La política tiene que demostrar que no volverá a dejar pasar oportunidades como Veladero

En medio de la fuerte sequía de fondos nacionales que las provincias sufren por decisión del presidente Javier Milei, los anuncios sobre inversiones mineras toman relevancia única por el alto impacto económico que pueden provocar. San Juan, por decisiones de anteriores gestiones y la continuidad que le dio el gobernador Marcelo Orrego a esta actividad, está a punto de convertirse en hito nacional: se calcula que en la primera semana del mes que viene, los dueños de Los Azules (McEwen Copper) recibirán el OK a la Declaración de Impacto Ambiental para avanzar en el proyecto de cobre calingastino. Con esa manifestación, la provincia habrá entregado dos autorizaciones a mega emprendimientos en pocas semanas, ya que Challenger Gold Limited obtuvo el mismo permiso para avanzar con Hualilán, en Ullum, a fines del mes pasado. No solamente eso, a inicios de este mes, el Gobierno sanjuanino recibió de Minas Argentinas S.A, la novedad de que invertirá USD 1.000 millones en la explotación de oro en el yacimiento Gualcamayo, en Jáchal. Todo indica que, de ocurrir todo lo planeado por las compañías y el Gobierno provincial, las inversiones anunciadas podrían materializarse sobre 2027 aproximadamente, aunque son todas especulaciones más que nada periodísticas y gubernamentales. Si eso llegase a ocurrir, solo por citar un ejemplo, la mina jachallera podría darles trabajo a unas 1000 personas en la etapa de construcción de su emprendimiento. No se sabe muy bien qué pasará en ese punto con Hualilán ni con Los Azules, pero se puede llegar a intuir que el impacto en la desocupación será bastante alto y en favor de la provincia.

Ahora bien, ¿qué hizo San Juan para cuidar las inversiones anteriores y qué hará con las que viene? Las respuestas son bastante difíciles de responder ya que involucran no solamente a los distintos gobiernos (municipal y provincial), sino también a los empresarios sanjuaninos que ya se habían involucrado en minería y los que se incorporaron a medida que esta actividad fue recibiendo licencia social. Hace poco tiempo el Grupo Sarmiento, integrado por el expresidente de la UCR radical, Mario Capello, presentó un escrito en la Cámara de Diputados advirtiendo que el municipio de Iglesia recibió unos 222 millones de dólares por regalías y Fideicomisos Mineros desde 2006 a la fecha; una cifra sideral si se considera que ese departamento sanjuanino es habitado solamente por 9.000 personas. Se trata de la friolera de más de un millón de dólares en promedio por mes desde mediados de 2006 a la fecha, una cifra que eleva la envidia de cualquier jefe comunal de esta provincia o de cualquier otra.

Capello tuvo altos cargos y hasta el momento nunca recibió una denuncia por corrupción. Si bien estuvo cerca de los equipos de Patricia Bullrich en la campaña del año pasado, no se lo ve con demasiados movimientos ni caprichos en la política actual. Se puede intuir entonces que su motivación viene de prenderle la luz a la política para que no vuelva a pasar lo que ya pasó en Iglesia con Veladero y los hermanos Mauro y Marcelo Marinero, quienes gobernaron ese distrito desde 2007 hasta hace muy poco. Desperdiciaron una oportunidad única y toda la política sanjuanina lo sabe. Pero todos eligieron mirar para otro lado.

Los Marinero (uno de ellos es asesor de Orrego) vienen protegidos por la política luego del acuerdo que trabaron el bloquismo con el peronismo de Leopoldo “Polito” Bravo y José Luis Gioja, respectivamente. Pero más que nada fue la exdiputada nacional Graciela Caselles quien, oficiando de mandamás del partido de la estrella, pudo convencer al exgobernador justicialista de no tocar quienes garantizaban victorias electorales en ese departamento. Al comienzo de recibir las regalías, el exintendente Mauro Marinero puso en plazo fijo la plata de ese beneficio para esquivar la obligatoriedad de usar todo el dinero en infraestructura, como mandaba hacer la legislación de aquéllos años. Gioja y Caselles los apañaron. Ese fue el inicio, pero lo que vino después fue mucho peor todavía. Los Marinero encontraron la forma de usar la plata de las regalías en lo que quisieran, y Gioja los habilitó. Y hoy el resultado es trágico: un departamento que pudo prosperar como ningún otro, cuyos gobernantes eligieron no hacerlo.

Capello presentó su informe en la Cámara de Diputados a la espera de que algún legislador inicie alguna investigación, y tildó el asunto como “la desaparición de dineros públicos más grande de la historia de San Juan”, y es probable que tenga razón. Esa presentación ocurrió a fines de octubre. Que se sepa, ningún diputado inició ni tiene intención de empezar una investigación sobre el tema. Un escándalo, efectivamente. Alguien dijo ayer que, si esto pasaba en el Congreso, ya había hasta investigaciones judiciales en curso, pero esta provincia no se caracteriza por investigar la corrupción. De hecho, desde 2003 a la fecha, hubo muy pocas causas vinculadas a hechos de este tipo, y casi se puede decir que por monedas o errores de funcionarios de menor cuantía. San Juan se convierte de esta forma en una provincia alejada de la realidad del resto, donde ocurrieron graves hechos relacionados a funcionarios que le roban al Estado, local o nacional. Hay un statu quo negativo para los sanjuaninos, entre el Poder Judicial y los distintos Ejecutivos desde hace décadas hasta hoy, es evidente. No habrá investigación ni en diputados ni judicial. Una pena. Por las dudas, el diputado iglesiano bloquista Gustavo Deguer integra la Comisión de Minería de la Legislatura provincial. No estaría mal que se interese en el tema y husmee, al menos para estar seguro de que nada malo pasó y, como última instancia, si la desaparición de dineros públicos de la que habla Capello es legal, al menos que todos sepamos que los administradores de esas gestiones son los campeones de hacer mal las cosas; sin querer, obviamente.

Según comentaron en el entorno del gobernador Orrego, la Secretaría de Control Minero del Ministerio de Minería de la provincia ya terminó de responder tres objeciones que pusieron organismos nacionales a la DIA de Los Azules, lo que implica que el trabajo oficial ya terminó. El Gobierno espera ahora que la empresa le ponga fecha a los anuncios de que recibió la DIA y cómo serán sus próximos pasos. Se calcula que todo eso va ocurrir en la primera semana de diciembre; justo cuando Orrego cumpla sus primeros doce meses de gestión, el 10 de ese mes.

La fecha es caprichosa, se puede decir que no calculada por nadie, pero sería muy simbólico que el mandatario sanjuanino decidiera darle un giro a lo que se hizo mal antes de que él llegara al sillón de la casona de Libertador y Paula. Hay que darle más legalidad y ética a la distribución de los dineros que reciben los organismos públicos por minería o por lo que sea. Si alguno de estos tres proyectos se pone en marcha finalmente, la provincia volverá a tener la misma oportunidad que tuvo con Veladero hace casi 20 años, pero con otros nombres y, ojalá, con otra política.