Los tres imputados por estafa en la causa de Branka Motors denunciaron amenazas y agresiones en el Penal de Chimbas

Los tres acusados de encabezar la presunta millonaria estafa de Branka Motors, que cumplen prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, debieron ser trasladados de manera urgente a otro sector del Penal de Chimbas luego de denunciar que eran víctimas de amenazas, hostigamientos y episodios de violencia física por parte de otros internos.

La medida fue impulsada por el abogado defensor José Daniel Tejada, quien presentó un pedido de resguardo físico con carácter urgente para Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega, pocos días después de que los tres regresaran al establecimiento penitenciario tras la revocación del acuerdo de reparación económica que les había permitido recuperar la libertad.

En la presentación judicial, el letrado sostuvo que sus defendidos atravesaban una situación de "desprotección" en el Pabellón N° 2, Sector 1. Según denunció, allí eran víctimas de "innumerables amenazas, hostigamientos, humillaciones, extorsiones y violencia física", lo que generaba un riesgo concreto para su integridad física y psicológica.

Frente a ese escenario, Tejada solicitó que los imputados fueran trasladados al Sector 4, Pabellón 1. El planteo fue atendido de inmediato por las autoridades penitenciarias, que dispusieron el cambio de alojamiento de los tres detenidos.

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Los hermanos Marcó y Banega permanecen con prisión preventiva por el plazo de cinco meses, medida ordenada por la jueza de Garantías Ana Carolina Parra luego de que se frustrara el acuerdo de reparación económica alcanzado con la fiscalía y las querellas.

El expediente había tomado otro rumbo semanas atrás, cuando los imputados se comprometieron a abonar 524 millones de pesos en cinco cuotas para reparar el perjuicio ocasionado a los 352 damnificados por la presunta maniobra defraudatoria. Sin embargo, el acuerdo quedó sin efecto tras el incumplimiento del primer pago.

Ante ese panorama, la jueza Parra dejó sin efecto el acuerdo de reparación, y ordenó que continúe la investigación penal —que se extenderá, al menos, hasta marzo del próximo año— y dispuso que los tres imputados regresaran a prisión preventiva por cinco meses, al considerar que persistía el riesgo de entorpecimiento de la investigación, además de valorar los incumplimientos registrados durante el período en que estuvieron en libertad y los vínculos que mantienen fuera de la provincia.

Fue en ese contexto de encierro preventivo que, según denunció la defensa, comenzaron los episodios de violencia dentro del penal, situación que derivó en el pedido de protección y en el posterior traslado de los acusados a otro sector del Servicio Penitenciario Provincial.