Imputaron a Néstor Ortigoza por violencia de género contra su ex pareja y deberá declarar ante la Justicia

La Justicia imputó este viernes a Néstor Ortigoza por los delitos de lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género, en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia presentada por su expareja, Lucila Cassiau. La medida fue dispuesta por la fiscal María Lorena González, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Ezeiza.

De acuerdo con la resolución judicial, la fiscal consideró que existen elementos suficientes para sospechar que el exfutbolista habría participado en los hechos denunciados. Como consecuencia, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo 5 de agosto a las 10 de la mañana en sede judicial.

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La causa se inició en 2024 tras la denuncia de Cassiau, quien aseguró haber sido víctima de episodios de violencia física y verbal durante la convivencia con Ortigoza. A lo largo de la investigación se incorporaron distintos elementos probatorios, entre ellos testimonios, registros audiovisuales, fotografías y pericias psicológicas.

Según trascendió, uno de los informes incorporados al expediente concluyó que la denunciante presenta secuelas psíquicas y emocionales compatibles con situaciones de violencia de género sostenidas en el tiempo. Esa evaluación fue considerada por la fiscalía al momento de avanzar con la imputación.

Además, la acusación fue agravada al entender que los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto de violencia de género y de convivencia cercana. Hasta el momento, Ortigoza se encontraba alcanzado por una restricción de acercamiento respecto de su expareja.

La investigación también incluye declaraciones de personas que trabajaron en el entorno familiar de la pareja. Algunos de esos testimonios relataron episodios de presuntas agresiones ocurridas durante los años de convivencia.

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Con la imputación formalizada, el expediente ingresará en una nueva etapa procesal. En caso de ser hallado culpable, el exjugador podría enfrentar una pena que va desde seis meses hasta cinco años de prisión, según la calificación legal establecida por la fiscalía.