El Gobierno nacional monitorea la inminente salida del buque que reabrirá la ruta comercial entre Chile y Malvinas

La cautela responde también a la interpretación política que hacen en Balcarce 50 sobre la controversia. En sectores del Gobierno consideran que existen intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe la embarcación. La hipótesis es que una protesta preventiva podría generar un enfrentamiento con el país trasandino incluso sin que se haya producido todavía una operación que afecte el reclamo de soberanía.

La evaluación oficial contrasta con la información que manejan fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según pudo saber TN, el contrato para la operación del buque está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contempla además viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Se trata de información que todavía no cuenta con una confirmación formal del Gobierno argentino.

En Defensa, por su parte, aseguran que la cuestión la concentra Cancillería y que no existe por ahora una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. En despachos oficiales explican que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una eventual respuesta argentina sigue pendiente.

El principal punto de discusión es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de las islas del suministro de materiales o equipamiento destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su autorización en el área en disputa.

Lee también: Milei mantuvo una corta bilateral con Kast en Chile: la mención por el Estrecho de Magallanes a horas de la cadena nacional por Malvinas

La eventual navegación por aguas territoriales argentinas plantea además una discusión sobre el régimen de paso inocente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 dispone que el tránsito de buques extranjeros debe realizarse sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No obstante, el alcance de esa disposición frente a cargas eventualmente destinadas a Sea Lion exige una evaluación jurídica específica.

En ámbitos militares advierten que no alcanza con identificar el destino final de la embarcación para determinar una infracción. El punto central es si transporta insumos vinculados con actividades que la Argentina considera ilegales. También señalan las dificultades para comprobar el destino efectivo de las mercaderías, dado que una declaración de carga no necesariamente permite establecer quién será su destinatario final.

El análisis incluye el artículo 21 de la Convención, que permite al Estado ribereño dictar leyes y reglamentos relativos al paso inocente en determinadas materias, entre ellas cuestiones aduaneras. Sin embargo, esa facultad no implica una autorización general para inspeccionar o detener cualquier embarcación extranjera. La aplicación de controles depende de las circunstancias de navegación, las normas vigentes y las competencias de las autoridades argentinas.

La situación también involucra a la Prefectura Naval Argentina, que tiene competencias de control y seguridad de la navegación en los espacios marítimos correspondientes. Fuentes militares sostienen que cualquier medida deberá ajustarse al derecho internacional y a las atribuciones legales existentes. La respuesta dependerá de una definición de Cancillería sobre el alcance de las posibles infracciones.

El canciller Pablo Quirno afirmó públicamente que la Argentina no recibió una notificación oficial sobre el viaje del buque chileno y destacó el diálogo que mantiene con su par de Santiago. El funcionario también rechazó la posibilidad de convertir la operación privada en un enfrentamiento entre ambos gobiernos y puso el acento en los compromisos políticos asumidos por Kast.

Desde Chile, el ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió el derecho de las empresas privadas a desarrollar actividades comerciales internacionales y pidió prudencia frente a la controversia. En paralelo, el embajador argentino en Santiago, Jorge Faurie, sostuvo que los intercambios comerciales deben mantenerse dentro de ese ámbito y no alterar el compromiso chileno con el reclamo de soberanía argentina sobre las Malvinas.

La discusión se produce mientras el Ejecutivo profundiza su estrategia diplomática y jurídica contra la explotación británica de hidrocarburos. La Cancillería anunció una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas cautelares vinculadas con el desarrollo de Sea Lion. La iniciativa forma parte de la ofensiva argentina contra las actividades económicas no autorizadas en los espacios marítimos reclamados.

Por ahora, la Casa Rosada mantiene la decisión política de evitar una protesta anticipada y preservar los canales diplomáticos con Chile. El próximo punto de definición será la concreción del viaje previsto para noviembre y, especialmente, la información disponible sobre la carga, la ruta y su eventual vinculación con Sea Lion. En Nación sostienen que no descartan actuar si se acredita una actividad contraria a la posición argentina, pero buscan evitar que la controversia desplace el eje del reclamo de soberanía frente al Reino Unido hacia un enfrentamiento con el país trasandino.