2026-06-12

CAUSA

Investigan al ex titular de ARSAT: hallaron US$ 2,4 millones y avanzan con embargos

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli dispuso una batería de medidas orientadas a determinar la trazabilidad de los bienes de Leal y del resto de los acusados.

La Justicia federal avanza con una serie de medidas en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción que involucra al ex presidente de ARSAT y ex titular del ORSNA, Facundo Leal. En las últimas horas se ordenaron embargos, inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, mientras se profundiza el análisis del patrimonio del exfuncionario.

Según fuentes judiciales, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli dispuso una batería de medidas orientadas a determinar la trazabilidad de los bienes de Leal y del resto de los acusados. Entre ellas, se solicitaron informes al Banco Central para reconstruir movimientos financieros y se avanzó sobre el congelamiento de activos.

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En el caso puntual de Leal, la Justicia embargó un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una vivienda en Mendoza, propiedades que habían sido allanadas a fines de mayo. En esos operativos, según la investigación, se habrían encontrado 2,4 millones de dólares en efectivo, además de moneda extranjera de otros países.

Durante los procedimientos también se halló una valija con elementos vinculados a presunto espionaje y distintas sustancias ilegales, entre ellas ketamina, MDMA, cocaína y cannabis. El exfuncionario declaró que la droga era para consumo personal, mientras la Justicia analiza su situación procesal y define si corresponde su procesamiento.

En paralelo, Leal fue imputado en una nueva causa federal por presuntos hechos de corrupción vinculados a su paso por el ORSNA. La investigación busca determinar la existencia de un presunto esquema de sobornos para la asignación de contratos a empresas privadas del sector logístico y de infraestructura.

De acuerdo con la investigación, el expediente se inició a partir de una denuncia por irregularidades en la gestión de un contrato que derivó en la sospecha de una contratación directa fragmentada. La causa incluye el análisis de adjudicaciones y vínculos entre empresas que habrían participado del proceso.

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La Justicia continúa con la recolección de pruebas, mientras se evalúan nuevas medidas solicitadas por la fiscalía, entre ellas informes patrimoniales, documentación administrativa y peritajes sobre material secuestrado en los allanamientos. El expediente permanece en etapa de instrucción y no hay aún definiciones sobre eventuales procesamientos.

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