Fuerte arremetida de Fiscalía contra jueces por negar datos de causas por delitos contra el Estado y la “parálisis” en el juicio a Castro

El Ministerio Público llevó adelante una doble embestida. En primer lugar, los fiscales de Cámara le habían pedido a los miembros de la Cámara Penal que les comunicaran sobre el total de los juicios en agenda por delitos contra la administración pública, es decir, las causas por presunta corrupción que quedan del viejo sistema penal. La respuesta fue negativa, por lo que el jefe de los fiscales, Guillermo Baigorrí, le solicitó a la Corte de Justicia que le indique a dicho tribunal que entregue tal información, dado que resaltó que la propia normativa establece como prioridad de investigación los expedientes en los que estén involucrados funcionarios públicos.

En el planteo, hubo una crítica, sutil, a los magistrados, ya que tienen “la obligación de registrar la totalidad de las causas bajo su competencia”, cuya información “debe estar en poder” de la Cámara. Además, les recordó ejes del Código de Ética Judicial de San Juan, los que le imponen “a los jueces el deber de promover y colaborar” para “un mejor funcionamiento de la administración de Justicia”, entre otros puntos. De esa manera, es el primer contrapunto que tiene el fiscal General contra magistrados.

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En segundo lugar, fue la fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, la que acudió al máximo tribunal para reactivar el juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, quien está imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El debate oral y público fue suspendido por la Cámara Penal hasta que haya “sentencia firme” en otro expediente que nació a raíz de una denuncia de la propia Gerarduzzi contra el jefe comunal y tres concejales. ¿Cómo surgió? Los ediles sacaron una ordenanza en la que avalaban que Castro reparase el daño con el aporte de 5 millones de pesos para Cáritas de Angaco y, así, zafase del juicio, luego de que ese acuerdo fuese presentado en la Justicia.

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Para la fiscal, hubo una maniobra ilegal y, por eso, radicó la denuncia, aunque remarcó que “resulta jurídicamente inadmisible” que tal actuación “pueda erigirse en fundamento (de la Cámara) para paralizar el proceso principal”. Es decir, sostuvo ante la Corte que la decisión de los jueces de suspender el juicio por malversación hasta que haya una sentencia firme en la nueva causa va a generar una “dilación indefinida”. A esto se suma que dicho Tribunal no resolvió su rechazo al acuerdo de reparación del daño del intendente y los concejales y que los dos procesos son distintos entre sí y, por ello, no debe producirse tal suspensión.

De esa forma, la movida hacia dos frentes de batalla refleja, al menos, otros dos puntos: uno, la voluntad de Fiscalía de avanzar en los delitos contra la administración pública y que, de comprobarse, son casos de corrupción. Dos, la decisión de llegar hasta las últimas instancias, como la Corte, de la que espera una definición y entre a tallar en ambas situaciones.

Desencuentro

Son dos casos de impacto y, uno de ellos, se vino cocinando hace tiempo hasta que salió a la luz. En febrero, los fiscales de Cámara Marcela Torres, Daniel Galvani y la propia Gerarduzzi, le pidieron a la Cámara Penal, integrada por los jueces Víctor Muñoz Carpino, Miguel Dávila Saffe y Juan Bautista Bueno, que les suministraran información sobre los expedientes de juicios por delitos cometidos por funcionarios contra el Estado provincial.

Según fuentes judiciales, la contestación recién se dio a principios de este mes y en el Ministerio Público la tomaron como una respuesta negativa. Sucede que los camaristas les indicaron a los fiscales que especificaran el número y la carátula de los procesos sobre los que querían conocer. Justamente, era la información que no tenían en Fiscalía.

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Ante esa respuesta, fue el propio jefe de los fiscales el que se dirigió a la Sala Tercera de la Corte, presidida por Daniel Olivares Yapur, quien también está al frente del máximo tribunal. Se trata de la Sala de Superintendencia, la que se encarga de la gestión administrativa y disciplinaria del Poder Judicial.

En ese marco, Baigorrí le solicitó a la Sala Tercera que le requiera a la Cámara Penal que provea la información que le fue pedida en su momento, “con urgente y preferente despacho, a fin de ser meritada”. 

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En su planteo, el titular del Ministerio Público destacó que “resulta prudente y necesario valorar” que sobre la Cámara Penal “recae la obligación de registrar la totalidad de las causas que bajo su competencia son tramitadas; por lo que la información fidedigna, precisa y confiable debe estar en su poder”. El interés radica en que “podrían existir, en la actualidad, procesos en los que aún no obre participación alguna de un fiscal en grado de segunda instancia”.

No fue lo único, ya que hizo hincapié en dos artículos del Código de Ética Judicial, los que les marca a los “jueces el deber de promover y colaborar en todo lo que signifique un mejor funcionamiento de la administración de Justicia, como también el deber de documentar todos los actos de su gestión y permitir su publicidad”.

Intendente en la mira

El caso del intendente de Angaco viene de una denuncia de concejales en 2019, en el final de su segunda gestión, por la que fue procesado por el uso de maquinarias y empleados municipales en un predio privado. La fecha de juicio estaba fijada para el 23 de febrero, pero, días antes, su abogado defensor Marcelo Fernández presentó una copia del acuerdo de reparación integral del daño y, luego, la ordenanza que contemplaba el acuerdo, la cual fue aprobada por tres de los cinco concejales.

Frente a la maniobra, la fiscal Gerarduzzi radicó la denuncia ante lo que consideró una especie de “pacto de impunidad” entre el Legislativo y el Ejecutivo y, después, rechazó la reparación integral en el marco del juicio por malversación. El 20 de marzo, la Cámara Penal, integrada por los jueces Muñoz Carpino, Dávila Saffe y Juan Carlos Caballero Vidal (h), decidió suspender el proceso principal contra el jefe comunal hasta que se resuelva, con sentencia firme, el caso de la cuestionada ordenanza.

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Así, Gerarduzzi realizó un planteo para ir a la Corte con el fin de revertir esa resolución. En líneas generales, sostuvo que no existe vínculo jurídico entre ambos casos que habilite al Tribunal a tener que frenar un juicio para esperar el resultado de la otra causa que está en ciernes. Además, cuestionó que la Cámara no resolviera el pedido de reparación integral, al que se opuso Fiscalía, y que paralizara el debate por tiempo indefinido, lo que implica una “clausura anticipada del proceso”.

Sin embargo, la Cámara le rechazó el llamado recurso de casación porque sostuvo que la resolución que suspendió el juicio de malversación no tiene el carácter de sentencia definitiva, que son los temas que revisa la Corte. Además, los magistrados indicaron que la denuncia de la fiscal contra la ordenanza “compromete la legitimidad del acto administrativo que avala la voluntad de la municipalidad”. Por eso, consideraron que el juicio principal tiene que quedar en pausa hasta que se defina el nuevo caso es un delito o no.

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Ese expediente es el que también llevará sus tiempos. El fiscal Francisco Nicolía llevó adelante la investigación Penal Preparatoria contra Castro y los concejales, mientras que sus defensores esgrimieron que la causa tiene que pasar al Contencioso Administrativo.

Ante esos vaivenes y rechazo de la Cámara, Gerarduzzi acudió a la Corte con lo que se denomina un recurso de queja por casación denegada. No es otra cosa que pedirle al máximo tribunal que acepte analizar el planteo de la fiscal. Entonces, se verá qué postura tomarán los ministros, no solamente en este caso, sino, también, en el pedido que hizo Baigorrí para acceder a la información de los juicios por delitos contra el Estado.