PANORAMA

El juez Rafecas ya tiene la causa por la mansión de Pilar y se abre un nuevo frente judicial para Tapia

Habrá nuevas pruebas para intentar determinar quiénes son los dueños reales de la casaquinta y la flota de autos de alta gama. El nuevo viaje del presidente sanjuanino de la AFA.

El juez federal Daniel Rafecas ya recibió el expediente digital de la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA, y avanzará de ahora en más con nuevas medidas de prueba en la que ya se considera una “megacausa” por presunto lavado de dinero, que tiene como sospechosos a dirigentes de la entidad que preside el sanjuanino, Claudio “Chiqui” Tapia.

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A Comodoro Py llegó desde el juzgado federal de Campana el expediente digital, y se espera que durante la semana próxima se concrete el envío de la documentación física, explicaron a Infobae fuentes de la investigación.

La causa tuvo su puntapié inicial en la dudosa compra de la casaquinta valuada en 17 millones de dólares y otros bienes por parte de una sociedad de allegados al titular de la AFA y a su tesorero Pablo Toviggino.

Pero además, y en otro juzgado, los dirigentes del fútbol argentino mantienen abierto un frente complicado: se trata de la investigación en la que están procesados por no pagar en tiempo y forma una multimillonaria cifra al fisco, en la que se esperan definiciones antes de fin de año. En esta causa deben pedir permiso cada vez que viajan fuera del país,

De hecho, Tapia acaba de ser autorizado a un nuevo viaje al exterior: partió el jueves 19 con permiso del juez en lo penal económico Diego Amarante y volverá el 13 de diciembre. Los destinos son Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil para asistir en primer lugar a la final de la “CONMEBOL Sudamericana” en Barranquilla. El itinerario terminará el 11 de diciembre cuando presencie el sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, en Río de Janeiro.

La mansión y las pericias clave

En el caso de la mansión de Pilar, dos líneas de medidas de prueba ordenadas por el juez de Campana Adrián González Charvay aguardan resultado y llegarán al escritorio del nuevo juez del caso, Daniel Rafecas. El Gobierno ya envió al Senado el pliego de este último magistrado para ser nombrado en la Cámara Nacional de Casación, pero se trata de un proceso que llevará meses -verano mediante- y mientras esto se concrete seguirá al frente de la investigación.

La primera pericia que ordenó González Charvay apunta a valuar otra vez la mansión y los bienes hallados en su interior. Al inicio de la investigación, Rafecas encomendó una tasación que arrojó un valor de u$s 20 millones. Todo figura a nombre de la sociedad “Real Central”, de los imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte.

Se dispuso en enero pasado y hubo una reunión de peritos de parte el 7 de septiembre. La Fiscalía objetó puntos periciales y el modo de realización del estudio, pero el planteo fue rechazado por el juez Charvay y también por la Cámara Federal de San Martín, que ahora dejará de intervenir.

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Es que el cambio de juez trajo aparejado también el del tribunal que revisa las decisiones: esa instancia de apelación será reemplazada por la de la ciudad de Buenos Aires, con sede en el segundo piso de Comodoro Py 2002.

En estos meses, la Cámara de San Martín convalidó la decisión de dejar sin custodia policial a la casaquinta donde hasta entonces se controlaban los ingresos y egresos de personas y vehículos por la puerta de la calle Misiones 4097, en Villa Rosa. Se entendió que los embargos preventivos sobre el inmueble y los vehículos y la “prohibición de innovar” sobre esos bienes alcanza.

Las contrataciones de la AFA

La segunda medida es un peritaje contable que busca reconstruir el circuito financiero de TourProdEnter, la sociedad vinculada al empresario y exdiputado bonaerense Javier Faroni, que percibía una comisión del 30% por gestionar los ingresos comerciales de la AFA en el exterior. Los peritos deberán determinar cuánto dinero generaron esos contratos y si los fondos que correspondían a la entidad ingresaron efectivamente a sus arcas. Todo se encomendó a expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Uno de los puntos de pericia es la tarjeta de crédito corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano. Según consta en la causa con ese plástico cuyo resumen llegaba a la sede de la AFA en la calle Viamonte se habrían pagado peajes y gastos de parte de la flota de vehículos encontrada en un galpón de la casaquinta.

Evasión y el camino hacia el juicio oral

En la otra causa penal por una multimillonaria retención indebida de aportes, se esperan novedades definitorias antes de fin de año: la Cámara en lo Penal Económico debe resolver si acepta un planteo de reparación integral del daño. Lo hizo hace meses la defensa del procesado tesorero Toviggino y luego se sumaron Tapia y los demás implicados. Sostienen que como la AFA ya pagó la deuda calculada en $ 19.000 millones, el perjuicio fue subsanado y debe cerrarse la causa sin enviarlos a juicio.

Hasta el momento se toparon con la negativa de la querella de ARCA y de la fiscalía. Esta última si bien acepta que este mecanismo está contemplado, advierte que no alcanza el pago de la deuda para que sea “genuinamente integral” a la hora de reparar el daño a la sociedad, como advirtió el fiscal ante ese Tribunal de Apelaciones Gabriel Pérez Barberá, en un dictamen en mayo pasado. El tema aún espera definición.

De manera paralela, ese mismo Tribunal tiene que decidir sobre un planteo para que ARCA sea apartada de su rol de querella. También provino de las defensas que sostienen que como la deuda se pagó, el organismo recaudador ya no es más parte perjudicada. Otro punto bajo examen es el procesamiento de Tapia, dictado el 30 de marzo por el juez Amarante. La Cámara lo consideró desistido porque el recurso se presentó fuera de término, por eso no revisó los argumentos y lo dejó firme. Esta decisión fue recurrida ante un tribunal superior, la Cámara Federal de Casación.

Se trata de temas pendientes que deberían ser resueltos de manera previa a un eventual envío a juicio por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025. Esta causa es la que significó para Tapia y Toviggino su primera visita a tribunales como acusados, para prestar declaración indagatoria.

En el juzgado de Amarante tramita además un legajo reservado vinculado a una ampliación de denuncia por el supuesto uso de facturas apócrifas y proveedores insolventes en el marco de una presunta “asociación ilícita fiscal”. De manera paralela, se ordenaron medidas para cumplir con la orden de la Cámara en lo Penal Económico y profundizar la investigación para determinar el rol que pudieron tener los restantes integrantes de la comisión directiva de AFA, en la actualidad con falta de mérito: Cristian Ariel Malaspina (actual secretario general) y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.