Legislatura
Con la ley de Desarrollo Minero, el Gobierno se anotó un triunfo ante la política y el sector empresarial
La gestión orreguista consiguió la aprobación de su ley de Desarrollo Minero local casi por unanimidad, ya que sólo tuvo dos votos en contra (del giojismo) frente a 32 positivos. El proyecto oficialista no solo tuvo el acompañamiento de sus aliados, sino, también, de la banca opositora justicialista, que no se privó de críticas. Ante ese triunfo político, se le agrega otro de tipo empresarial. Por un lado, frente a las compañías mineras, que, si fuera por ellas, no quisieran ningún tipo de regulación, según reconocieron las propias autoridades del Ejecutivo. Por el otro, ante proveedores mineros locales, dado que hubo Cámaras que apoyaron la iniciativa, dado que la ven como una posibilidad de resguardo ante el poderío de competidores nacionales y extranjeros.
Fuentes oficiales lo vivieron así, aunque no saldrán públicamente a exhibir la sanción de la norma como un trofeo. Resaltan que el Gobierno estuvo abierto al diálogo y a incorporaciones hasta último momento. Como sucedió con algunos puntos planteados en la previa del debate legislativo. Así, ahora vendrá la reglamentación de la ley y su puesta en práctica, lo palpable en la realidad.
Fue una norma que llevó su tiempo de elaboración, dado que los equipos de los Ministerios de Minería y de Producción, con sus titulares a la cabeza, Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández respectivamente, encararon conversaciones, escuchas y consensos con autoridades de la Cámara Minera y de los proveedores, según ellos mismos han manifestado.
Los primeros borradores de la ley se elaboraron en el segundo semestre de 2024, luego de que saliera la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por parte del Gobierno nacional. Se trata del plan de beneficios impositivos y aduaneros, por ejemplo, para las inversiones superiores a los 200 millones de dólares, lo que abre el desembarco de los grandes proyectos mineros de cobre en San Juan.
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La “escucha” y diálogo con los sectores empresarios y de proveedores condujo a que hubiese un total de 21 borradores del proyecto antes de su presentación definitiva en la Legislatura, dijeron las fuentes. También hubo condimentos políticos y de “timing”, es decir, contener la presentación de la iniciativa hasta el momento que se considerara oportuno.
Las fuentes explicaron que, por ejemplo, se frenó el envío de la norma cuando se dio el debate de la reforma de la Ley de Glaciares, entre fines del año pasado y principios de este, en el que la gestión orreguista tuvo una fuerte intervención. Así, explicaban que hubo tratativas con gobernadores provinciales (como Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, entre otros) para que sus legisladores apoyaron los cambios a la Ley de Glaciares, por lo que entendían que no era conveniente presentar en ese momento el proyecto de Desarrollo Minero Local.
¿Por qué? Porque podía interpretarse que la ley, al fomentar el desarrollo de proveedores y trabajadores mineros de San Juan, podía ser una traba para empresas de otras provincias. En el Gobierno, señalan que la demanda de la actividad minera será tan grande que se requerirá mano de obra y empresas de diferentes provincias. Explicar todo eso ya era una complicación cuando lo que se buscaba era respaldo para las modificaciones a la Ley de Glaciares.
En otro ejemplo, también se aguardó a que pasara la Feria Expominera, que fue en mayo y contó con la presencia de autoridades nacionales de peso, como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el entonces ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros.
Tal espera también provocó que un aliado, el bloquismo, se adelantara y presentara una iniciativa parecida o que, por lo menos, algunos de sus ejes sean similares, lo que provocó cierto ruido interno.
Finalmente, el proyecto oficialista se presentó y contenía los puntos que había adelantado 0264 Noticias. El plan no establece cupos rígidos, sino metas a alcanzar, como la contratación del 80 por ciento de la nómina del personal de una empresa y la adquisición de insumos y mercaderías a proveedores en el orden del 60 por ciento de la facturación.
Son objetivos a cumplir, pero sí las mineras están obligadas a presentar planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores, es decir, plasmar en documentos cómo van a hacer, a lo largo del tiempo, para llegar a esas cifras.
