La banda de los DNI falsos llegó a usurpar las identidades de cuatro víctimas, con las que sacaron préstamos por $80 millones

Diego Pedro Brady descubrió que habían sacado créditos a su nombre sin su autorización ni conocimiento por poco más de 35 millones de pesos, por lo que sufrió embargos judiciales, inhibición crediticia y la inclusión en registros oficiales como moroso. Es que alguien había sacado un DNI original con sus datos, pero con la imagen y las huellas dactilares de otra persona. Frente a semejante situación, tuvo que suspender la construcción de su casa. Lo mismo le sucedió a Bruno Arrighi, quien se encontró con una deuda que desconocía por 12.800.000 pesos. La adulteración de su documento le impidió inscribirse como monotributista y que no figurara en el padrón electoral.

Una situación idéntica vivió Fernando Lombardo, quien durante meses tuvo que acudir al Registro Nacional de Personas (Renaper) para acreditar que era él, dado que también le habían usurpado la identidad con un DNI falso. Tuvo que ir a Defensa al Consumidor y a agencias crediticias para demostrar que no había sacado préstamos por 20.200.000 pesos. A su vez, Diego Hipólito también padeció un problema igual, quien tuvo causas judiciales e intimaciones de pago extrajudiciales por deudas por 12.200.000 pesos que desconocía.

Es tan solo una muestra del calvario que enfrentaron las cuatro víctimas de la banda de los DNI falsos, que insertaban fotos y huellas dactilares de algunos de sus miembros en documentos que eran válidamente expedidos, ya que una de las integrantes era el nexo en el Registro Civil de Pocito: Natalia Castillo. Eso sí, utilizaban los nombres de las personas que originalmente tenían sus documentos.

De esa manera, el imputado Marcos Esteban Vallejo suplantó la identidad de Hipólito, Matías Martín Martínez Villalba la de Brady, Marcelo Omar Cardozo la de Lombardo y Rodrigo Javier Navarro Pozo la de Arrighi.
Es decir, Vallejo, Martínez Villalba, Cardozo y Navarro Pozo fueron los que sacaron prestamos en entidades bancarias y adquirieron distintos productos (electrodomésticos, celulares, televisores y aires acondicionados) a nombre de los damnificados. 

Por ese perjuicio económico, el fiscal federal Fernando Alcaraz no solo solicitó condenas para todos los implicados sino también una reparación del daño. En su acusación, destacó que la deuda total actualizada por intereses es de 142.686.275 pesos, dado que los montos originales (el capital, por así decirlo) que les generaron a las cuatro víctimas ascendió a 80.400.000 pesos. 

El tema de la “indemnización” a los damnificados es lo que frenó una serie de juicios abreviados. Natalia Castillo (exencargada del Registro Civil pocitano) había aceptado un castigo de 4 años y 8 meses de cárcel, mientras que Martínez Villalba y Cardozo habían acordado penas de 3 años y 10 meses de prisión domiciliaria y, Navarro Pozo, 3 años en suspenso.

Sin embargo, sus abogados (Nicolás Gómez Camozzi por Castillo y los defensores públicos Esteban Chervin y Sergio Herrero por el resto) se opusieron al planteo de reparación económica, por lo que el juez mendocino Ignacio Pérez Curci consideró que no se concretó un acuerdo pleno. Así, dispuso que hoy se realice una nueva audiencia en la que se sabrá si el fiscal y los defensores llegaron a un entendimiento con dichos imputados y si se suman otros, los que, incluso, ya habían mostrado interés de un juicio abreviado.

Según la acusación fiscal, la organización delictiva era liderada por Rolando Javier Navarro Saide, quien contaba con la pieza clave (Castillo) en el Registro Civil de Pocito. Otro engranaje fundamental era Cardozo, quien, al igual que Vallejo, Martínez Villalba y Navarro Pozo (hijo de Navarro Saide), fue uno de los que usurpó la identidad de las víctimas.

Luego, se encuentran Carlos Fabián Prato, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Analía Edith Rosales, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas, quienes prestaron sus imágenes y huellas para tramitar DNI adulterados.
Si bien fueron cuatro las víctimas a las que les suplantaron la identidad y las que padecieron las estafas, hubo otras 19 maniobras para tramitar documentos, las que no se concretaron porque se dispararon las alertas de control de datos biométricos del Renaper. En esas movidas fallidas estuvieron involucrados estos últimos seis imputados (Prato, Castro Cajal, González, Rosales José y Vargas).

