El Gobierno presentará su proyecto de ley de proveedores mineros “apenas después” del inicio de sesiones en la Legislatura

El Ejecutivo avanzará con su proyecto de ley de proveedores mineros, al punto que lo presentará “apenas después” del discurso anual del gobernador Marcelo Orrego del 1 de abril, que marcará el inicio de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, confirmaron fuentes del oficialismo. En líneas generales, la iniciativa contempla que las empresas deben presentar un plan de Desarrollo de Empleo Local y otro de Desarrollo de Proveedores. En el primero, el “objetivo” es alcanzar un 80 por ciento de la nómina total de personal, directo e indirecto, vinculado al emprendimiento minero. En el segundo, la meta es llegar a una contratación de proveedores sanjuaninos equivalente al 60 por ciento del monto total de las compras, ya sea que provengan de empresas contratistas o subcontratistas.

Este último punto no es menor, ya que no se basa en la cantidad de proveedores, que puede haber muchos, pero que desplieguen actividades o brinden servicios de poco derrame económico. Dicho de otro modo, que se queden con pocas porciones de la torta total de la facturación.

También te puede interesar: Mientras el Gobierno prepara su proyecto de ley de proveedores mineros, el bloquismo presentó el suyo

El esquema de la gestión orreguista no contiene obligaciones sobre tales porcentajes, pero sí les exige a las compañías que presenten y lleven adelante un plan para incrementar la cantidad de trabajadores y proveedores locales. En ese marco, hay contemplaciones si escasea el número de operarios y firmas que abastezcan de productos.

Si hay dificultades para la implementación real de la incorporación de personal, las empresas deben identificarlas y reportarlas, con sus respectivas justificaciones técnicas. Y, cuando la oferta de bienes y servicios de parte de los proveedores no esté disponible en la provincia, se sacará de la base de cálculo para el cumplimiento del compromiso. Por ejemplo, utilizando cifras solamente ilustrativas, si una minera gasta 100 millones de pesos y, de ese total, 70 millones los destina a la compra de maquinaria o vehículos fuera de ruta y, el resto, a productos que puede conseguir en San Juan, el 60 por ciento se aplica sobre los 30 millones de pesos (lo que hay en la provincia) y no sobre los 100 millones.

 De esa manera, a la empresa no se le pide algo de cumplimiento imposible, mientras que el Gobierno puede detectar rubros en los que debe trabajar para impulsar y fortalecer proveedores.

Si bien la idea del oficialismo no impone cupos, en las mineras siempre genera resquemor la fijación de porcentajes de trabajadores y proveedores, dado que apuntan a una selección en medio de una competencia para tener mejor precio y calidad. Incluso, trascendieron ciertas objeciones de directivos de Vicuña y Los Azules a la ley de proveedores mineros. Por ejemplo, según publicó Diario de Cuyo, Ron Holchstein, CEO de Vicuña, señaló que no cree necesario que la provincia requiera una norma de ese tipo, dado que “genera expectativas que sí o sí hay que usar proveedores de San Juan”, aunque haciendo referencia a porcentajes obligatorios.

En el Gobierno reconocen que, si fuera por las compañías, preferirían que no existiera normativa alguna, pero aclaran que entienden que los comentarios de ejecutivos, como el CEO de Vicuña, en reunión con proveedores apuntaron a que la actividad va a generar tanto trabajo, que no va a hacer falta una ley.

Incluso, remarcaron que el proyecto que han venido trabajando está consensuado con la Cámara Minera, en la que Vicuña y Los Azules han hecho sus aportes.

El jueves, 0264 Noticias dio a conocer que la bancada bloquista, con su presidente Luis Rueda a la cabeza, presentó su propio proyecto de ley, el cual tiene similitudes con el del oficialismo. Por ejemplo, tampoco se refiere a cupos obligatorios, sino que habla de metas de referencia de un 80 por ciento para el Empleo Local y del 70 por ciento de contratación de bienes y servicios con proveedores locales. La única diferencia radica en que, en este último porcentaje, el del oficialismo es 10 puntos más bajo.

Fue una jugada rápida la del bloquismo, que es socio legislativo del orreguismo, con el argumento de que viene trabajando la iniciativa con el diputado Gustavo Deguer, de Iglesia, departamento que alberga Veladero y tendrá en funciones a Josemaría y Filo del Sol, por lo que hay un interés concreto en contener a los trabajadores y proveedores del distrito cordillerano.

