La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los recursos extraordinarios de la familia Kirchner, y de Lázaro Báez, a través de los cuales buscaban suspender la ejecución patrimonial ordenada en el marco de la causa Vialidad. El decomiso busca recuperar 685.000 millones de pesos, cifra que representa el fraude cometido.
A través de una resolución de 14 páginas, a la que accedió Clarín, la Sala IV de la Cámara de Casación se confirmó de manera definitiva la ejecución de 111 bienes muebles e inmuebles que en su gran mayoría son propiedad de Lázaro Báez y en segundo término, de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
Con la decisión de los camaristas, de rechazar los recursos extraordinarios contra el decomiso que en noviembre del año pasado resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), se le dio firmeza a la ejecución patrimonial.
Estos recursos extraordinarios se opusieron a la última resolución de la Sala IV del máximo tribunal penal, que confirmó el criterio aplicado por el TOF 2 -responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad-. Esto es: una vez actualizado el monto de la maniobra defraudatoria perpetrada a través de la obra vial pública, entre los años 2003 y 2015, se determinó que los nueve condenados de forma solidaria respondan con sus respectivos patrimonios.
La cifra total a cubrir es de 685.000 millones de pesos y a la fecha, la primera instancia de bienes a decomisar solicitada por el fiscal general Diego Luciani y su par Sergio Mola, incluyen 111 bienes, de los cuales 80 están bajo la titularidad de Lázaro Báez, 1 a título personal de Cristina Kirchner y 19 escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner.
El voto de los jueces de la Casación, fue unánime respecto al patrimonio de Cristina Kirchner, con una disidencia respecto al avance sobre los bienes inscriptos a nombre de los hijos de la ex Presidenta, donde desde un comienzo, el juez Borinsky se mostró en desacuerdo.
Sin embargo, la ex mandataria junto a Florencia y Máximo Kirchner, podrán ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia. Fuentes judiciales explicaron a Clarín que, de todos modos, ese proceso "no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de bienes", lo que convertiría en definitiva la decisión de quitarle a la familia Kirchner 20 inmuebles para así, reparar el daño cometido a través de la maniobra defraudatoria investigada en el caso Vialidad.
FUENTE: Clarín.