Si la empresa no puede llegar al 80 por ciento de Empleo y 60 por ciento de Proveedores Locales, debe justificarlo técnicamente, detallando las limitaciones técnicas, la carencia de personal y el mercado existente. En ese marco, no alcanzar los porcentajes señalados como metas no constituye una infracción, siempre y cuando acredite que no había, por ejemplo, la suficiente oferta de proveedores ni mano de obra capacitada. Además, la empresa debe demostrar que llevó adelante todas las acciones para desarrollar el surgimiento de proveedores y formar trabajadores.
Son los principales puntos de la norma, que las autoridades de Gobierno han resaltado que ha tenido el consenso de la Cámara Minera, que nuclea a las empresas de la actividad. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, había reconocido en el programa Demasiada información, de Radio Sarmiento, que si fuera por las compañías, no quisieran ningún tipo de regulación o marco legislativo que les indique qué niveles de contratación de proveedores e incorporación de trabajadores deben realizar.
Incluso, había generado polémica una declaración de José Morea, Country Director de Vicuña, la empresa que tiene el proyecto de cobre Josemaría y Filo del Sol, en Iglesia. En agosto de 2025, había manifestado: “Que haya una ley con cupo de proveedores locales sería contraproducente para San Juan (…) creo que dar un paso en ese sentido limitará la competencia y la transparencia de los procesos licitatorios en los cuales las empresas internacionales están obligadas a someterse porque tienen inversionistas internacionales”.
Parecía, o fue, una dura crítica a la ley que estaba elaborando la gestión orreguista. Sin embargo, desde el Ejecutivo le bajaron el tono a la definición debido a que remarcaban que no se estaba trabajando en cupos fijos sino en objetivos a cumplir. Además, aseguraban que representantes de Vicuña venían trabajando en la normativa, la que finalmente salió.
Además, la gestión orreguista sumó porotos dado que la iniciativa tuvo el respaldo de cámaras de proveedores mineros, como el de CAPRIMSA (Cámara de Proveedores Interdepartamentales de San Juan) y el de CASEMICA (Cámara de Servicios Mineros de Calingasta), por mencionar algunas.
Las fuentes indicaron que los proveedores también resignaron en las discusiones por el proyecto de ley. Según las fuentes, el sector sí pedía cupos rígidos y obligatorios de contratación y que las mineras privilegiasen a los proveedores locales aún si la oferta era un 10 por ciento superior a un rival de otra provincia. Ninguna de los planteos prosperó porque iban en contra del RIGI en cuanto plantea una libre competencia entre empresas.
Incluso, el Gobierno también dejó de lado la alternativa o un derecho de mejoramiento de oferta para proveedores locales. Tal situación también iba a colisionar contra los parámetros del RIGI; dado que iba a desincentivar la inversión de competidores nacionales.
Después, está la victoria política, con la amplia aprobación en la Legislatura. El interbloque oficialista (12 diputados) tuvo el esperado apoyo de sus socios (el bloquismo, el legislador de Angaco y el de La Libertad Avanza). En votaciones sensibles, supo pescar en voluntades peronistas que privilegiaron las miradas en sus departamentos (Omar Ortiz, Valle Fértil, y Jorge Castañeda, Calingasta) o intereses sectoriales o individuales (Eduardo Cabello, de la CGT, y el chimbero Gabriel Sánchez, de la línea de Fabián Gramajo).
En cambio, toda la bancada justicialista dio su voto positivo, aunque lanzaron críticas. Entre ellos, Juan Carlos Quiroga Moyano (presidente), Fernanda Paredes y Cabello. En líneas generales, cuestionaron el poco tiempo que hubo para el debate en comisiones de la iniciativa y la adhesión que la provincia hizo al RIGI, que perjudica a las pymes locales, El voto negativo fue de los dos giojistas del bloque San Juan Vuelve.
En la práctica, el peronismo corría el riesgo de quedar como un obstructor de una ley que busca ayudar a los proveedores locales, sumado a que en 20 años de gobierno han fomentado la actividad minera.