"Yo ofrecí trabajo de buena fe": la declaración del colombiano en el juicio por trata que también involucra al abogado De la Fuente

El juicio por trata de personas que tiene como principales imputados al abogado penalista Gustavo De la Fuente y al ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo continúa desarrollándose en el Tribunal Oral Federal. Esta semana fue el turno de Quevedo, quien decidió prestar declaración ante el juez y sostuvo que siempre actuó dentro de la legalidad, asegurando que "ofrecí trabajo de buena fe".

Quevedo, quien cumple prisión domiciliaria, llegó hasta la sede judicial para leer un extenso escrito en el que repasó su historia personal, su actividad comercial en Argentina y el funcionamiento de la agencia de modelaje "Belle Argentina" que se encuentra bajo investigación. Además, presentó documentación que ya forma parte del expediente judicial, entre ella contratos, habilitaciones, constancias impositivas y otros registros que, según afirmó, respaldan la legalidad de su actividad.

Durante su exposición, el imputado aseguró que llegó al país hace más de 13 años, formó una familia en San Juan y siempre desarrolló actividades comerciales registradas. También defendió el funcionamiento de la agencia de modelos, señalando que se trataba de una actividad virtual, sin contacto físico entre las modelos y los usuarios.

"Nadie entraba sin saber de qué se trataba el trabajo", afirmó durante su declaración. Según sostuvo, antes de incorporar a cualquier persona, existía una entrevista previa en la que se explicaban las características de la actividad, el sistema de ganancias y las reglas de las plataformas utilizadas.

Quevedo también rechazó haberse aprovechado de situaciones de vulnerabilidad económica de las mujeres que trabajaban en el estudio. "Lo que yo ofrecí fue un trabajo real, remunerado, en el que ellas controlaban lo que hacían. Yo ofrecí trabajo de buena fe", expresó ante el tribunal.

Otro de los puntos que abordó fue el referido a los conceptos de "reclutamiento", "fidelización" y "retención", términos incorporados a la investigación. El imputado explicó que se trataba de expresiones utilizadas en ámbitos empresariales para describir estrategias de contratación y permanencia del personal, y negó que estuvieran vinculadas a maniobras de explotación.

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Asimismo, sostuvo que la actividad ya había sido investigada en 2022 y que aquella causa fue archivada, situación que, según dijo, le hizo entender que el emprendimiento se encontraba dentro del marco legal. "Si me hubiesen dicho que no estaba permitido, no seguía", aseguró.

A diferencia de Quevedo, Gustavo De la Fuente no brindó declaración durante esta etapa del debate. Sin embargo, durante la audiencia se reprodujeron audios incorporados como prueba en los que el abogado mantiene conversaciones con otras personas vinculadas a la investigación.

Cabe recordar que el juicio comenzó el pasado 21 de mayo. La acusación es impulsada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, de la Unidad Fiscal San Juan, junto a María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Según la investigación, la organización habría sometido a un número indeterminado de víctimas, aunque al menos 37 mujeres fueron identificadas durante la instrucción. De acuerdo con la acusación, las mujeres realizaban transmisiones en plataformas internacionales como Stripchat, Camsoda, Cam4 y Chaturbate, mientras que los imputados retenían parte de las ganancias generadas.

La fiscalía sostiene además que los acusados se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad económica y social de las mujeres para obtener beneficios económicos, e incluso atribuye el traslado de al menos una víctima desde La Rioja hacia San Juan con fines de explotación.

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Actualmente, De la Fuente permanece detenido con prisión preventiva en el Penal de Chimbas desde julio de 2024, acusado de ser coautor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Por su parte, Quevedo, señalado como presunto coautor de las maniobras investigadas, cumple prisión domiciliaria.

Esta imputación se encuentra contemplada en la Ley Nacional de Trata de Personas (Ley 26.364 y sus modificatorias), cuyos delitos están tipificados en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal Argentino. La legislación establece penas de entre 4 y 8 años de prisión para los casos de captación, traslado o acogimiento de personas con fines de explotación. Sin embargo, cuando existen agravantes como engaño, fraude, violencia, abuso de autoridad o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de las víctimas, las penas se elevan a un rango de entre 5 y 10 años de prisión. En los casos en que la explotación se considera consumada, las condenas pueden alcanzar entre 8 y 12 años de cárcel.

Precisamente, la acusación fiscal sostiene que los imputados se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad económica y social de las mujeres involucradas, una circunstancia que constituye uno de los agravantes previstos por la normativa vigente y que será materia de análisis durante el desarrollo del debate oral.