EXPECTATIVA
A cuatro horas de que la Justicia ordenara a la UTA levantar el paro, los colectivos no aparecen en las calles
San Juan continúa sin colectivos de corta y media distancia en sus calles este jueves, ya ingresando en la tarde. Es que, pese a que sobre las 13 horas el juez Héctor Rollan, del Primer Juzgado Civil, dispuso aceptar la medida cautelar solicitada por Fiscalía de Estado para poner fin al paro de los chóferes de colectivos contra los empresarios del sector, en la práctica esto aún no ocurrió.
En este contexto, el servicio de transporte público todavía no se reestableció, que es lo que el magistrado pidió de inmediato realizar.
A su vez, en el cuarto piso de la Subsecretaria de Trabajo continúa la primera reunión entre la UTA, empresarios de ATAP y funcionarios, luego que se dictara la conciliación obligatoria, la cual el gremio de los chóferes no acató y siguió con el paro que comenzó el miércoles a primera hora.
Cabe señalar que, el fallo de Rollan establece que las entidades demandadas y las empresas concesionarias deberán garantizar la prestación del servicio desde el momento en que sean notificadas de la resolución.
Uno de los puntos más fuertes de la resolución es el esquema de sanciones previsto ante un eventual incumplimiento. La Justicia ordenó a UTA, ATAP y las empresas que las integran poner a disposición de manera inmediata las unidades y la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento del transporte.
Además, fijó sanciones económicas para las entidades sindicales, sus cuerpos directivos y dirigentes. En el caso de los choferes que, estando debidamente notificados, continúen con las medidas de fuerza, estableció una multa diaria de $1.000.000.
El fallo también dispone que, ante un incumplimiento, las actuaciones sean remitidas a la Fiscalía General por la posible comisión de delitos contemplados en los artículos 239 y 106 del Código Penal.
En ese sentido, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó en diálogo con 0264 Radio, que se emite en 107.3 FM y el canal de Youtube de este medio, que la presentación judicial tuvo como objetivo restablecer el servicio de transporte y garantizar otros derechos constitucionales afectados por la medida de fuerza. “Los fundamentos básicamente son proteger los derechos constitucionales que tiene la gente, no solamente a transitar libremente y por medio del transporte público por la provincia, sino también el derecho a la salud”.
Dávila remarcó que la interrupción del servicio también impacta en trabajadores, estudiantes y personas que necesitan trasladarse para recibir atención médica. “No desconocemos en absoluto el derecho de cualquier trabajador de poder protestar, pero la afectación de otros derechos de bien público que tenemos que proteger, constitucionales, hace que intervengamos con esta medida”.
Sobre la resolución judicial, el fiscal de Estado confirmó que las multas de un millón de pesos por día fueron dispuestas por el magistrado ante un eventual incumplimiento de la orden. “Eso son decisiones del juez. Nosotros, lógicamente, pedimos que se asegure la restitución de la normal prestación del servicio de transporte”.