Denuncian una presunta estafa por 2.800 millones de pesos vinculada a firmas de inversiones en San Juan

Un grupo de ahorristas y empresarios sanjuaninos acudió a la Justicia tras advertir la desaparición de importantes sumas de dinero que habían sido colocadas en firmas financieras radicadas en la Capital provincial. Las sospechas giran en torno a presuntas maniobras fraudulentas que habrían afectado inversiones por unos 2.800 millones de pesos.

Hasta el momento existen al menos doce presentaciones judiciales impulsadas por personas que aseguran no poder recuperar el capital que habían depositado en distintas operatorias financieras. Los denunciantes señalan como principales responsables a Gustavo Omar Ahumada y a los administradores Pamela Domínguez y Guillermo Soria, vinculados a las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. También fue mencionada la empresa EPYCHOST S.A.S. dentro de los expedientes iniciados.

La investigación comenzó a tomar fuerza luego de que numerosos clientes dejaran de recibir respuestas por parte de la empresa. Según relataron, durante semanas intentaron comunicarse sin éxito y finalmente comprobaron que las cuentas donde seguían sus inversiones ya no reflejaban los montos depositados.

Las actuaciones judiciales quedaron en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Allí intervienen el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli. Aunque todavía no trascendieron medidas oficiales, desde el entorno de los damnificados reclaman rapidez en la causa para preservar pruebas y evitar movimientos financieros que compliquen una eventual recuperación del dinero.

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La oficina donde operaban las compañías está ubicada sobre calle Mendoza, en pleno centro sanjuanino. Actualmente el lugar permanece cerrado y en el ingreso solo figura un aviso indicando que continúan trabajando de manera remota.

De acuerdo con el relato de los inversores, la financiera ofrecía alternativas con supuesta seguridad y buena rentabilidad, lo que generó confianza entre clientes particulares y empresas. Muchos decidieron colocar allí indemnizaciones, ahorros familiares o capital de trabajo convencidos de que se trataba de operaciones legales y respaldadas.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir dudas sobre el destino real de los fondos. Algunos denunciantes sostienen que el dinero habría sido derivado a inversiones de riesgo o a otras entidades fuera de la provincia sin autorización previa de los clientes.

Mientras crece la preocupación entre los inversores, allegados al expediente estiman que el perjuicio económico total podría rondar los 2.800 millones de pesos. Por ahora, los denunciantes aseguran que no recibieron explicaciones claras ni certezas sobre el destino de los fondos desaparecidos.