La Defensoría del Pueblo presentará reclamos ante la CNRT por la quita de subsidios al transporte para personas con discapacidad

La decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia encendió la preocupación de las defensorías del pueblo de distintas provincias. En San Juan, la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, confirmó que presentarán pedidos de informe ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para exigir garantías sobre la continuidad de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 y eliminó el sistema de subsidios que las empresas de larga distancia percibían desde 2018. Sin embargo, desde la Defensoría aclararon que el derecho al traslado gratuito continúa plenamente vigente porque está protegido por la Ley Nacional 22.431.

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“La eliminación de las compensaciones no modifica ni elimina el derecho al pasaje gratuito para personas con discapacidad”, sostuvo Peñaloza. En ese sentido, recordó que las empresas continúan obligadas a otorgar boletos tanto para la persona con discapacidad como para su acompañante cuando corresponda.

No obstante, desde el organismo manifestaron preocupación por las consecuencias que podría generar la medida en la práctica. Según explicó la defensora, algunas cámaras empresarias ya advirtieron dificultades para sostener el sistema sin asistencia económica estatal, lo que podría traducirse en menos cupos, mayores trabas burocráticas o negativas arbitrarias.

“La principal preocupación es que se produzca un vaciamiento del derecho”, señalaron desde la Defensoría. Además, remarcaron que en provincias del interior como San Juan muchas familias dependen del transporte terrestre para acceder a tratamientos médicos, derivaciones sanitarias, estudios o procesos de rehabilitación.

Por ese motivo, junto a la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y otros organismos del país, avanzarán con presentaciones formales ante la CNRT para que informe qué mecanismos implementará para controlar que las empresas cumplan con la normativa vigente.

Peñaloza también indicó que se evalúan posibles acciones administrativas y judiciales para garantizar que el ajuste económico no termine afectando a uno de los sectores más vulnerables.

Desde la Defensoría insistieron en que el transporte de larga distancia cumple una función social esencial y recordaron que las obligaciones impuestas a las empresas no fueron pensadas como un beneficio empresarial, sino como una herramienta para asegurar igualdad de oportunidades y accesibilidad para las personas con discapacidad.