INVESTIGACIÓN
Agravaron la acusación contra el chofer de la Red Tulum que atropelló y causó la muerte de una ciclista en Rivadavia
La causa que investiga el siniestro vial ocurrido en Rivadavia, donde una ciclista fue atropellada por un colectivo de la Red Tulum y días después falleció, registró un importante avance judicial. En una nueva audiencia, la Justicia resolvió modificar la calificación penal que pesaba sobre el conductor de la unidad involucrada y pasó de lesiones culposas a homicidio culposo.
La medida se adoptó mediante una ampliación del objeto de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), luego de que se confirmara el fallecimiento de Hilda Martínez, de 54 años, quien permanecía internada en estado crítico tras sufrir graves heridas en el siniestro.
En una primera audiencia, el chofer Valeriano Bustos había sido imputado por el delito de lesiones culposas, ya que la víctima continuaba con vida aunque presentaba un cuadro de extrema gravedad y muerte cerebral. En aquella oportunidad, el juez interviniente fijó un plazo de un año para la investigación y dispuso que el acusado permaneciera en libertad mientras avanzaba la causa.
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Además, se le impusieron una serie de medidas de coerción, entre ellas la prohibición de entorpecer la investigación, no salir de la provincia sin autorización judicial y presentarse una vez al mes en la comisaría más cercana a su domicilio.
Ahora, tras la muerte de la mujer, la Fiscalía solicitó la modificación de la imputación y la causa quedó encuadrada como homicidio culposo. No obstante, Bustos continuará en libertad durante el plazo de la investigación penal preparatoria.
El siniestro vial ocurrió el pasado 20 de mayo de 2026, alrededor de las 13 horas, en la intersección de las calles Soldado Argentino y Galíndez, en el departamento Rivadavia. El imputado, de 51 años y domiciliado en San Martín, conducía una unidad de la línea 123 de la empresa La Marina al momento del hecho.
La investigación continúa en manos de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Iván Grassi y del ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes deberán determinar las responsabilidades penales en torno al hecho.