En el Ejecutivo indicaron que tienen listo el proyecto desde noviembre, pero que decidieron esperar su envío a la Legislatura porque se desató la discusión nacional sobre la reforma a la Ley de Glaciares. Así, las fuentes explicaron que se abrieron diálogos con otras provincias para que sus legisladores acompañaran las modificaciones a la normativa y que aparecía como  contraproducente, a nivel local, que se impulsara una ley que podía verse como que obligaba a la contratación de personal y proveedores sanjuaninos, aunque, claro está, no impone cupos obligatorios.

En el Gobierno, incluso, destacaron que, en el trabajo del proyecto oficial, han compartido un borrador con las cámaras de proveedores y deslizaron como que eso se habría filtrado y habría llegado a manos del bloquismo. En el oficialismo, a la vez, reconocen que el diputado Deguer ha estado metido en el tema, al igual que Wbaldino Acosta Zapata, abogado y proveedor minero, hijo del exvicegobernador Wbaldino Acosta.

En el partido bloquista negaron haber hecho una copia de la iniciativa oficial, dado que aseguraron que han tenido sus propios contactos con empresas y proveedores mineros- En el Gobierno hubo sorpresa luego de que tomaran conocimiento, a través de este medio, del proyecto bloquista. Al principio, también hubo cierto malestar de algunas autoridades, pero luego se fue disipando. Es casi un hecho que el gobernador haga mención a la presentación de la iniciativa oficial en su discurso de apertura de sesiones, la que entrará a la Cámara en abril.  

Más detalles

El plan orreguista, además, establece la definición de los proveedores locales de las comunidades y los provinciales. Los primeros son aquellos que están dentro de los municipios que se encuentran en la zona de influencia directa con el proyecto minero. Los segundos comprenden a los que están localizados en el resto de los departamentos de San Juan.

El proyecto también define al empleado local, a los fines de la contratación por parte de las empresas y que entren dentro de los planes de desarrollo. Entonces, es aquel con domicilio real registrado en el DNI, con una antigüedad mínima de 12 meses en la provincia. La compañía deberá diferenciar, en base al domicilio y antigüedad respectiva, si es de las comunidades de influencia o del resto de la provincia.

Además, las empresas deben informar, anualmente, la cantidad de empleados por categoría (operarios, técnicos, administrativos, profesionales y jerárquicos), por género y por residencia, distinguiendo, en esta última situación, entre trabajadores de la comunidad de influencia, del resto de la provincia, del resto del país y del extranjero.

La iniciativa estipula que el plan de Desarrollo de Empleo Local y el de Desarrollo de Proveedores deben actualizarse anualmente. Este último, debe contemplar “procedimientos de ponderación y valoración de ofertas que permitan promover de forma efectiva la participación de proveedores locales en el acceso a contratos de provisión”, se destaca en el borrador. “Los criterios de ponderación deberán priorizar al proveedor local de la comunidad de influencia por sobre el de la provincia y, a este último, por sobre el del resto del país o del extranjero. Las ponderaciones en el caso de proveedores locales de bienes deben considerar el mayor agregado de valor local que diferencia a un proveedor industrial de uno simplemente comercial”, indica el texto.

El proyecto bloquista también prioriza a los proveedores locales cuando compitan en una licitación y su propuesta sea técnicamente equivalente a sus rivales y el “precio no supere en más de un 15 por ciento al de proveedores no locales”.

Habrá un registro de Proveedores Mineros (Repromin), el cual “servirá como consulta en las convocatorias de las empresas mineras”. Entre los requisitos para estar en el registro, figura el de tener “un establecimiento operativo propio destinado al desarrollo de actividades productivas, industriales, de prestación de servicios, locación de obras y/o de provisión comercial de bienes, con domicilio real ubicado en la comunidad de influencia o en el resto de la provincia de San Juan”, indica el borrador.

Además, el proveedor deberá tener “domicilio legal y fiscal en la comunidad de influencia o en el resto de la provincia” y “cumplir con al menos uno” de una serie de criterios denominados “arraigo local”. Primero, el hecho de “tener como titulares, al menos, el 51 por ciento del capital social o de la participación a personas con domicilio legal y fiscal en la comunidad o en el resto de la provincia”.

En segundo lugar, “cuando se trate de actividades industriales de producción de bienes y/o de locación de obras o servicios, acreditar que el establecimiento principal de la empresa proveedora es propio y se encuentra ubicado en la comunidad de influencia o en el resto del territorio de San Juan”.

Por último, la empresa proveedora debe “emplear en relación de dependencia a personas con domicilio en la comunidad de influencia o en el resto del territorio provincial, en un porcentaje no inferior al 80% de la nómina de personal”,