Expectativa versus realidad, el contraste que pone a reflexionar sobre el RIGI y el impacto en la licencia social

Si hay algo que las compañías mineras (grandes y chicas) cuidan, es el acompañamiento de los ciudadanos que viven en los lugares donde se desarrollan los proyectos. Es el primer indicador que miran los inversores en el mundo. Sin la licencia social, se sabe que los emprendimientos empiezan con mal pie o no arrancan. Nadie quiere poner plata donde los conflictos convierten la operación en un problema constante porque quienes apuestan quieren réditos lo más rápido que se pueda y sin ningún problema más allá de los que demanda la naturaleza misma y la ingeniería. Per se, la minería metalífera implica grandísimas sumas de dinero y paciencia infinita como para, además, sumarse la extenuante tarea de resolver conflictos locales, muchas veces amañados por políticos que piensan y actúan no mucho más allá de sus propias narices. Esa licencia que otorgan los ciudadanos debe cuidarse de manera permanente y no hay lugar a descuidos. Se logra una vez y se cuida para siempre. Para muestra, un botón: en 2015 la producción de Veladero llevaba una década y la licencia ya no estaba en duda, pero un derrame en septiembre de ese año provocó un reverdecer de las protestas antimineras. Quienes nunca quisieron que Barrick se desarrolle en la provincia, y tras perder la batalla frente a la mayoría de los ciudadanos que sí apoyaron, aprovecharon el incidente para volver a pedir que esa compañía se retirara de la provincia. Aquéllas protestas obligaron al gobierno provincial a dar señales de mando, las que llegaron luego con un segundo episodio y el gobierno de Sergio Uñac. Al exgobernador le tocó la complicada tarea de devolverle a la sociedad la confianza en el Gobierno provincial como ente de control de los ejecutivos extranjeros que, evidentemente, no estaban haciendo su mejor trabajo. Uñac convocó a una conferencia de prensa en la madrugada y luego impuso una multa histórica. Esa sanción buscaba enviar un mensaje de firmeza a las empresas y, además, otro a la ciudadanía que volvía a criticar con fuerza la forma en la que se extraen los minerales. La licencia no estuvo en peligro, pero se vio altamente socavada. Finalmente se recuperó.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que aparece como positivo para esta y otras industrias, podría terminar en un problema político si es que no se controlan las ansiedades y se sale a informar con claridad. El debate político por el RIGI y las adhesiones locales, dejó en la ciudadanía la imagen de que ocurrida la sanción, casi de inmediato iban a llegar las inversiones y las nuevas fuentes de trabajo. Esa idea raya hasta lo ridículo, pero en este contexto de crisis, de pérdida de empleo, de fake news, de poca lectura seria y mucha opereta en medios tradicionales, todo puede pasar. Por ejemplo, un grupo de manifestantes iglesianos recorrió el departamento esta semana buscando presionar a las grandes empresas para ser tenidos en cuenta por los nuevos emprendimientos y por Josemaría. “Ahora que pueden abrirse muchas fuentes de trabajo”, dijo en radio, sin ponerse colorado y totalmente convencido, un cabecilla de esas protestas. El hombre hablaba de Josemaría y se quejaba, además, de que en ese proyecto minero hay alrededor de 600 personas trabajando, de las cuales solamente 25 viven en Iglesia. Es decir, a veces las empresas hacen todo lo posible para convertirse en blanco de críticas, hay que admitirlo.                    

El viernes pasado en un espacio producido por el programa Demasiada Información (LV5 Radio Sarmiento) y este diario, a propósito del Día de la Industria de San Juan, cuatro referentes del sindicalismo, las empresas, las cámaras y el Gobierno provincial, coincidieron en que el RIGI ha generado una expectativa que será difícil de cumplir, al menos en lo inmediato. “Hay que bajar las ansiedades” coincidieron frente a los micrófonos de Radio Sarmiento. Si bien todos, incluso el sector gremial, coincidieron en que lo mejor ahora es informar lo que puede o lo que no puede ocurrir, fundamentalmente. Nadie dijo que la licencia social está en riesgo, pero sí admitieron (todos menos el sector sindical) que reciben mayor cantidad de consultas.

En términos simples, es volver a apelar a la paciencia de la gente. Una estrategia que viene esgrimiendo el presidente Javier Milei ante la demora de los beneficios del ya ultrafamoso RIGI y todas las supuestas buenas noticias que iban a llegar con su política de ajuste. Esa paciencia, que es materia de estudio de las mejores consultoras del mundo, tiene un punto final, aunque nadie sabe cuándo puede llegar, y es esa, justamente, la gran incógnita, el tiempo. Por el lado de la provincia, el proyecto Josemaría podría ser un catalizador de esa ansiedad, aunque poco interés se les nota a los ejecutivos por tomar ese rol. Como nunca qué se comunica y cómo se hace, es fundamental para no seguir profundizando falsas expectativas que perjudiquen, al final del camino, la licencia social, que es el bien que todos los actores de la minería deben proteger.