La Justicia resolvió que la causa de la mansión de Pilar será investigada por un juez cercano a la AFA que dirige Chiqui Tapia

La resolución se conoce después de una disputa de competencia que involucró a distintos tribunales y que tuvo como eje central determinar qué juzgado debía continuar con la investigación. El expediente había pasado por el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego había generado una contienda con la Justicia de Campana y, finalmente, había quedado radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ahora, la decisión establece que sea González Charvay quien continúe con la investigación. El magistrado ya había intervenido en otros expedientes vinculados con la AFA y había planteado anteriormente conflictos de competencia con juzgados porteños para concentrar bajo su órbita investigaciones relacionadas con la entidad.

La disputa por la mansión de Pilar se había profundizado en los últimos días. La defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble, había reclamado que el expediente fuera trasladado a Campana. Entre sus argumentos, había planteado que la competencia territorial debía quedar determinada por el lugar donde está ubicada la propiedad y había cuestionado que la investigación permaneciera en la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscalía, en cambio, había rechazado ese planteo. El fiscal Mario Villar había solicitado a la Cámara que no hiciera lugar al recurso de casación presentado por la defensa y que confirmara la permanencia del expediente en el fuero Penal Económico porteño.

Villar había sostenido que la investigación no se limitaba a la compra del inmueble de Pilar, sino que desde el comienzo apuntaba a una presunta maniobra de lavado de activos de mayor escala. En ese marco, había señalado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL, y que la escritura de compraventa de la propiedad también había sido firmada en un domicilio porteño.

El fiscal también había mencionado distintos puntos de la Ciudad vinculados, según la hipótesis investigada, con el circuito de fondos bajo análisis. Entre ellos, había señalado financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA. También había hecho referencia a un domicilio de Montevideo y Quintana señalado como el lugar donde se habría entregado efectivo.

La defensa había cuestionado además lo que denominó “forum shopping”, al sostener que los denunciantes —Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— habían elegido deliberadamente un fuero que consideraban favorable. Villar había rechazado ese argumento y había considerado que ese concepto no resultaba aplicable al proceso penal argentino.

El conflicto se inscribe en una investigación más amplia que tiene entre sus protagonistas al presidente de la AFA, Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. En otros expedientes se investigan presuntas irregularidades vinculadas con la entidad, entre ellas una posible defraudación y movimientos financieros que fueron relacionados con una hipótesis de lavado de activos.

La discusión por la competencia también había enfrentado a González Charvay con el juez nacional en lo Penal Económico Diego Amarante. En una resolución anterior, Amarante había rechazado el pedido del magistrado de Campana para remitirle otra causa vinculada con la AFA. En ese pronunciamiento, sostuvo que el cambio del domicilio social de la asociación desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar no era suficiente para determinar la competencia territorial.

Amarante había afirmado que los actos investigados en ese expediente habrían ocurrido en la Ciudad y cuestionó que el domicilio formal de la AFA pudiera imponerse sobre el lugar en el que, según su interpretación, se habrían desarrollado las conductas bajo análisis. “Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas”, había sostenido.