollo de los Pases No Garantizados, que iban en contra del perfil conservador de los ahorristas.
Cheques electrónicos y voladores
El fiscal había indicado que los implicados realizaron compras no autorizadas de cheques electrónicos (e-cheqs) emitidos por Epychost SAS, empresa de Gerardo Sebastián (administrador titular) y Franco Emanuel Ahumada Yuste (administrador suplente), hijos de Gustavo Ahumada, uno de los dueños de Global Market y GMI.
Esos cheques fueron rechazados al vencimiento por falta de fondos, lo que les generó más pérdidas a los clientes de Global Market. Alvo remarcó que los e-cheqs son instrumentos de riesgo crediticio privado: su cobro depende exclusivamente de la solvencia del librador, sin garantía estatal, e incompatibles con el perfil conservador según las Normas CNV.
Por eso, el fiscal había resaltado que “la concertación de Pases No Garantizados o de compras de echek, sobre cuentas de perfil conservador, configura por sí sola una violación del mandato conferido (de los clientes a Global Market) y que el hecho de “financiar con fondos de comitentes (inversores) a una empresa de propiedad de los propios imputados o de sus hijos es la más grave violación posible de ese principio”.
Contratos de mutuo/préstamos
Otra de las irregularidades detectadas tuvo que ver con la captación de fondos de inversores a través de contratos de mutuos, es decir, los clientes ponían plata a modo de préstamos, dado que los contratos prometían la devolución del capital con una tasa de interés fija (en algunos casos, hasta el 50 por ciento anual) en plazos de tres meses.
El tema es que el contrato se firmaba con GMI Inversiones, la empresa de explotación de minas y canteras, no autorizada por la CNV ni por el Banco Central para actuar como entidad financiera. Vale la pena recordarlo, su actividad se encontraba paralizada desde fines 2024.
De acuerdo a la explicación de Alvo, en este caso, la maniobra consistió en engañar a los clientes, ya que creían que estaban contratando con Global Market, cuando en realidad lo estaban haciendo con una minera inhabilitada. Según se expuso, los inversores pensaron que GMI eran las siglas de Global Market Inversiones, uno de los motivos de confusión.
Pero no era lo único: Gustavo Ahumada firmaba los contratos como presidente de ambas empresas, los cuales se rubricaban en las oficinas en la que funcionaba la agencia autorizada para operar en la bolsa de comercio.
Polémica
Marcelo Arancibia, abogado de unos 10 damnificados, había criticado el accionar del Ministerio Público al señalar en el programa Demasiada Información de 0264 Radio (107.3) que no se tomaron medidas urgentes, como embargos, allanamientos y el congelamiento de cuentas de los sospechosos para resguardar el dinero de las víctimas.
En el mismo programa, el fiscal Alvo explicó que la causa se inició el 30 de marzo con la denuncia presentada por la constructora, la cual constaba de dos carillas y que los propios denunciantes no entendían bien que pasaba, además de que aportaron “un montón de prueba”.
Así fue que, el 2 de abril, solicitaron una audiencia unilateral con el juez Figuerola, la que se concretó dos días después. Ahí, Alvo contó que pidieron embargos y medidas cautelares, pero que el magistrado no les hizo lugar porque “faltaban pruebas que estaban en poder de la Comisión Nacional de Valores”.
Figuerola sí les dio el OK al levantamiento del secreto bursátil de las empresas Global Market y GMI y el congelamiento de la cuenta comitente (la inversión) de la constructora denunciante. En eso, manifestó que empezaron a ingresar las otras 44 denuncias y que, un mes después, la CNV envió su informe completo.
Con la documentación disponible, Alvo pidió la audiencia de declaración de incompetencia, en la que solicitaron el embargo de cuentas bancarias y la inhibición general de bienes no solo de Ahumada y Cañadas, sino, también, de los hijos del primero de los implicados. También plantearon medidas cautelares para inmovilizar cualquier situación con respecto a dos canteras de propiedad de la minera GMI: una es El Jote y la otra es La Valeria.