Ruta 40 Sur: además de que Nación pague la deuda, en las constructoras se habla de un “anticipo financiero muy fuerte” para retomar las tareas

Esta semana, las autoridades nacionales les harían una propuesta a los representantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) para cancelar la deuda que se había generado y retomar los pagos con el fin de que se reactiven los trabajos en la ampliación de la Ruta 40 Sur, según había indicado el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. En el grupo de compañías hay desconfianza, ya que no es la primera vez que escuchan esa promesa incumplida de la gestión libertaria.

Pese a la rescisión del contrato, hay voluntad de diálogo, aunque en la UTE aclararon que tiene que haber un compromiso concreto para liquidar el saldo negativo que quedó y establecer un ritmo de pago “normal”. Incluso, hablan de que será necesario “un anticipo financiero muy fuerte”, dijeron fuentes allegadas al grupo empresarial.

En ese marco, explicaron que, en el hipotético caso de una reactivación, es volver a montar todo el obrador y el campamento, lo que se había levantado tras la baja del contrato. Incluso, es recontratar el personal y trasladar equipamiento y movilidades.

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No es lo único, ya que señalaron que, en el cronograma e la obra, viene la colocación de asfalto y la construcción de tres puentes (cruces a desnivel) en el tramo II, que comprende 28 kilómetros que van de Tres Esquinas a Cochagual, en Sarmiento. Un detalle con el pavimento: las fuentes indicaron que el asfalto se paga por adelantado y, de acuerdo al contrato, la UTE puede llegar a cobrar certificados de avance, si todo se normalizara, en 90 días.

Desde la UTE (integrada por las empresas Semisa y Dumandzic Construcciones) no habían tenido comunicación con Nación, por lo que esperaban si se producía algún tipo de contacto en ese sentido. Si bien se dio de baja al convenio, las fuentes manifestaron que se puede buscar la forma de reencauzarlo y volverlo, otra vez, operativo, siempre y cuando  se subsanen los inconvenientes que vienen atravesando.

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Fue la propia UTE la que rescindió el contrato, ante la falta de pago y la deuda que se había generado desde Nación. Lo había revelado el 20 de mayo el secretario Adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares, en diálogo con el programa Demasiada información, de 0264 Radio (107.3 en FM).

En declaraciones radiales, el secretario General de la Gobernación señaló que la gestión libertaria le propondrá a la UTE la cancelación de la deuda a través de la emisión de un bono y, a partir de ahí, el desembolso de dinero tal cual está establecido en el pliego de licitación y el contrato. El funcionario dio a conocer la oferta luego del encuentro que tuvo el gobernador Marcelo Orrego con el ministro del Interior, Diego Santilli.

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En la UTE reina la desconfianza, al punto que fuentes cercanas graficaron la situación con un conocido refrán: “cuando uno se quema con leche, cuando ve la vaca, llora”. Es que, en julio del año pasado se suspendió la obra por 20 días ante el atraso y la falta de pago. En ese entonces, el rojo acumuló un total de 6 mil millones de pesos, entre certificados de obra vencidas y a vencer.

Las tareas se reactivaron, pero fuentes cercanas al grupo de empresas indicaron que, desde septiembre de 2025, el Gobierno nacional no ha pagado las redeterminaciones (actualizaciones) de precios ni intereses que establece el pliego de licitación. Por eso, las fuentes ratificaron que el contrato se rescindió en marzo y, en esta ocasión, no ha trascendido el monto de la deuda.

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Las fuentes destacaron que los plazos de pago están todos vencidos. De acuerdo al pliego de licitación, se establece un periodo de desembolso de 56 días tras la presentación del certificado de obra. Si no hay pago, hay un tiempo de intimación por otros 42 días y, si no hay novedades, corre otro plazo de 14 días.

El impacto laboral fue fuerte, dado que unos 120 trabajadores fueron desafectados de los trabajos, había informado Tovares, de la UOCRA. La obra tuvo un golpe crucial cuando trascendió que Nación había decidido cortar unos 2 mil millones de pesos del presupuesto que estaban destinados al proyecto.

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En el medio, trascendió que la administración libertaria quiso traspasarle la obra a la provincia, pero sin los recursos, lo que, en ese momento, no avanzó. Para avanzar en ese eventual camino, Nación tiene que hacer un convenio con San Juan para cederle la administración y el control de la ruta nacional.

Otra alternativa que había circulado era el freno de la obra por seis meses, para analizar la continuidad del proyecto, lo que tampoco prosperó.