La Justicia investiga un posible fraude millonario en la Unión Vecinal más grande de Angaco

La Unión Vecinal Villa El Salvador, de Angaco, es la entidad social más grande de ese departamento, no solo por el aporte deportivo y cultural que ofrece, sino porque maneja el servicio de agua potable para gran parte del distrito. Incluso, en los últimos años creció con distintas actividades gracias al aporte que hizo la provincia, por ejemplo, con el techado de su polideportivo. Hoy, la institución atraviesa una situación compleja, ya que la Justicia investiga un posible fraude millonario que se extiende hasta el 2020. Quien puso el foco en la presunta irregularidad fue la provincia, a través de la Dirección de Inspecciones Jurídicas, por una cuestión muy simple: las anteriores autoridades solicitaron al organismo de control llevar adelante una asamblea de socios para aprobar el balance contable del último año, documento que no cuenta con el OK del Concejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE). Al revisar el expediente de la Unión Vecinal, surgió que la irregularidad se repite para los ejercicios 2022, 2021 y 2020, donde figuran recursos totales que van desde los 20 millones de pesos hasta los 50 millones, en promedio. Eso no es lo único, ya que, por esa situación, las anteriores autoridades fueron removidas y se dispuso la intervención de la Unión Vecinal, la cual se produjo hace casi un mes.

El techado del polideportivo se produjo en 2018.

En los últimos años, Angaco fue noticia por las distintas polémicas que se produjeron en el ámbito político, más precisamente, en el seno del municipio que hoy conduce José Castro. El escándalo más reciente es el que se presentó con el traspaso de 28 contratados a planta permanente que ejecutó el anterior jefe comunal, Carlos Maza, y que Castro dio de baja gracias a un acuerdo que se llegó entre la intendencia y el Consejo Deliberante. A su vez, existe una causa penal que lo tiene a Castro en la mira por haber usado bienes del municipio, maquinaria y personal, para realizar tareas en un predio privado de Chimbas. Fuentes calificadas indicaron que la Justicia debe fijar una fecha para que se realice ese juicio, el cual ahora está previsto para los primeros meses del año que viene.

Ahora la polémica se trasladó a la Unión Vecinal Villa El Salvador, que cumple una tarea central, ya que, como ocurre con otras uniones vecinales, tiene en sus manos el servicio de agua potable. Incluso, fuentes oficiales indicaron que existen poco más de 2.000 usuarios que dependen de la Unión Vecinal para tener agua. La cifra no es menor, ya que representa casi el 80 por ciento de toda la población de Angaco.

Según confirmaron desde la Justicia, el Ministerio Público Fiscal ha iniciado la investigación preliminar sobre el presunto fraude millonario. Quien ha tomado cartas en el asunto es la UFI Genérica, a través de la fiscal Daniela Pringles. Hasta el momento, como el balance contable presentado en Inspección Jurídica no cuenta con el aval del CPCE, se presume que se incurre en el delito de falsificación de documento privado, que se castiga con 6 meses a dos años de prisión. Aunque la situación puede ser más grave, ya que los balances del 2020, 2021, 2022, que no tienen el OK legal, fueron presentados y por los cuales Inspecciones Jurídicas habilitó asamblea de socios, por lo que se podría configurar el delito de falsificación de documento público, el cual se castiga con uno a seis años de prisión.

Eso no es lo único, ya que el complejo escenario puede ir más allá. Es que, si se confirma que la Unión Vecinal Villa El Salvador, en los años que están en la mira, recibió fondos de la provincia por algún tipo de ayuda, o desde el municipio, y los mismos no tuvieron el destino que corresponde, se podría incurrir en el delito de fraude contra la administración pública, que se pena con dos a seis años de prisión.

Hasta el momento, como se trata de una incipiente investigación, no hay personas imputadas de algún delito, pero quienes están en la mira son quienes firmaron los balances contables que fueron presentados en Inspección Jurídica: el ahora expresidente de la Unión Vecinal, Manuel Riveros, y la contadora, Viviana Giner.

Otra de las irregularidades a develar, según las fuentes, es por qué las anteriores autoridades de la Dirección de Inspecciones Jurídicas habilitaron que se lleven adelante asambleas en las que se aprobaron balances millonarios que no cuentan con el respaldo del CPCE.

Por la irregularidad, la Unión Vecinal Villa El Salvador está intervenida y quien fue designado como autoridad provisoria, por parte del Gobierno, es Alberto Gómez, un agente de Vialidad Provincial. Fuentes oficiales indicaron que, en el poco tiempo que lleva al frente de la institución, ha buscado solucionar una serie de conflictos, también contables, como una millonaria deuda por los aportes sociales de los trabajadores de la Unión Vecinal.