Alerta a la política: Baigorrí puso a las causas por corrupción como “prioridad” y revisará cada dos meses los avances

El fiscal General, Guillermo Baigorrí, ha dejado en claro internamente que las causas de corrupción cometidas por funcionarios en perjuicio del Estado representan una “prioridad” y una “exigencia de tratamiento primordial”. Al punto que ha resaltado que es una “decisión inclaudicable” del Ministerio Público el abordaje de dichos hechos contra la administración pública. En ese marco, les ha encomendado a los fiscales de la Unidad de Investigación Delitos Especiales que le rindan informes bimestrales sobre los expedientes existentes de esos casos, sus respectivos avances y estrategias a seguir, con el fin de “evaluar el funcionamiento del organismo”.

Tales definiciones y la directiva figuran en la Resolución General N°22 de Fiscalía General, la que salió esta semana. De esa manera, Baigorrí ratificó su interés por la investigación de las causas por delitos contra el patrimonio del Estado. Se trata de una postura que había esgrimido en abril, cuando acudió a la Corte de Justicia a fin de pedirle que interceda ante la Cámara Penal para que comparta la información de los juicios por corrupción que quedan bajo el viejo sistema penal, luego de que en el Ministerio Público entendieran que la respuesta de dicho Tribunal fue negativa.

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De hecho, en el expediente más resonante, la denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición y los tipos de caños, su pago y la construcción del Acueducto Gran Tulum, el jefe del Ministerio Público reforzó el equipo de investigación. Así, designó dos fiscales y cuatro ayudantes fiscales para que evalúen la abundante documentación y, llegado el momento, haya un correcto análisis de la prueba para decidir si hay o no delito y si se encuentran o no responsables penales.

Fueron señales que ahora plasmó en una resolución, en la que destacó que el Ministerio Público “ha asumido como su rúbrica del deber ser”, es decir, su rol principal, en cuanto a la investigación de hechos de corrupción cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Incluso, la bajada de línea de Baigorrí ha sido clara en que se investigue sean quienes sean los involucrados.

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Luego, está la intención del jefe de los fiscales de “interesarse en los procesos judiciales a efectos de observar la normal prestación del servicio”. En ese marco, su directiva a los fiscales de la UFI Delitos Especiales tuvo el “carácter de preferente despacho”, es decir, con prioridad, para que “informen individualmente a la Fiscalía General respecto de los legajos vigentes y relevantes que tramitan bajo su órbita (…) referidos a denuncias por hechos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo o por razón de él, los casos de corrupción y/o delitos contra la administración pública en donde se advierta presumiblemente un perjuicio patrimonial directo contra el Estado”.

Los informes que enviarán los representantes del Ministerio Público serán confidenciales y los deberán hacer “todos los años, en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, dentro de los primeros 15 días corridos”.

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La documentación deberá contener, entre otros puntos, la cantidad de personas, “cuya actuación se investiga, la descripción del caso o detalle de la denuncia, el estado procesal de la causa”, la existencia o no “de parte querellante y, en su caso, los planteos formulados, los pasos procedimentales futuros a seguir o la explicación de la estrategia persecutoria a desplegar.

Los informes ingresarán a la Secretaría Penal de Fiscalía General, que componen Fabián Melo, Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta, los funcionarios judiciales que eligió Baigorrí para que lo acompañaran una vez que fue designado en el puesto.

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Tal cual señala la resolución, ahí habrá una evaluación del funcionamiento de la UFI. Como la presentación de informes es cada dos meses, se verán los avances de la causa o estarán las explicaciones de por qué no hubo movimientos. En cualquiera de los casos, si hay inacción, va a quedar reflejada, explicaron las fuentes.

Incluso, destacaron que no se trata de entrometerse ni direccionar los procesos, dado que se resalta que hay plena autonomía, sino de controlarlos para que haya un resultado acorde con los tiempos y el valor probatorio para que, luego, la sociedad tenga la respuesta que corresponda.

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La investigación por la denuncia de Marcelo Arancibia por el Acueducto Gran Tulum no es la única causa bajo la lupa. Dicho sea de paso, el jefe del Ministerio Público había adelantado en el programa A todo o nada, de 0264 Radio (107.3) que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro se encaminaban a pedir una prórroga de 90 días hábiles, dado que está por vencer el primer plazo de la investigación preliminar. Según las fuentes, ese período cierra cerca de la primera quincena de junio.

El otro expediente en trámite es el juicio contra el actual intendente de Angaco, José Castro, quien está imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

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La fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, acudió a la Corte para reactivar el debate, el cual fue suspendido por la Cámara Penal hasta que haya “sentencia firme” en otro expediente que nació a raíz de una denuncia de la propia representante del Ministerio Público contra el jefe comunal y tres concejales.

¿Cómo surgió? Los ediles sacaron una ordenanza en la que avalaban que Castro reparase el daño con el aporte de 5 millones de pesos para Cáritas de Angaco y, así, zafase del juicio, luego de que ese acuerdo fuese presentado en la Justicia.

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Para la fiscal, hubo una maniobra ilegal y, por eso, radicó la denuncia, aunque remarcó que “resulta jurídicamente inadmisible” que tal actuación “pueda erigirse en fundamento (de la Cámara) para paralizar el proceso principal”. Es decir, sostuvo ante la Corte que la decisión de los jueces de suspender el juicio por malversación hasta que haya una sentencia firme en la nueva causa va a generar una “dilación indefinida”.

A esto se suma que dicho Tribunal no resolvió su rechazo al acuerdo de reparación del daño del intendente y los concejales y que los dos procesos son distintos entre sí y, por ello, no debe producirse tal suspensión.

En el programa de 0264 Radio, Baigorrí respaldó la actuación de Gerarduzzi y señaló que aún no ha recibido información de la Cámara Penal sobre si hay o no juicios por corrupción o delitos contra el Estado que queden del viejo sistema penal, el que regía antes del acusatorio.