El jubilado pocitano acusado de distribuir archivos de pornografía infantil fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria

La Justicia de San Juan condenó este jueves a Daniel Roberto Pino, un jubilado oriundo de Villa Aberastain, Pocito, a cuatro años de prisión domiciliaria tras encontrarlo culpable del delito de distribución de material de explotación sexual infantil agravado por la edad de las víctimas, según pudo saber 0264 Noticias.

La sentencia fue dictada por el juez Diego Sanz, quien consideró acreditada la responsabilidad penal del imputado en una causa que investigó la difusión de material vinculado a menores de 13 años, una circunstancia que agrava la figura delictiva.

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Según trascendió, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Maximiliano Yanzón, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, había solicitado una pena de seis años de prisión para el acusado, aunque terminó siendo de cuatro. 

LA CAUSA

Pino quedó imputado en la causa luego de la llegada de tres reportes de la ONG NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), que es el Centro Nacional de los Niños Desaparecidos y Explotados, que recibe todas las denuncias de todas las redes sociales que tienen su sede principal en Estados Unidos. Los tres reportes datan del 2021, 2022 y 2025, momentos en los que habría enviado hasta 11 videos con representación de actos sexuales donde sometían a menores de edad. En algunos de ellos había incluso pequeñas de 6 años de edad.

Estos reportes llegaron a la Fiscalía Especializada de Ciberdelitos de CABA, donde, tras un análisis preliminar, remitieron a San Juan por su competencia. Desde allí comenzaron con la investigación. Con ello se dieron cuenta de que Pino usaba un grupo de WhatsApp para enviar o pedir material. En uno de los reportes se puede leer que envió un mensaje con la consigna “manden videos CP”, haciendo alusión a Children pornography (pornografía infantil). Todo ratificado por el mail usado, número a nombre de Pino e IP.

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Otro de los datos que sumaron es que un perito médico analizó los videos y determinó las edades de las víctimas, quienes no fueron identificadas. A su vez, al imputado le secuestraron dos celulares y una computadora en un allanamiento donde se dio con más de 800 imágenes de pornografía (aunque había también de mayores de edad) en total.