Apelaron la condena contra el jubilado pocitano acusado de distribuir archivos de pornografía infantil y podría recuperar la libertad

Este viernes se realizó una nueva audiencia en la causa que tiene como condenado a Daniel Roberto Pino, el jubilado pocitano de 71 años acusado de distribuir material de explotación sexual infantil. Durante la jornada, su defensa expuso los argumentos y planteó distintas alternativas para modificar la sentencia dictada en su contra. Pino había sido condenado el pasado 25 de junio a cuatro años de prisión domiciliaria, luego de que el juez Diego Sanz considerara acreditada su responsabilidad penal por el delito de distribución de material de explotación sexual infantil agravado por la edad de las víctimas.

En la audiencia de hoy, los abogados solicitaron en primer término la absolución y pidieron que se elimine el agravante contemplado en el artículo 128, quinto párrafo, del Código Penal, que en este caso llevó el mínimo de la pena a cuatro años. Si el Tribunal de Impugnación hace lugar a ese planteo, la condena podría reducirse a tres años de prisión. A partir de ese escenario, la defensa solicitó que Pino pueda recuperar la libertad, teniendo en cuenta que no registra antecedentes.

Luego de los argumentos expuestos durante la audiencia, se dispuso un cuarto intermedio. Ahora, el Tribunal de Impugnación, encabezado por la doctora Ana Lía Larrea, deberá analizar el planteo realizado por la defensa y resolver durante la próxima semana.

Son tres los escenarios que quedaron planteados a partir de la audiencia: que se confirme la condena de cuatro años, que se haga lugar al pedido de absolución o que se retire el agravante y la pena quede establecida en tres años. En este último caso, la defensa sostiene que, por tratarse de una persona sin antecedentes penales y considerando su estado de salud, correspondería que la pena sea de cumplimiento condicional, lo que permitiría disponer su inmediata libertad.

Cómo comenzó la investigación

La causa contra Pino se inició a partir de tres reportes enviados por NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), una organización que recibe reportes vinculados con material de explotación sexual infantil generado o compartido a través de plataformas digitales. Los informes corresponden a los años 2021, 2022 y 2025 y señalaban que desde cuentas vinculadas al acusado se habrían enviado hasta 11 videos que contenían representaciones de actos sexuales con menores de edad.

Los reportes fueron recibidos inicialmente por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, luego de un análisis preliminar, fueron remitidos a San Juan por cuestiones de competencia. A partir de allí comenzó la investigación local, que permitió determinar, según la acusación, que Pino utilizaba un grupo de WhatsApp para enviar o solicitar este tipo de material.

Entre los elementos incorporados a la causa se encuentra un mensaje en el que presuntamente habría escrito “manden videos CP”, en referencia a contenido de explotación sexual infantil. La investigación también vinculó esos registros con datos como el correo electrónico utilizado, un número telefónico registrado a nombre de Pino y la dirección IP.

Durante la investigación también se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una computadora. De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, en los dispositivos se encontraron más de 800 imágenes vinculadas con pornografía, aunque dentro de ese conjunto también había material correspondiente a personas mayores de edad.

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Ahora, la resolución del Tribunal de Impugnación será clave para determinar si la condena dictada contra Pino queda firme, si es revocada o si se modifica el encuadre que llevó la pena a cuatro años.