Duros cuestionamientos de los expropietarios de La Superiora contra la Justicia y Rawson

Que la Sala IV de la Cámara Civil se puso “una vez más” del lado del Estado y de un municipio “incumplidor y violador de las normas constitucionales”, porque aceptó tratar una queja “extemporánea” que Rawson hizo sobre la nueva tasación de la exbodega La Superiora. Que por eso, “vaya a saber cuántos años más, los expropiados no pueden recuperar su debida integral indemnización”, ya que han transcurridos 12 sin resultado. Además, que esa situación se debe a que existen “jueces que propician y niegan el propio Estado de Derecho, permitiendo que políticos avasallen todo sistema constitucional”. Con ese duro tono contra la Justicia y la municipalidad de Rawson, la empresa Cuyo Inversiones S.A realizó su descargo judicial para que esa misma Sala defina si la tasación del inmueble es nula, como lo plantea la comuna, o si válida como lo sostiene la empresa. La diferencia es clave porque entre ambos valores en discusión hay millones de diferencia. Originalmente, Rawson debía poco más de un millón de pesos más intereses, pero por un fallo de la Corte de Justicia, se realizó otra tasación que arrojó para el municipio, unos 370 millones de pesos de deuda.

El escrito de Cuyo Inversiones se presentó a fines de la semana pasada, justo antes de que comience la feria judicial. En dicho documento solicitaron que se dicte una medida cautelar sobre el terreno de la exbodega, para que no se realice ningún tipo de mejora o construcción hasta no se defina el juicio. Este último pedido surge, según los privados, porque Rawson no cumplió con el objeto de la expropiación, ya que cedió parte del predio para la construcción de un barrio, el que no estaba previsto cuando se aprobó la expropiación. Como adelantó este medio, Cuyo Inversiones ha solicitado que, como parte de pago de lo que se le adeuda, se le devuelva parte del terreno, más precisamente, la zona descampada que está ubicada en la intersección de calle Doctor Ortega y Paula Albarracín de Sarmiento.

Según fuentes judiciales, la medida cautelar pedida por Cuyo Inversiones deberá ser resuelta en los próximos días por la Sala de Feria, conformada por los camaristas civiles Ernesto Escobar, Carlos Fernández Collado y Germán Parra. Si la cautelar es aceptada, la Justicia deberá notificar al municipio de una medida de no innovar por lo que tendrá prohibido realizar tareas en el predio hasta que se defina el juicio.

La causa por la expropiación de la exbodega La Superior comenzó en 2012, durante la gestión municipal de Juan Carlos Gioja. En la tramitación del expediente, el Tribunal de Tasaciones valuó el predio en 6.800.000 pesos y a la comuna le quedó pagar poco más de un millón de pesos, el equivalente del 15 por ciento del total. Desde el municipio y los abogados de los exdueños apelaron y la causa llegó a la Corte de Justicia, que, entre otros puntos, determinó que debía hacerse una nueva tasación al valor actual del inmueble, de acuerdo a la nueva ley de expropiaciones, cuyo montó se fue a casi 1.500 millones de pesos. Como Rawson debía pagar el 15 por ciento restante, la suma a pagar quedó en 220 millones de pesos más los intereses, lo que hace un total de 370 millones de pesos.

La anterior administración rawsina no cuestionó ni el fallo de la Corte ni la nueva tasación, por lo que todo estaría firme, pero el actual gobierno de Carlos Munisaga pidió la nulidad. La causa ahora se encuentra en la Sala IV de la Cámara Civil, que le hizo lugar a analizar el planteo y, hasta que resuelva, suspendió la ejecución de la sentencia.

Bajo ese escenario es que la empresa Cuyo Inversiones hizo la nueva presentación y cuestionó duramente a la Justicia por aceptar la queja de Rawson, cuando la propia municipalidad no se opuso, cuando pudo hacerlo, al nuevo valor de la tasación. Así, sostuvo que se trata de un “escándalo jurídico” el hecho de hacer una presentación luego de transcurridos seis meses, solo porque se tomó “conocimiento una nueva administración” municipal. Además dijo que Rawson, no ha realizado ningún planteo jurídico “tampoco no es ni técnica ni científica como debe ser una impugnación seria, solo dice que es abultada o sobrevaluada solo para impresionar al público que carece de conocimientos”.

También fueron duros contra el intendente Carlos Munisaga al expresar que “es muy fácil y vulgar afirmar políticamente para la tribuna, por parte del Sr. Intendente en los medios, que la deuda originaria en el año 2012 era de $1.022.400 y hoy es de más de $200.000.000. Lo cual nos preguntamos si el Sr. Intendente proviene de países escandinavos (Suecia o Dinamarca) con inflación del 3% “anual”.

Sobre el monto que adeuda Rawson, los privados sostienen que, hace 12 años ascendía a 200 mil dólares y con la nueva tasación surge el mismo valor en moneda extranjera, por el monto que arrojó el estudio del TTP, casi 1.500 millones de pesos, es el que corresponde.

Por último fueron críticos al indicar que “los años pasan, las administraciones pasan, y los propietarios miran incrédulos como ninguna intendencia quiere abonar la deuda, y porque también se apoyan en que la justicia les hace el juego a continuar litigando aunque ya no tengan fundamento alguno, y los procesos persisten 10, 12 o 15 años y luego seguramente al final pretenderán pagar con alguna tasa devaluada, o pretenderán dictar alguna nueva ley que los favorezca”.