Polémica

El Ejecutivo definió la salida del Contador General, pero el funcionario se resiste a irse

Rafael Herrera llevaba 30 años en el puesto. Recibió el beneficio de la jubilación, el gobierno le indicó que deje la función, pero el contador sostiene que debe existir un Ok de Diputados.
Rafael Herrera estuvo al frente de la Contaduría General de la provincia desde 1994.
Rafael Herrera estuvo al frente de la Contaduría General de la provincia desde 1994.
miércoles 23 de octubre de 2024

Por una decisión del Ejecutivo, el Contador General de la provincia, Rafael Herrera, dejó su cargo tras 30 años de servicio. A través de un decreto, las autoridades provinciales definieron la baja de su función porque el profesional recibió este mes el beneficio de la jubilación. Además de que se trata de un cambio clave en un organismo que controla y asesora en materia financiera al Estado, la movida ha generado una fuerte polémica. Es que, llamativamente, Herrera presentó un escrito en el que desconoce la resolución provincial y sostiene que su función “continúa hasta tanto presente la renuncia a la Cámara de Diputados y esta la acepte”. Eso no es lo único, ya que, además, hizo responsable al Gobernador y al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutierrrez, “del perjuicio de cualquier índole” que le ocasione su salida. La puja se centra en que las autoridades estatales entienden que OK legislativo no es necesario, por lo que pueden disponer del cargo.   

Herrera es un funcionario de amplia trayectoria que supo mantenerse en su puesto a pesar de los cambios políticos que tuvo la provincia. Según se supo, asumió el 4 de agosto de 1994, durante el gobierno de Juan Carlos Rojas. Así, logró atravesar las gestiones de Jorge Escobar, Alfredo Avelín, Wbaldino Acosta, José Luis Gioja y Sergio Uñac. En esa línea, hay quienes les ha llamado la atención que la gestión orreguista haya dispuesto su salida. Además, porque se trata de una función netamente técnica que tiene por objetivo “el buen funcionamiento de la hacienda pública”, según indica la página oficial de la Contaduría General de la Provincia. Dicha área depende del Ministerio de Hacienda, que hoy conduce Gutiérrez.

Rafael Herrera en un acto durante la gestión anterior.

Según el decreto provincial, que tiene fecha del 21 pasado, la Oficina de Auditoría Previsional y Tributaria, ha informado que existe una resolución de la ANSES por la cual Herrera ha recibido el beneficio jubilatorio con fecha inicial de pago para el 17 de octubre. En esa línea, hay quienes entienden que, desde el momento en el que el Contador comenzó a percibir la jubilación, dejó de ostentar su cargo, por lo que ya no es más funcionario provincial. A su vez, el Ejecutivo indicó en el decreto que, para que se produzca la salida, no hace falta que exista una aprobación de la Cámara de Diputados, tal como ocurrió para su nombramiento, simplemente porque la Constitución Provincial no lo establece. La Carta Magna indica que el Gobernador designa al Contador General de la provincia “con acuerdo de la Cámara”, pero nada dice sobre su jubilación, fallecimiento o renuncia al cargo.

La polémica surge porque Herrera entiende que, como tuvo el OK del cuerpo legislativo para ser designado, es la misma Cámara la que debe dar su aprobación para que deje el lugar. Incluso, en el escrito que presentó, rechazando el decreto provincial, el contador indicó que “mi función continúa hasta tanto presente la renuncia a la Cámara y esta la acepte”. Un punto clave de esta postura es que la Constitución, si bien no habla sobre la salida del Contador General, si equipara el cargo al proceso de remoción que tienen Jueces de Cámara, jueces de primera instancia, jueces de Paz, defensores públicos, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas y el Tesorero de la provincia. Es que, dichas personas, pueden ser acusadas ante el Jurado de Enjuiciamiento por incapacidad física o mental sobreviniente, delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes. Por lo tanto, se interpreta que tienen su cargo de manera vitalicia, ya que pueden seguir cumpliendo funciones mientras dure su buena conducta.  

En esa línea, Herrera contestó el decreto de su baja resistiendo a la decisión del Ejecutivo, al indicar que el documento oficial es “improcedente e ilegítimo en función del procedimiento propio para el cargo de Contador General”, porque dicho procedimiento, el de Jury, tiene por fin proteger esas funciones y “evitar atropellos políticos”, como los del decreto.

Fuentes calificadas indicaron que la salida de Herrera no cayó bien en la Contaduría y tampoco que su salida haya sido constatada a través de un Escribano que, al parecer, llegó al primer piso del Centro Cívico para corroborar que el funcionario ya no estaba en el cargo.  

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