Distribución de recursos
Cambios en coparticipación: Capital volvió a perder, mientras que Rivadavia y Santa Lucía ganaron
Desde el Ministerio de Economía ya les comunicaron a los intendentes los cambios en los índices de coparticipación municipal, los que repercutirán en la cantidad de recursos que recibirán el año que viene. En ese marco, Capital volvió a perder, ya que, esta vez, resignó poco más de un punto, lo que implica que dejará de embolsar 2.272 millones de pesos en 2025. En el lado opuesto de la tabla, los que más ganaron fueron Rivadavia y Santa Lucía, que crecieron 0,43 y 0,42 puntos, lo que significa percibirán 939 millones y 917 millones de pesos extra en todo el año que viene.
Capital ya había sufrido la pérdida de casi un punto a comienzos de año, por lo que se calculó que se redujeran sus recursos en casi 1.000 millones de pesos en este 2024. En esa ocasión, las modificaciones en los índices de coparticipación obedecieron al Censo 2022, que actualizó la cantidad de habitantes en los departamentos. A la hora de determinar los porcentajes de reparto de fondos, la población es el rubro que más incidencia tiene.
En esta oportunidad, si bien no hubo una explicación del gobierno provincial, fuentes municipales indicaron que los cambios se debieron a que influyeron los otros ítems que definen a los índices de coparticipación. Entre ellos, se encuentran los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el segundo rubro de mayor impacto; el monto del impuesto sobre los Ingresos Brutos que aporta el departamento a la provincia; la cifra de los impuestos Inmobiliario y Automotor que pone al cobro; lo que se denomina zona desfavorable, en relación a la distancia a la ciudad Capital; el consumo del alumbrado público y edificios propios del municipio, y lo que se llama densidad poblacional inversa.
Esos ítems, o algunos de ellos, impactaron en Capital, lo que llevó a la reducción de su índice en 1,04. No fue el único departamento, ya que también perdieron otros ocho, aunque el que le sigue, Valle Fértil, cayó tan solo a la mitad del registro capitalino. Por el contrario, además de Rivadavia y Santa Lucía, también hubo otros ocho ganadores, aunque con porcentajes de menor impacto (Ver infografía).
La coparticipación municipal, sancionada durante la gestión uñaquista, apunta a un reparto de recursos a través de parámetros objetivos, por lo que la norma dejó atrás la distribución discrecional, arbitraria y al antojo del gobernador de turno, lo que venía sucediendo en gobiernos anteriores.
De esa manera, los cambios en los índices responden a lineamientos técnicos y estadísticos. Es decir, a contraposición de lo que pudiese ser una mirada política oportunista. Capital es uno de los “tesoros” del orreguismo, que llegó al poder de la provincia y, en simultáneo, se quedó con el principal departamento de San Juan, con todas sus implicancias, inclusive, a nivel electoral.
Sin embargo, cuando el análisis de los informes técnicos reflejó una pérdida de su índice de coparticipación, no hubo más vuelta y se aplicó la baja. Lo mismo sucedió con Rivadavia y Santa Lucía, que también están bajo el control del oficialismo, en cuanto al impacto de los parámetros objetivos, solo que, en estos casos, ganaron cerca de medio punto.
Los nuevos índices de coparticipación comenzarán a regir el 1 de enero del año que viene, lo que permite determinar cuántos fondos les tocarán a los municipios, teniendo en cuenta que el Ministerio de Economía ya estimó lo que percibirán en el proyecto de presupuesto. La iniciativa contempla un reparto total de 218.520.963.000 pesos, sobre los que se aplican los respectivos porcentajes de cada comuna (Ver infografía).
Ahora, ¿cada cuánto se retocan los índices? De acuerdo a la ley 1811 P, los indicadores de población densidad poblacional inversa y hogares con NBI “se actualizan a partir del año siguiente al de la publicación del Censo Nacional de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”.
Aunque la norma le permite al Ejecutivo llevar adelante la modificación “transcurridos cinco años posteriores a la última determinación de coeficientes (…), conforme las proyecciones estimadas publicadas por INDEC y cuando la variación de algún índice supere el 20 por ciento”.
Por su parte, la actualización de los indicadores de zona desfavorable y consumo de alumbrado público y edificios propios se realizará “cada cinco años a partir del año de vigencia de la presente ley”. En el caso del primer coeficiente, la información la suministrará Vialidad Provincial, mientras que, en el segundo, a partir de los datos que aporte Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Ambos ítems entraron en la revisión de este año.
La ley indica que la actualización de los indicadores de los montos puestos al cobro de los impuestos Inmobiliario y del Automotor y la cifra de Ingresos Brutos por departamento se harán, también, cada cinco años. Su información la brindará la Dirección General de Rentas. Estos rubros también se encuentran dentro del análisis de este año.
Uno de los decretos reglamentarios de la norma establece que la Secretaría de Hacienda les comunicará a los municipios los cambios en los índices de coparticipación, cuyos intendentes y sus respectivos equipos económicos cuentan con 15 días corridos para “solicitar aclaraciones técnicas fundadas”. En esa tarea se encuentran algunos jefes comunales, indicaron las fuentes.
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Además de fijar el monto que les corresponderá a los municipios en concepto de coparticipación municipal, el gobierno calculó cuánto irá para el Fondo de Emergencia Municipal y el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere), el cual está destinado a obra pública. El primero tiene planificado un total de 11.876.140.000 pesos, mientras que, el segundo, 7.125.684.000 pesos.
La masa de coparticipación surge de un porcentaje de lo que ingresa por la distribución de impuestos nacionales y otro de la recaudación local. De ese total, el 92 por ciento va al reparto entre los municipios, mientras que el 5 por ciento va al FEM y el 3 restante al Fodere.
En cuanto a la coparticipación municipal, este año se prevé un reparto de 218.520.963.000 pesos, lo que representa un incremento del 408 por ciento con respecto a lo que se calculó en el último presupuesto, que fue en 2023 y estuvo en el orden de 43.005.072.000 pesos. Este año no hubo esquema de gastos y recursos, debido a la prórroga que decidió Nación y a la que se acopló la gestión orreguista. Tal crecimiento obedece a los elevados niveles de inflación, sobre todo, de finales de 2023 y principios de 2024.
Con respecto a lo que efectivamente han recibido las comunas de coparticipación, la cifra total está en 155.553.349.624,87 pesos, de enero a noviembre.