Denuncia contra el líder del SUOEM: D'Amico no podrá acercarse a las seis denunciantes

El secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) fue denunciadO por seis empleadas que trabajan en la Municipalidad de Angaco por violencia de género. Las mujeres afirman que el líder sindical las agrede y maltrata verbalmente, ostigándolas permanentemente. Ahora, el juez de Garantías, Matías Parrón, intervino en el caso e interpuso una medida cautelar contra el sindicalista, el cual no podrá acercarse a las denunciantes.

“Ustedes se arrodillan ante el intendente. Por eso están en ese lugar”. “Ahí va la chupa de José Castro (en referencia al jefe comunal de Angaco)”, fueron unas de las frases e insultos que recibieron estas empleadas del municipio de parte de D’Amico, mientras que otras resaltaron que las acusó a los gritos de haber accedido a sus cargos por acomodo y sus vínculos familiares.

Las damnificadas asentaron su denuncia en la UFI CAVIG, especializada en causas de violencia de género; y fue en esas exposiciones en donde señalaron un hostigamiento y maltrato del sindicalista en el marco de las protestas que este último viene realizando después de que a otros 28 trabajadores se les diera de baja a su pase a planta permanente.

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En ese sentido, las denunciantes solicitaron medidas de protección, por lo que en la UFI tramitaron la prohibición de acercamiento y actos turbatorios, solicitud que fue definida por el juez Parrón este lunes.  

El magistrado hizo lugar al pedido de medidas cautelares y en efecto, resolvió que D'Amico no podrá acercarse a menos de 300 metros al domicilio, lugar de residencia, lugar de trabajo, estudios, esparcimiento o habitual concurrencia de las seis denunciantes. Esto significa que el líder sindical no podrá ingresar a la Municipalidad de Angaco, donde suele realizar sus intervenciones de protesta. 

Asimismo, también el juez le prohibió realizar actos turbatorios o intimidatorios y todo tipo de contacto con las denunciantes. Estas medidas tendrán una vigencia de 60 días a partir del pasado 30 de noviembre, fecha en que fue emitida la resolución del juez. 

Por otro lado, en Fiscalía deberán analizar el contenido de las denuncias para determinar si existe o no un delito. En el caso de que no lo haya, no habrá intervención penal.