El escandaloso caso de trata de personas, que involucra a un reconocido abogado, ya tiene pedido de procesamiento

La pantalla era una agencia de modelaje, pero, en realidad, se trataba de una empresa en la que mujeres hacían transmisiones en vivo de actos sexuales. Y, en esencia, unas 21 víctimas fueron engañadas y explotadas, en base a sus situaciones de vulnerabilidad y pobreza, con el fin de que los dueños obtuvieran ganancias a través del material que producían. A esa conclusión llegaron desde la Fiscalía Federal, por lo que salió el pedido al juez Leopoldo Rago Gallo para que procese al reconocido abogado penalista Gustavo De la Fuente como presunto coautor de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. El planteo no sólo apuntó al profesional, sino también a dos colombianos, uno de ellos, su socio, y el restante, una especie de encargado.

El caso representó un escándalo y los representantes del Ministerio Público, a la hora de su solicitud, tuvieron en cuenta una serie de agravantes en el delito, lo que lleva a que el mínimo de la escala penal sea de 8 años de prisión. Por lo tanto, si el magistrado va en la misma sintonía, la calificación se mantiene y en el caso de recaer una condena, la sanción sería de cárcel efectiva.

El planteo lo encabezó el fiscal General Francisco Maldonado, quien, además, llevó adelante la investigación. Pero, también, contó con la firma del fiscal Fernando Alcaraz, el que, con el nuevo sistema acusatorio en marcha, es el encargado de las causas que se tramitan bajo el viejo mecanismo penal, como este expediente de trata. A ellos se le sumó María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La causa estalló el pasado 3 de julio, con la detención de De la Fuente en su estudio jurídico, lo que desencadenó las detenciones de los otros involucrados, identificados por fuentes judiciales como Jhon Sebastian Quevedo y Wuillder Rodríguez Martínez. Además, hubo allanamientos y la mira estuvo puesta principalmente en la agencia “Belle Argentina”, ubicada en calle Güemes 4 Sur, en Capital, el lugar en el que se generaban las transmisiones en vivo de las producciones sexuales y de contenido erótico. El streaming se comercializaba a usuarios fuera de Argentina y, de acuerdo a la investigación, había clientes de Estados Unidos y México, entre otros países.

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En el allanamiento a Belle Argentina, personal de Gendarmería encontró a tres jóvenes, pero la investigación reveló que por la agencia pasaron 21 mujeres, las que, según la conclusión fiscal, fueron explotadas económicamente.

0264 Noticias había adelantado en exclusivo el nombre de la empresa y su contenido en sus cuentas en Facebook e Instagram, en las que se promocionaba como un “el primer estudio de Modelaje Web Cam en San Juan”. Así, ofrecían trabajar a mujeres en “plataformas digitales de todo el mundo, realizando transmisiones en vivo e interactuando con fans”.

El tema era que, según los fiscales, la “captación (…) se llevaba a cabo a través de ofertas laborales engañosas publicadas en redes sociales”, dado que de las “publicaciones no se desprendía con claridad qué tareas se debían desarrollar, es decir, no había mención explícita vinculada al sexo virtual y/o streaming erótico”.

De acuerdo al planteo, De la Fuente y Quevedo realizaban las entrevistas a las interesadas, las que recién ahí se enteraban de la verdadera tarea a realizar. La oferta de trabajo consistía en que las “modelos” se quedarían con el 50 por ciento de las transmisiones, las que se cobraban en dólares, pero, al final, percibían un porcentaje menor y en pesos.

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En base a la investigación que realizó Gendarmería, muchas de las mujeres eran alojadas en dos departamentos señalados como de propiedad de De la Fuente y Quevedo. Tal maniobra refleja para los fiscales la situación de vulnerabilidad económica y habitacional de las víctimas.

En ese contexto, el abogado y Quevedo fueron identificados como los dueños de Belle Argentina y los presuntos responsables de la explotación de las “modelos”. A su vez, Rodríguez Martínez está apuntado como un “monitor”, un encargado del control de las mujeres, además de que también hacía streaming.

Según los fiscales, la explotación sexual se daba a través de “un sistema de amenazas, manipulaciones y descuentos”, debido a que les marcaban a las jóvenes “un estándar de ganancias a cambio de no ser despedidas y les imponían descuentos por los kits de iniciación”. Dicho kit estaba conformado por diferentes tipos de objetos sexuales, como vibradores, lubricantes y dildos de diferentes tamaños, los que eran usados en los actos sexuales.

No era lo único, ya que también sufrían descuentos porque debían pagar la estadía en los departamentos de los implicados y por las cosas que supuestamente compraban de un Drugstore, el cual administraba Quevedo.

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Por todo ello, los fiscales pidieron que De la Fuente y Quevedo sean procesados como presuntos autores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, mientras que Rodríguez Martín quede vinculado como supuesto partícipe necesario.

Dentro de la figura delictiva, los representantes del Ministerio Público solicitaron que se les apliquen los agravantes de que el hecho se habría cometido “mediando engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad”, por la cantidad de víctimas (al menos tres, indica como mínimo el Código Penal), por la participación de al menos tres involucrados en la maniobra y por haberse consumado la explotación de las víctimas.

Ese cúmulo de agravantes lleva a una escala penal de 8 a 12 años de prisión, por lo que un eventual castigo no contemplaría una sanción en suspenso. Tras el pedido de los fiscales, el juez Rago Gallo debe resolver la situación procesal de los imputados y, en el caso de que esa definición fuese en contra de los imputados, sus defensores cuentan con la posibilidad de apelar la resolución a la Cámara Federal de Mendoza.

Los tres implicados se encuentran detenidos y el abogado Fernando Castro y la Defensa Pública Oficial ya han apelado la situación de encierro que se les ha sido dictado.