Dumandzic, sobre la Ruta 40 Sur: “El BID le está pagando todos los meses a Nación” y “la plata no está llegando” a las empresas

“El golpe es fuerte”, remarcó Ante Dumandzic, gerente General de Ivica y A. Dumandzic Construcciones, una de las compañías que conforma la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que estaba llevando adelante la ampliación de 28 kilómetros de la Ruta 40 Sur. La definición obedece al freno de la obra, que implica la suspensión de 160 trabajadores por 20 días. ¿El motivo? “Lo más grave es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) todos los meses le está pagando a Economía de la Nación la cuota que corresponde a esa obra” y “la plata no está llegando a la UTE”, destacó el constructor. Así, explicó que hay “prácticamente 3 mil millones de pesos en certificados vencidos” que las empresas no han recibido y otros 3 mil millones en certificados a vencer. “Hoy día, la UTE ha invertido prácticamente 6 mil millones de pesos”, resaltó.

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Dumandzic señaló que el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, vienen empujando y teniendo conversaciones, en forma periódica, con la Nación, con Guillermo Francos (jefe de Gabinete) porque "no quieren que esta obra se detenga. Saben que, para la provincia como para todos los sanjuaninos, es fundamental“.

Ante la consulta sobre el peor escenario, en caso de que en 20 días no haya respuestas de Nación, el ingeniero indicó que “tenés que estar pensando en desvincular a toda la gente, con lo que hoy significa”.

¿Se analiza la rescisión del contrato?, se le preguntó a Dumandzic. “Todavía no quiero ni pensar. Soy ingeniero y constructor, soy positivo, miro para adelante. Entonces, aún no quiero ni pensar en eso”, contestó apesadumbrado.

Es que, manifestó, “las 160 familias son parte del corazón de tu empresa. Entonces, es lo primero que te golpea, más sabiendo cómo está todo. El problema más grande son las 160 familias, que van a quedar en una incertidumbre terrible. Son 20 días en los que no saben cómo continúa su ingreso, su vida, su organización”.

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Ante el incumplimiento de Nación, la UTE, que también integra la compañía Semisa, decidió la suspensión del personal sin goce de haberes, lo que está contemplado en el contrato, según había informado el secretario Adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares.

Dumandzic detalló que empezaron en noviembre con los trabajos de ampliación del llamado sector II, que va de Tres Esquinas a Cochagual, en Sarmiento. En ese marco, dijo que el último pago que recibieron fue en enero. El mecanismo consiste en que se abona “a los 56 días de haber hecho el certificado”, documento en el que consta las tareas realizas y verificadas por personal de Vialidad Nacional.

“Los certificados de febrero, marzo y abril están vencidos. Mayo, junio y julio están para vencer. Pero, lo invertido ya está en el orden de los 6 mil millones de pesos”, destacó el constructor.

De acuerdo con el convenio firmado, el BID, a través de un préstamo accesible, se hace cargo del 93 por ciento del financiamiento de la transformación en autopista del sector II, mientras que el 7 restante lo pone Vialidad Nacional, repartición con la que se ha firmado el contrato. La administración nacional, luego, tiene que devolver el crédito.

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Después de que se certifican e inspeccionan los trabajos, el Banco transfiere el dinero al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis “Toto” Caputo, que, a su vez, tiene que enviarlo a Vialidad Nacional. De ahí, se gira a las empresas.

Sin embargo, el flujo de los recursos se corta en Nación. “Acá el tema es que el BID le viene pagando a Economía de la Nación. No sabemos por qué no se le paga a la UTE”, destacó Dumandzic, quien agregó que “llega un punto en el que, si se ha invertido 6 mil millones de pesos, ya no tenés más oxígeno”.

En el medio, está la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver Vialidad Nacional, lo que fue frenado por la Justicia. Inclusive, los inspectores de dicho organismo se encargan de darle el OK a los certificados de obra, lo que es clave para el desembolso, por lo que también hay interrogantes sobre ese tema. “Si haces un certificado y no sabes cómo lo vas a certificar, menos sabes cuándo lo vas a llegar a cobrar. Lamentablemente, no se sabe, más, con las noticias de que desarman Vialidad, que va para adelante, va para atrás”, indicó el gerente de la empresa.

Dumandzic puso en valor las gestiones que está realizando el gobierno provincial y dijo que “están analizando si pueden financiar la obra”. Se ve sumamente difícil, dado que se trata de un proyecto costosísimo, valuado en casi 11 mil millones de pesos a valores de 2022, es decir, sin contar el pico inflacionario de fines de 2023 y principios de 2024. En la administración pasada, hubo financiamiento provincial en rutas nacionales, pero con el compromiso de Nación de devolver los fondos. Eso, hoy, asoma inviable.

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En cuanto al nivel de ejecución de la obra, el constructor no tenía el número a mano, pero estimó que “no creo que llegue al 10 por ciento”. Es más, explicó que, “en el plan de trabajo, se empezaba a tirar asfalto, o sea, iba a tener un mayor ritmo”. Ahora, con la suspensión del personal, que regirá desde este lunes, Dumandzic señaló que “va a quedar una cuadrilla de mantenimiento, de unas 20 personas, por cuestiones de seguridad, haciendo tareas mínimas, para que la obra no se vea afectada en caso de que haya un bache o algo por el estilo”.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 30 meses a contar desde noviembre del año pasado, en el que se incluye la construcción de tres puentes.

Vaivenes

La ampliación del tramo de Tres Esquinas a Cochagual de la Ruta 40 Sur se anunció en 2017, junto al Sector III, de Cochagual a Calle 8, en Pocito. Ambos tramos se licitaron y adjudicaron a la empresa mendocina Green, la que comenzó con las tareas el 28 de mayo de 2018. Sin embargo, en enero de 2020, los trabajos, con un escaso nivel de ejecución, se paralizaron debido a que la compañía atravesó problemas contractuales, además de que había entrado en concurso de acreedores.

En mayo de 2021, Vialidad Nacional le rescindió el contrato y, al año siguiente, licitó el tramo II, cuya apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas se produjo en junio de 2022. En cuanto a la adjudicación, también hubo demoras, ya que uno de los concursantes había impugnado el proceso porque había quedado afuera.

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Al final, la UTE preadjudicada fue Dycasa – Mapal, pero nunca terminó de inscribir la nueva sociedad en la AFIP como un paso clave para la tramitación. Según había trascendido, los números no le cerraban.

De esa manera, la obra quedó en manos de Ivica y A. Dumandzic Construcciones y Semisa, cuya UTE, luego del cambio de gobierno nacional, firmó el acta de reinicio de las tareas con la gestión orreguista el 30 de agosto del año pasado. Ahora, surgió un nuevo problema y se verá si hay solución.