Angaco: la defensa de Castro pidió la impugnación del proceso y busca "sacar" la causa de lo Penal y llevarla al fuero administrativo

En una tarde de definiciones clave en Tribunales, la estrategia del intendente de Angaco, José Castro, y sus concejales aliados dio un giro para intentar frenar el avance de la justicia penal. Durante la audiencia de este lunes, los abogados defensores sorprendieron al solicitar la impugnación del proceso y la suspensión de la audiencia incluso, bajo el argumento de que el conflicto originado por el polémico acuerdo conciliatorio es un asunto de carácter interno del Concejo Deliberante. Según la defensa, el caso no debería ser tratado como un delito, sino que corresponde ser dirimido en el fuero contencioso administrativo.

Este planteo busca desactivar la "embestida" de la Fiscalía, protagonizada en este caso por Francisco Nicolía, que investiga al jefe comunal por malversación de caudales públicos y a los ediles, Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes, por encubrimiento agravado. El abogado de Castro, Marcelo Fernández, sostuvo ante el juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi que la intervención judicial no corresponde en esta instancia, ya que se trata de una resolución administrativa municipal, que tiene ribetes netamente políticos.

Cabe destacar que, esta jornada, uno de los concejales (López) acusados, siguió las alternativas de la tensa jornada vía Zoom, sumándose al pedido de su defensa para anular las actuaciones actuales.

Sin embargo, el fiscal Nicolía rechazó de plano el pedido de impugnación de las defensas, ratificando la gravedad institucional de los hechos. Para el Ministerio Público, el intento de Castro de evitar el juicio mediante la donación de 5 millones de pesos a Cáritas —aprobada por una ordenanza de sus propios concejales— es un acto "ilegal" donde los funcionarios se atribuyeron facultades de jueces y fiscales. La fiscal Silvina Gerarduzzi ya había calificado esta maniobra como un "pacto de impunidad" que busca extinguir una acción penal de forma irregular.

El juez Fernández Caussi comenzó la jornada rechazando diversos planteos previos de la defensa y ahora pasó todo a un Tribunal de Impugnación, que deberá ser sorteado, y convocará a las partes para tomar posición en la causa.

Luego de la audiencia de hoy, el abogado Fernández sostuvo que "esto es claramente una persecución política. Baso este fundamento en que están sentados como acusados los tres concejales que votaron a favor de Castro en el acuerdo, y no los cinco, como entendemos sería lo correcto. Con este proceso se está perdiendo el tiempo, y sobre todo, gastando infraestructura, dinero y todo tipo de cosas en una causa que nadie tiene que hacer en el ámbito penal".

 Con la tensión en aumento, el mundo político sanjuanino aguarda el 20 de marzo, fecha límite en la que se definirá si el acuerdo conciliatorio es válido o si el intendente y sus aliados deberán enfrentar finalmente un juicio oral por delitos contra la administración pública. Por ahora, la justicia penal mantiene el control de la causa pese a los intentos del oficialismo angaquero por cambiar el escenario de la batalla legal.