Reclamo
El gremio de los camioneros logró ganar una demanda a una empresa de transporte nacional que retuvo aportes sindicales por casi 10 millones
El gremio de Camioneros de San Juan (STOTAC) recibió una buena noticia. La Justicia le confirmó una sentencia a su favor por poco más de 10 millones de pesos, producto de una demanda que le inició a una empresa de transportes que retuvo durante unos dos años los aportes sindicales de sus trabajadores. Si bien el sindicato ya había tenido una resolución favorable a principio de año, ahora la sentencia quedó confirmada luego de que la Cámara de Apelaciones de Mendoza rechazara un planteo que hizo la empresa. La compañía que ahora deberá hacer frente a la liquidación es Trali SA, una firma nacional dedicada al transporte de carga y logística que opera en la provincia. Un dato no menor de la causa fue que la Justicia ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa, lo que la compañía entendió que le producía un “daño irreparable”. Así, en subsidio, ofreció un vehículo, aunque, al parecer, en mayo de este año, el banco cumplió con la orden judicial y, preventivamente, le embargó un total de 10.207.303,72 pesos.
La acción judicial impulsada contra Trali SA fue promovida por Ricardo Cardozo, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Obreros del Transporte Automotor de Cargas y Servicios Logísticos de San Juan (S.T.O.T.A.C.). Lo hizo el año pasado, luego de certificar que la empresa había incumplido con su obligación de liquidar los aportes sindicales de sus trabajadores afiliados al gremio. Para el caso de los sindicatos, en particular de Camioneros, para determinar la deuda contra una empresa, se lleva adelante una inspección en el lugar de trabajo y así se formula un Certificado de Deuda que, para la empresa, es prácticamente una obligación de pago a favor del sindicato. No es la primera vez que STOTAC ha realizado este mecanismo, al punto que, en oportunidades anteriores, hay empresas que han frenado el cobro del certificado, al entender que existen errores de cómputo o que, al momento de hacer el cálculo, se ha tenido en cuenta a personal de la empresa que no pertenecía a Camioneros.
Un ejemplo de ello fue la denuncia que dio a conocer 0264Noticias en mayo pasado, donde la firma Transur SRL reclamó en la Justicia que STOTAC buscaba cobrarle más de 24 millones de pesos por el mismo motivo: deudas correspondientes a aportes y contribuciones sindicales. Dicha empresa entendió que el monto reclamado es “inexistente, ilegítimo y nulo”, por lo que le solicitó a la Justicia que diera curso a una medida cautelar, esto es, obligar al sindicato a que se abstenga de perseguir la deuda hasta tanto no haya una resolución judicial. Según pudo conocer este medio, dicha causa no ha tenido avance, en principio, por falta de presentación documental por parte de la empresa.
En el caso de Trali SA, la situación es a la inversa: es el gremio el que inició una acción judicial por el monto que entiende que le adeuda la empresa por aportes sindicales no pagados. Según la ley que rige a las Asociaciones Sindicales de Trabajadores, el solo certificado de deuda expedido por el gremio es suficiente, sirve como título ejecutivo y puede ser ejecutado. Lo único que debe hacer el sindicato es determinar la deuda bajo el procedimiento que corresponde y cobrarla.
Así, en septiembre del año pasado, STOTAC demandó a la empresa de transporte por un total de 9.763.507,91 pesos, correspondiente a los aportes sindicales no liquidados entre marzo de 2023 y mayo de 2025. La deuda original es por poco más de 6 millones de pesos, a los que se les debe sumar los intereses, unos 2 millones y medio de pesos, más gastos administrativos. En marzo pasado, el gremio logró una resolución favorable cuando el juez federal Leopoldo Rago Gallo rechazó los planteos realizados por la empresa y entendió que STOTAC cumplió “con los actos procesales que dan origen al certificado de deuda” y, por lo tanto, estos “gozan de legalidad”.
Contra esa resolución, Trali SA presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza, el que ahora fue resuelto con un rechazo por los jueces Gustavo Castineira de Dios, Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci. En su fallo, el tribunal sostuvo que “el certificado de deuda es hábil, en cuanto se libra a partir del acta de inspección; no se requieren otros elementos que acrediten el procedimiento llevado adelante por el organismo acreedor. Así, los planteos que cuestionan el procedimiento para obtener el certificado o aquellos que conducen a la causa de la obligación exceden el limitado conocimiento del juicio ejecutivo”.
La principal queja por parte de la empresa es que, en el certificado de deuda, no se individualizó la cantidad de trabajadores, ni cuánto gana cada uno, y tampoco bajo qué concepto se llega al cálculo millonario. Para el caso del gremio, este solo se limitó a indicar que realizó la inspección en la firma y cumplió con el procedimiento que corresponde. Así, la Justicia le dio la razón.
Trali SA es una empresa nacional dedicada al transporte de carga y logística. En San Juan está ubicada en Santa Lucía, sobre el Acceso Este. Si bien la deuda fue de casi 10 millones de pesos, el monto final la superó por poco, ya que se deben sumar los intereses desde el reclamo de la deuda hasta el efectivo pago.