Adorni deberá aportar documentación ante la Justicia sobre sus operaciones con criptomonedas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo análisis judicial en el marco de una investigación que busca determinar el origen y la evolución de su patrimonio, en particular a partir de sus declaraciones sobre inversiones en criptomonedas.

Según consta en el expediente, el fiscal Gerardo Pollicita cuenta hasta el momento con información aportada por las plataformas Lemon y Binance, que registran operaciones por aproximadamente 100.000 dólares vinculadas al funcionario. Estas transacciones no habían sido declaradas previamente.

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En declaraciones públicas, Adorni sostuvo que invirtió cerca de 200.000 dólares en criptomonedas, monto que habría ascendido a unos 500.000 dólares. También detalló operaciones de compra y venta de bitcoins realizadas entre 2017 y 2018. Sin embargo, esa información aún no fue respaldada con documentación en la causa judicial.

En su última declaración jurada, el jefe de Gabinete informó ingresos por alrededor de 400 millones de pesos bajo el concepto de “venta de activos”, lo que, según sus dichos, correspondería a la liquidación de inversiones en criptomonedas realizadas antes de asumir funciones públicas.

La fiscalía busca reconstruir la trazabilidad de esas operaciones y determinar si los ingresos declarados cuentan con respaldo suficiente. Para ello, se solicitaron informes a organismos como ANSES y ARCA, con el objetivo de verificar la capacidad económica previa del funcionario y establecer si pudo reunir los fondos que afirmó haber invertido.

Además, se requirió documentación vinculada a la sucesión familiar mencionada como posible origen de parte de los fondos, así como registros completos de las declaraciones juradas, incluyendo los anexos reservados que aún no fueron presentados.

Fuentes judiciales indicaron que, una vez finalizados los análisis contables, se le requerirán explicaciones formales a Adorni. En función de la documentación que aporte, la fiscalía evaluará si corresponde avanzar con nuevas medidas, entre ellas una eventual citación a declaración indagatoria.

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El análisis del caso podría extenderse por varias semanas, mientras se revisan tanto las operaciones financieras como la consistencia de las declaraciones públicas del funcionario.

Con información de La Nación