La Casa Rosada no logra unificar posiciones sobre la ley de Discapacidad y mantiene abierta la amenaza de un veto

El Gobierno reconoce que no logró cerrar un acuerdo interno por la nueva ley de Discapacidad y mantiene abierta la posibilidad de que Javier Milei vete total o parcialmente el proyecto si su aprobación compromete el esquema presupuestario. La Casa Rosada admite que persisten las diferencias entre el equipo económico y la conducción de La Libertad Avanza en Diputados, pese a las reuniones que se realizaron durante las últimas semanas para unificar posiciones.

“No se acordó nada”, aseguran en Nación. En el oficialismo advierten que el Presidente no convalidará automáticamente las modificaciones que impulsen los legisladores oficialistas si generan obligaciones fiscales que el Ejecutivo considere incompatibles con el equilibrio de las cuentas públicas. “Si sale una ley que afecte el presupuesto, se vetará”, agregan.

La definición contrasta con la estrategia que prepara la conducción de Diputados. La Libertad Avanza prevé llevar el proyecto al recinto el miércoles 21 de octubre con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, que participaron de la negociación del dictamen de mayoría. En el bloque de LLA consideran que retroceder sobre el texto acordado puede poner en riesgo los respaldos y facilitar una nueva ofensiva opositora para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad.

En otro sector de la Casa Rosada reconocen que la decisión política es avanzar con la votación sin reabrir una discusión que pueda desordenar los acuerdos parlamentarios. “Discapacidad es un tema sensible y se va a votar el miércoles como salió del recinto. No hay margen para complicarlo”, sostienen en esas filas. La referencia apunta al contenido central del dictamen, aunque los aliados todavía negocian precisiones sobre determinados artículos y las partidas destinadas a financiar las prestaciones.

La disputa se originó después de que el bloque libertario impulsara un proyecto que no había sido convalidado integralmente por Economía, Salud ni Legal y Técnica. La iniciativa consiguió 42 firmas en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, frente a las 36 del dictamen opositor. El texto mantiene mecanismos de protección y prestaciones que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo proponía modificar o eliminar.

La diferencia llevó al Gobierno a organizar una reunión específica el 29 de septiembre. Participaron Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy, con el objetivo de revisar los aspectos jurídicos, presupuestarios y parlamentarios de la iniciativa. Aunque desde el sector político transmitieron entonces que las conversaciones avanzaban, las consultas realizadas durante los últimos días confirman que todavía no existe una posición unificada.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso públicamente esa contradicción el 13 de octubre durante el debate del Presupuesto en Diputados. Ante las preguntas de la oposición sobre cuál de los dos textos representaba la posición oficial, reconoció que el Poder Ejecutivo pretendía una solución diferente de la impulsada por los bloques. “Nosotros, desde el Ejecutivo, hubiéramos querido otra cosa”, sostuvo, y dejó la definición legislativa en manos del Congreso.