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De hecho, hubo una quinta damnificada, Natalia Baigorria Mohr, cuyo DNI no llegó a manos de la banda, por lo que no sufrió estafas vinculadas a la toma de préstamos y compras de electrodomésticos. No obstante, la tramitación de una copia de su documento le generó problemas. ¿Cuáles? Como se generó un DNI apócrifo, el suyo, el original, quedó invalidado. De esa forma, enfrentó un bloqueo financiero internacional, debido a que no pudo utilizar billeteras virtuales en el exterior. De hecho, quedó como indocumentada en el extranjero desde mediados de abril hasta fines de mayo de 2025, hasta que pudo destrabar la maniobra ilegal en San Juan.

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El génesis de la jugada criminal puede rastrearse en Navarro Saide, quien rastreaba nombres de personas, DNI y direcciones a través de registros oficiales, como Comprobantes de Empadronamientos de ANSES, listados del Programa Procrear y de la beca Progresar. Incluso, llegó a conseguir nóminas de Personal Contratado en empresas y hasta integrantes de la Procuracion General de la Nación. Incluso, trascendió que le solicitaba a conocidos padrones electorales de las provincias, como la de Tucuman, para obtener información. 

Según la acusación, Navarro Saide carga con antecedentes por estafas, encubrimiento y uso de documentos falsos. Además, el 30 de diciembre de 2025 fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por transporte de estupefacientes en una causa tramitada en el Norte de nuestro país. Inclusive, tenía una investigación previa por el mismo delito, en la que se le secuestró el celular, lo que resultó clave para la causa de los DNI.

Luego, Navarro Saide tomaba contacto con Castillo, la entonces encargada del Registro Civil de Pocito para desplegar la maniobra. Era el que organizaba quiénes debiam ir al Registro para aportar los datos biométricos falsos, el que distribuía las gansncias (dinero y productos) entre los integrantes de la banda. Incluso impartía órdenes directas, como un audio en el que le indicaba a uno de sus socios que, "si te dan (el DNI), sácate un aire y un tele... Hay que vender, hay que guardar para vender".
Por su parte, Castillo fue la responsable de iniciar la carga de datos falsos en la tramitación de los 23 DNI detectados. En su hogar, los investigadores hallaron 130 documentos, pasaportes y constancias de trámites rechazados, que no tenía motivos para que tal documentación estuviese fuera del Registro. Es más, coordinaba los horarios en los que tenían que asistir los miembros de la banda para que fueran cuando no se encontraban sus compañeros de trabajo.

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Por su parte, Cardozo hacia el seguimiento de los DNI y retiro en el correo o el Registro. Fue el que le usurpó la identidad a Fernando Lombardo y participó en al menos dos intentos más de obtención de documentos que fracasaron.
A su vez, Vallejo y Martinez Villalba fueron los ejecutores de la suplantación de identidad, ya que fueron los que sacaron prestamos y compraron productos a nombre de Hipólito y Brady. 

La misma tarea hizo Navarro Pozo (hijo del líder de la banda), quien, además, activaba  el alta de líneas telefónicas a nombre de las víctimas para obtener el OK de los créditos en los bancos y entidades financieras. No era lo único, ya que abría cuentas en las que ingresaban los fondos de las estafas de las cuatro víctimas. 

Luego de ello, se producía el reparto entre los integrantes de la organización. Trascendió que la exfuncionaria del Registro recibió pagos por 35 mil y 50 mil pesos de cuentas administradas por Vallejo. 

Incluso, Castillo llegó a estar molesta por la distribución del dinero. En mensajes por WhatsApp a Navarro Saide le reclamó: "Mira estuve pensando q no no voy a hacer más dni xq ustedes se beneficiar y yo sigo igual y la q se arriesga soy yo". 
En otro mensaje, le recriminó al lider de la banda: "A martelo (sic) le llego el dni me dijo q me iba a dar la mitad de lo q hicieran y lo q me paso fueron $80.000 nada más ayer los vi en villa krawse y ustedes andan re bien vestidos y todo y yo igual". 
Para mantener a su contacto en el Registro Civil, Navarro Saide le ofreció 400 mil pesos por DNI y que le iba a encargar cinco más. 

Después, hay más audios comprometedores para los miembros de la organización. Como el de Carlos Prato, quien el 16 de agosto de 2024 fue condenado por la Justicia de Jujuy a 3 años de prisión en suspenso por transporte de estupefacientes. En el audio, Prato le explicaba a Navarro Saide: "yo te preguntaba de esta muchacha de allá de Pocito porque con ese yo creo que si con la foto, anotame ahí Rolo... me hace falta un televisor un aire acondicionado, un calefón, las huevadas del baño...". 
O el mensaje de Analía Rosales, suien consultaba permanentementr a Navarro Saide sobre el estado de los documentos: "Y los DNI?, además de que le pedía que planeara "algo groso para q tengamos plata".