La inscripción para fiscal de Estado de una exdiputada justicialista generó ruido en el Gobierno

La gestión de Marcelo Orrego había convocado a cubrir el cargo de fiscal de Estado y tiene todas las fichas puestas en el actual número dos del organismo, Sebastián Dávila, siempre que quede entre uno de los ternados por el Consejo de la Magistratura. El Ejecutivo hizo esa movida aún cuando está en minoría en la Legislatura, que es el ámbito en el que se producirá su designación, lo que revela un acuerdo entre los bloques de la oposición, inclusive, del PJ, el mayoritario. Por eso, llamó la atención la inscripción para el puesto de la exdiputada justicialista Celina Ramella, lo que activó señales de alerta y generó ruido en el oficialismo.

¿Fue una jugada del peronismo para meter presión? Es decir, ¿enviar una señal para que se cumplan pactos de convivencia o, caso contrario, habrá un golpe de timón? Según confirmaron fuentes de ambos sectores, hubo llamados de referentes del Gobierno a dirigentes del PJ para chequear cuál fue la intención, si es que hubo una maniobra detrás. Desde el justicialismo indicaron que no impulsaron la jugada, al punto que aseguraron que habrá un acompañamiento a Dávila.

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Ramella entró a la Cámara de Diputados en 2019, dentro de la lista del entonces gobernador Sergio Uñac, pero forma parte del grupo del exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi. Entonces, ¿fue una movida del exjefe comunal? Hay voces en el justicialismo que le achacan la movida, aunque sin mucho fundamento.

No obstante, en el círculo de la exlegisladora señalaron que fue una decisión personal, dado que lleva 12 años trabajando como planta permanente en Fiscalía de Estado, en las áreas de Inmuebles, Ambiental, Ejecuciones y Amparos, y que ya había tomado la decisión cuando renunció el entonces el titular del organismo, Jorge Alvo.

Ahora, en el tablero de fuerzas, Baistrocchi no tiene diputados y no tiene eco entre los legisladores que entraron por la lista del uñaquismo ni del giojismo, sectores a los que, encima, ha criticado duramente luego del 10 de diciembre del año pasado, después de que el PJ dejara el poder provincial.

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Si bien en el bloque justicialista indicaron que le darán el visto bueno al elegido por el orreguismo como parte de un compromiso asumido, surge el interrogante de si está en condiciones de imponer a otra figura. Una jugada que hizo sobre fines del año pasado, en el debut legislativo, cuando el uñaquismo, con apoyos, modificó una norma que estableció que los recursos de dos fondos especiales, que están bajo la administración del Gobierno, pasasen a engordar la masa de coparticipación a distribuir en los municipios.

Ante esa embestida, Orrego vetó la norma y la oposición no insistió en su aprobación. Otra movida tuvo que ver con los cargos del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), en los que PJ impuso uno de los suyos, pese a que es la bancada mayoritaria y le correspondía a una de las minorías. En ese caso, el Gobernador no llevó a cabo la designación frente a la incompatibilidad que marca la ley.

Ha pasado el tiempo y el vínculo entre oficialismo y oposición se ha aceitado, aunque no ha estado exento de ciertos chispazos, aunque por temas menores. Si el bloque PJ quisiese poner a alguien de sus filas en Fiscalía de Estado, tiene que llegar a 19 votos. Hoy, la bancada cuenta con 12 integrantes, más aliados de bloques unipersonales como Crecer, Mejor Nosotros y el Frente Grande.

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Esa mayoría simple hoy se ve difícil, ya que la bancada bloquista, un tradicional socio, viene dando señales de separación y de empezar a jugar con JxC, al igual que el bloque unipersonal Del Este. Por otro lado, si bien se está trabajando en la unidad del peronismo, el giojismo y el legislador de San Juan Te Quiero, la línea de Fabián Gramajo, están haciendo sus propias movidas, como también lo hace Franco Aranda, del Frente Renovador.

Tras la renuncia de Alvo como fiscal de Estado y la salida de Gastón Orzanco como Adjunto, el orreguismo impulsó y contó con el apoyo de la oposición en la Legislatura para nombrar a Sebastián Dávila en el lugar de este último y, de esa manera, quedar al frente del organismo. De hecho, el abogado, de máxima confianza del Gobernador, podía continuar timoneando Fiscalía de Estado bajo esa situación, teniendo en cuenta el escenario de minoría legislativa del oficialismo.

Sin embargo, el Ejecutivo llamó a cubrir el cargo y el Consejo de la Magistratura disparó el concurso, el cual tiene un total de 19 inscriptos, los que empezarán a ser entrevistados el mes que viene para que se defina la terna. Esta será enviada a la Cámara de Diputados para la designación final.