En la Facultad de Sociales
Condenan a empleada de la UNSJ por falsificar 33 certificados de capacitación para ganar un concurso de directora
El entonces decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Raúl García, lanzó un concurso cerrado interno para el personal no docente con el fin de cubrir el cargo de Director Administrativo. Se anotaron dos empleadas y, a la hora de revisar la documentación presentada, una de ellas notó cosas llamativas y sospechosas de su rival, Marcela Ivana Díaz. Como que había exhibido cursos de capacitación realizados entre siete y nueve años atrás, pero que fueron expedidos antes de la competencia. Que en un año había acreditado una “enorme” carga horaria por un total de 300 horas y, fundamentalmente, que la letra de los certificados de capacitación emitido por autoridades era la suya.
Fue así que Alicia Del Carmen Vera impugnó la documentación, lo que derivó en una investigación interna y denuncia por parte de la UNSJ, en la que 33 certificados que había presentado Díaz quedaron en la mira como truchos. La trabajadora no docente iba a enfrentar el juicio en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, pero, a través de su abogado, acordó un juicio abreviado.
De esa manera, Díaz aceptó su responsabilidad en el delito de falsificación de documento público y el uso del mismo y avaló una pena de 1 año de prisión en suspenso, por lo que el lunes fue condenada por la jueza Eliana Rattá bajo esa pena tras homologar el acuerdo de juicio abreviado, confirmaron fuentes judiciales.
El caso estalló el 28 de diciembre de 2017 con la denuncia de los representantes de la Dirección de Asuntos Legales de la UNSJ, José Luis Miolano y Claudio Tracchia, quienes se constituyeron como querellantes en la causa.
Meses antes, el 18 de abril, el decano de la Facultad de Sociales, Raúl García, había convocado a un “Concurso Cerrado Interno” de antecedentes y oposición para cubrir el cargo del Estamento Personal de Apoyo Universitario (hoy denominado Personal No Docente), Carácter Efectivo, de Planta Permanente, del Agrupamiento Administrativo, Categoría 02, para cumplir funciones como “Director Administrativo”.
Se inscribieron dos empleadas y fue Vera quien detectó las anomalías en la documentación que había presentado Díaz. En la acusación que llevó adelante el fiscal Francisco Maldonado, destacó que la imputada “confeccionó certificados con contenido y firmas falsos en relación a cursos de capacitación efectuados (que en realidad no fueron tomados por la encartada) y los exhibió ante las autoridades de la UNSJ”.
La postura del Ministerio Público fue que Díaz procuró “obtener un beneficio personal”, una ventaja ilícita en el concurso donde competía con Vera, “con la intención de acrecentar el puntaje requerido para poder ganar el concurso”.
Hubo una pericia por parte del personal de la Agrupación X San Juan de Gendarmería Nacional sobre seis certificados de capacitación. En dicho análisis, determinaron que la plana escritural de Díaz presentaba “similitudes” con las firmas de la licenciada Nora Goransky y Alfredo Rossi (exdirector del Departamento de Ciencias Económicas).
También te puede interesar: Vendían RTO falsificadas por redes sociales
Los peritos pudieron controlar solamente seis certificados originales, dado que, el resto, se encontraba en fotocopias, lo que impide u obstaculiza un trabajo de precisión. No obstante, el fiscal Maldonado sostuvo que, “a esos seis certificados peritados, se les debe sumar todos los que no se pudieron peritar por estar fotocopiados”.
En ese marco, se valoró otro tipo de prueba. Entre ellas, el titular del Ministerio Público había resaltado que el “informe de la UNSJ fue determinante al expresar que los certificados que presentara Marcela Díaz para postularse para dicho concurso, estaban destinados a profesionales y/o docentes exclusivamente. La agente Díaz no pudo haber tomado participación en cada uno de ellos, teniendo en cuenta el cargo administrativo que cubría al momento de los hechos, ya que la misma no era profesional”.
Incluso, entre los certificados aparecían los nombres y las firmas de otras autoridades de la Facultad de Sociales, como del propio decano García, del entonces secretario de Extensión, Ricardo Coca; el secretario Administrativo Financiero de la unidad académica, Miguel Cortes; la exsecretaria de Posgrado, Alicia Avellaneda; Jorge Gutiérrez (quien fuera director de la Escuela Industrial), y Eduardo Vargas, exsecretario de Investigación. Además de Goransky y Rossi.
Todos desconocieron las firmas plasmadas en los certificados que había presentado la empleada no docente. Fuentes universitarias reconocieron que Díaz es muy trabajadora y que contaba con el puntaje para competir en el concurso, pero, en el afán de conseguir más mérito, incurrió en la maniobra delictiva, tal cual sostuvo Fiscalía y terminó reconociendo la imputada.