Un sanjuanino deberá pagar $100.000 y realizar trabajos comunitarios por un fraude contra Movistar

Una investigación por una presunta defraudación informática en perjuicio de Telefónica Móviles Argentina S.A. tuvo novedades esta semana en el ámbito judicial de San Juan. En una audiencia realizada días átras, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra concedió la suspensión del juicio a prueba (probation) a Mariano Nicolás Palma Romero, imputado por el delito de acceso indebido a sistemas informáticos.

La investigación estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público Fiscal, cuya intervención fue encabezada por el fiscal subrogante Guillermo Heredia, junto al ayudante fiscal Patricio Díaz y la colaboradora Guadalupe Toledo. La causa se inició a partir de actuaciones remitidas desde un juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según la investigación, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, Palma Romero habría ingresado sin autorización a la plataforma de gestión Mi Movistar Empresas, un sistema de acceso restringido de la compañía telefónica.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, el imputado habría utilizado la identidad de los titulares de distintas líneas para transferir sus números a tarjetas SIM y eSIM bajo su control. Como consecuencia de estas maniobras, las tarjetas de los usuarios legítimos quedaron sin servicio.

La modalidad investigada se conoce como SIM swapping y consiste en tomar el control de una línea telefónica ajena mediante la activación del número en otra tarjeta SIM o eSIM. Este tipo de práctica representa un riesgo para la seguridad digital, ya que los números de celular suelen utilizarse para recibir códigos de verificación destinados a recuperar contraseñas, ingresar a cuentas o autorizar operaciones en servicios bancarios y billeteras virtuales.

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Para avanzar en el caso, la Fiscalía analizó registros informáticos, datos de geolocalización de dispositivos e imágenes utilizadas en procesos de validación biométrica. Esas tareas permitieron identificar al sospechoso y vincular las operaciones investigadas con San Juan.

En junio de 2026 se realizaron allanamientos en los que se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y numerosas tarjetas SIM. Además, los investigadores detectaron coincidencias entre el entorno de las imágenes biométricas utilizadas en las operaciones y el domicilio del imputado.

El 23 de junio, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación por el delito de acceso indebido a sistemas informáticos, previsto en el artículo 153 bis del Código Penal.

Durante la audiencia del 9 de octubre, la magistrada hizo lugar al acuerdo de suspensión del juicio a prueba presentado por el Ministerio Público Fiscal, en los términos de los artículos 76 bis y 76 ter del Código Penal.

Como parte de las condiciones impuestas, Palma Romero deberá abonar $100.000 antes del 10 de noviembre de 2026. El dinero será destinado a instituciones de beneficencia, a pedido de Movistar, y las entidades receptoras serán determinadas por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) del Poder Judicial.

También tendrá que cumplir 60 horas de trabajo comunitario no remunerado en un plazo de tres meses, en la institución que designe ese organismo.

Durante el año de prueba, además, deberá fijar un domicilio real e informar cualquier cambio o ausencia prolongada, presentarse ante la Oficina de Medidas Alternativas cada vez que sea citado y abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas.

La resolución establece que, si incumple las reglas de conducta impuestas, el beneficio podrá ser revocado y la causa podrá avanzar hacia un juicio oral y público.

Por último, la jueza dispuso mantener el secuestro de los elementos vinculados con la investigación, tal como lo había solicitado la Fiscalía.