Las máximas autoridades judiciales, entre la cautela y el optimismo de cara a un sistema acusatorio en el fuero juvenil

Los jueces de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro y María Julia Camus, activaron la señal de alerta por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que se producirá en septiembre e incrementará el número de causas dentro del viejo mecanismo penal que hoy está al límite. Por eso, el primero de los magistrados planteó opciones: ir al sistema acusatorio y, hasta tanto, en base a un consenso general, tratar de aplicar soluciones alternativas, como la reparación del daño y la conciliación, medidas que actualmente no están contempladas en el procedimiento.

En ese marco, el fiscal General, Guillermo Baigorrí, se mostró optimista en avanzar con el sistema acusatorio en el fuero de Menores al señalar que en el plazo de 180 días (que se dará en septiembre) “tenemos que cumplir con el mandato legislativo y, además, porque la provincia, a través del Ejecutivo, también va a tener que tomar las medidas para hacerlo funcionar. Estamos todos en la misma”.

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Por su parte, el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, se expresó de forma cauta al explicar que se necesita que la Cámara de Diputados sancione un Código de Procedimiento que contenga el acusatorio, el cual “requiere de una infraestructura mínima de recursos humanos para su funcionamiento”.

El Régimen Penal Juvenil sancionado por la gestión del presidente libertario Javier Milei no solo bajó la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años, sino que también manda a investigar todos los delitos cuando la anterior ley (aún vigente) permitía el archivo de expedientes frente a hechos con penas menores a dos años, que no fueran violentos ni provocaran conmoción social, como el hurto. Ese combo es el que producirá el incremento de expedientes a tratar.

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En ese contexto, los jueces penales de Niñez y Adolescencia pidieron una cita con la Corte para llevar proyecciones de aumento de causas y empezar a dialogar sobre la problemática. Olivares Yapur señaló que se reunirá con los magistrados y circuló que el encuentro se dará esta semana.

En el sistema acusatorio, los fiscales son los que “investigan” los hechos delictivos, con la Policía a la cabeza, mientras que, en el viejo esquema penal, llamado inquisitivo mixto, son los jueces los que llevaban adelante las causas. Este último mecanismo es el que rige en el fuero de Menores.

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Ahora, la experiencia reveló que el acusatorio en el ámbito penal para adultos necesitó de un refuerzo de magistrados para que el sistema funcione y de respuestas a la mayoría de las causas y en tiempos veloces. Hoy, hay dos jueces y dos fiscales penales de Niñez y Adolescencia. En ese marco, Baigorrí calculó que se requerirían dos jueces y cuatro fiscales más. “Hay que verlo y estudiarlo”, indicó.

Incluso, el jefe del Ministerio Público manifestó que “le vamos a proponer a la Corte el diseño y la redacción de una ley de procedimiento para todo lo que tiene que ver con lo penal juvenil, en el cual se aplique el sistema acusatorio adversarial. Para ponerlo a consideración para que lo enviemos a la Legislatura”.

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De esa manera, explicó que estarán contenidos “todos los sistemas alternativos de solución de conflictos. Inclusive, ahí se le puede dar contención legislativa a la Justicia Restaurativa”, el programa que pone en práctica el máximo tribunal, cuyo referente es el ministro Juan José Victoria.

A su vez, el presidente de la Corte expresó que ya hay “un anteproyecto de Código Procesal Especial Juvenil Acusatorio”, el cual “está en estudio en este momento”. Sucede que la ministra Adriana García Nieto, quien estuvo al frente del máximo tribunal el año pasado, había adelantado su idea de implementar el mecanismo en el fuero de Menores, en un trabajo en conjunto con el fiscal General Eduardo Quattropani. Sin embargo, el entonces jefe del Ministerio Público debió ser internado en abril por problemas coronarios y falleció el 21 de julio, por lo que el proyecto se vio paralizado.

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Ante la propuesta de Baigorrí de redactar un Código Procesal para el régimen juvenil, Olivares Yapur señaló que “no hay ningún problema. Vamos a tener reuniones con él. Normalmente, un proyecto de ley, cuando se refiere a la instrumentación de un sistema procesal, se realiza por consenso. Tenemos que trabajar con el fiscal General, con la defensora General (Mónica Sefair) y, seguramente, vamos a dialogar con el Foro de Abogados y la Asociación de Abogados Penalistas porque tiene que haber un consenso interinstitucional”.

En cuanto a la sanción de un Código de procedimiento, el titular de la Corte indicó que, “si se alcanza el consenso y la Cámara de Diputados lo estima procedente, probablemente se pueda lograr”. A la vez, reconoció que “lo que pasa es que hoy tenemos una situación económica de restricción. Y, bueno, hay que ver hasta dónde se puede llegar dentro de las posibilidades reales y concretas del Estado Provincial”.

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El juez Toro había admitido que, en el caso de que no se llegase a implementar el acusatorio, había que dialogar y buscar medidas alternativas para solucionar los conflictos, que no se encuentra en el viejo y vigente sistema penal.

Ante la consulta, Baigorrí opinó que “se podría hacer a través de una acordada general o de alguna forma que le pudiera permitir su aplicación a los jueces”. No obstante, aclaró que “no sería lo lógico porque no estaría por ley. O sea, nosotros estaríamos transformándonos en legisladores, que no es lo que corresponde”.

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Por su parte, Olivares sostuvo que, “por acuerdo (una disposición de la Corte sobre, por ejemplo, funcionamiento interno), no podemos darle ningún instructivo a los jueces. En lo que es el proceso jurisdiccional, el juez es absolutamente independiente en sus decisiones y él va a tener que resolver conforme a derecho y a su criterio respecto de cada causa”.

Con respecto a alternativas ante el incremento de causas, el titular del máximo tribunal resaltó que “no puedo anticipar que una solución sea viable o no hasta no tener estas reuniones sin haber escuchado, por ejemplo, a los jueces de Menores. No sería correcto de mi parte sin haber escuchado las problemáticas”.

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No obstante, Olivares admitió que “en el propio Código Penal está establecido, por ejemplo, en el artículo 59, la posibilidad de lograr una reparación integral del perjuicio y que produzca la extinción de la acción penal. Eso es posible que se alcance como solución, como alternativa, que seguramente van a saber aplicar los jueces que tengan a cargo la causa en ese marco”.