El Gobierno quiere capitalizar la sintonía con los aliados para acelerar con el proyecto sobre Malvinas

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional —que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas— sufrió una demora esta semana en la Cámara de Diputados; , pero el oficialismo se muestra confiado en que conseguirá el dictamen de comisión el próximo martes para poder llevarlo al recinto al día siguiente. En ese marco, un grupo de referentes libertarios trabaja contrarreloj para armonizar el texto con los planteos que hicieron los bloques aliados. “El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo , pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, explicaron desde el bloque violeta.

El oficialismo pretendía firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el revuelo que generaron los dos fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento fallido de la oposición de derogar el mega DNU 70/23 demoró sus planes. Si todo sale bien para los libertarios, se tratará el mismo día que los proyectos sobre discapacidad, endeudamiento, Inviolabilidad de la Propiedad Privada (incluye la restitución de la ley de tierras), trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

El texto enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. También incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Sin embargo, tanto la oposición dura como los bloques aliados enfocaron sus críticas en la segunda mitad del proyecto, que no se relaciona tan directamente con la cuestión Malvinas. Por ejemplo, el proyecto propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia, cuyo órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el efe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Tanto los aliados del PRO como la UCR adelantaron su rechazo al artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. En sintonía con los planteos de organizaciones civiles de periodistas como ADEPA y FOPEA, advirtieron que una redacción tan “laxa” referida a las campañas de desinformación podría afectar la libertad de expresión.