Luego de que le saliera la jubilación
El contador General insiste en seguir en el cargo y advirtió: “Estoy dispuesto a presentar otros recursos legales”
El (¿ex?) contador General de la provincia, Rafael Herrera, presentó una nota en la Cámara de Diputados en la que insiste en continuar en el cargo, luego de que el gobierno le diera de baja debido a que le salió la jubilación y la fecha de pago como pasivo. No obstante, reiteró que su partida se debe dar a través de su renuncia y la aceptación por la Legislatura y pidió que el Ministerio de Economía revea la decisión. Como ese último planteo no está resuelto, entiende que debe seguir en el puesto y advirtió: “Estoy dispuesto a presentar otros recursos legales”.
0264 Noticias había dado cuenta la decisión del Ejecutivo de darle de baja a Herrera de su cargo y la resistencia que viene ofreciendo el funcionario en sede administrativa. El contador fue más allá, dado que ayer presentó la nota en la Legislatura. Este medio contactó a Herrera, quien reconoció que le salió la jubilación, pero se excusó de seguir el diálogo porque estaba manejando y no podía reanudar la conversación minutos después porque tenía “una reunión”.
El profesional fue designado el 4 de agosto de 1994 durante la gestión peronista de Juan Carlos Rojas y atravesó las gestiones de Jorge Escobar, Alfredo Avelín, Waldino Acosta, José Luis Gioja, Sergio Uñac y lo que va de la de Marcelo Orrego.
En el escrito señala que, el 22 de octubre, “solicité reconsideración de la medida” que lo sacó de su puesto, “en virtud de las falencias legales” por la “incompetencia” del Poder Ejecutivo “para definir la baja (…) en forma unilateral”. Así, advirtió “las irregularidades del procedimiento”.
Herrera resaltó en la nota que el puesto de Contador General de la provincia tiene “rango constitucional” y que, para que se produzca su salida, “es necesaria su perfección con una renuncia expresa al cargo a la Cámara de Diputados”.
En ese marco, hizo hincapié en “el procedimiento particular” que contempla la carta magna para darle de baja al titular de dicho cargo. Que no es otro que el juicio a través del Jurado de Enjuiciamiento por las causales de incapacidad física o mental sobreviniente, delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes.
Además, reconoció que, “respecto a mi beneficio jubilatorio, le manifesté al ministro de Economía, Hacienda y Finanzas (Roberto Gutiérrez) que sería un agrado permanecer en el cargo hasta agosto de 2025, a los efectos de concluir el proyecto de organigrama y manual de funciones de la Contaduría General, conforme a la nueva ley 2476 I de Administración Financiera”.
Por ello, sostuvo que “la ley nacional 24.241 prevé la continuidad en el cargo, siempre y cuando el empleador lo acuerde”. De esa forma, consideró que, como no tuvo respuesta ante el planteo de reconsideración de su baja, “debo continuar en el cargo, muy a pesar de que dieron la orden de bajar las claves de acceso a los sistemas y verificar que no esté en el lugar de trabajo”.
Tras hablar de atropello constitucional y que su persona se vio “avasallada”, indicó que “estoy dispuesto a presentar otros recursos legales”.
En cambio, en el Gobierno señalaron en el decreto que le dio la baja que el propio Herrera tramitó su jubilación el 29 de febrero de este año y que el beneficio le salió el 1 de octubre, con fecha de pago inicial el 17 de este mismo mes. Es decir, ya está cobrando como pasivo.
Además, explicaron que la constitución “no prevé un procedimiento especial a los fines de la baja por jubilación del cargo de contador General de la provincia, razón por la cual, no procede el acuerdo de la Cámara de Diputados para dar de baja al mencionado funcionario”.
No fue lo único, ya que aclararon en el decreto que el artículo 111 de la ley nacional 24.241 establece que todo aquel que “decida permanecer en actividad con posterioridad al acceso a la jubilación ordinaria”, debe contar con el acuerdo del empleador (en este caso, el Ejecutivo) para “postergar el inicio de la percepción del beneficio”.
De esa forma, se verá si Herrera encuentra eco en un planteo judicial posterior, si es que decide realizarlo.
El puesto de contador General de la provincia tiene un papel preponderante, ya que es el encargado del control previo del gasto público, es decir, con el equipo de la repartición, verifica que los pagos que realiza el Estado a proveedores, por ejemplo, se hagan de acuerdo a las normativas. Su designación está en manos del gobernador, con el acuerdo de la Cámara de Diputados.
En su escrito, Herrera hizo mención de concluir el proyecto de organigrama y manual de funciones de la Contaduría General, de acuerdo a la ley de Administración Financiera, la 2476 I. La norma se fue poniendo en práctica por etapas en la gestión uñaquista y establece que la Contaduría se quedará sólo con las tareas de registración contable. A su vez, las funciones principales de control del gasto las absorberá la Sindicatura General.
En ese marco, se verá si la gestión orreguista continúa o no hasta esa etapa. Por lo pronto, el gobernador manifestó que designará a un reemplazante de Herrera antes de fin de año. A su vez, síndico, si se pone en marcha la totalidad de la ley de Administración Financiera, es seleccionado por medio de un concurso público y abierto de antecedentes. Es designado por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo de la Legislatura.