Baigorrí definió la estructura y funciones de su equipo, y analizará movimientos para reforzar Unidades Fiscales

A 10 días de su asunción como fiscal General, Guillermo Baigorrí no sólo definió su equipo de trabajo, sino, también, las funciones que desplegarán. Luego de darle de baja al sistema de supervisión de las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) del sistema acusatorio, que había implementado su predecesor, Eduardo “Jimmy” Quattropani, reordenó el esquema, en el que los fiscales coordinadores de cada área tendrán un rol central y los fiscales de Cámara serán fuente de consulta jurídica. Además, el flamante jefe del Ministerio Público aseguró que está revisando estadísticas y la composición de las UFI para decidir si hace movimientos para reforzar alguna de ellas.

Antes de tomar posesión del cargo, Baigorrí había armado su equipo. Su asesoramiento en material penal quedó en manos de Fabián Meló, Jorge Albarracín (ambos, exsecretarios de la Corte de Justicia) y Rodrigo Zabaleta (ex integrante de la asistencia jurídica al Colegio de Jueces). Los tres, por disposición del fiscal General, han estado visitando y recorriendo la semana pasada las siete UFIs (Cavig, Anivi, Delitos Contra la Propiedad, Delitos Informáticos y Estafas, Genérica, Flagrancia y Delitos Especiales), además de dialogar con sus integrantes para tomar contacto de la situación en que se encuentran y sus necesidades.

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A su vez, Julieta Mercado (exsecretaria Relatora del máximo tribunal) estará al frente del área no penal, es decir, de todas las causas que lleguen a Fiscalía General en cuanto a lo Civil o Laboral, por ejemplo. La funcionaria cumplía funciones en la Secretaría de la Cámara Laboral de la que venía Baigorrí, en donde estrecharon un vínculo de confianza.

Por su parte, Sandra Gutiérrez se desempeñó como secretaria en el fuero de Familia y será la representante de Fiscalía en el contacto con las Asesorías Oficiales, cuyas magistradas y magistrados son los que velan por los intereses y el cuidado de los menores de edad en procesos judiciales, sean penales o no. Son cinco las Asesorías, que lideran María Soledad Medina, Patricia Sirera, Laura Romarión, Fabiana Anzorena y Sergio Ruiz.

Por otro lado, el nuevo jefe del Ministerio Público confirmó al resto del equipo que ya venía con Quattropani. Pablo Yacante continuará como secretario Electoral, además de desempeñar la misma tarea en el Consejo de la Magistratura, y con tareas de resolución de causas, en las que Mercado trabajará para descomprimir trabajo.

Mariela Páez seguirá en la asistencia personal y de agenda al fiscal General, además de tareas administrativas, mientras que Lucila Victoria, que desarrolla tareas de recursos humanos, será la representante del Ministerio Público en el programa de Justicia Restaurativa que implementó el cortista Juan José Victoria (su padre). Dicho programa está enfocado en los menores que cometen hechos delictivos y apunta no solamente al castigo sino, también, a reparar el daño causado y a la inclusión de los jóvenes.

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Antes de asumir, Baigorrí desplazó a los cuatro supervisores del sistema acusatorio que había designado Quattropani: Rolando Lozano (quien llegó a estar ternado para fiscal General), Fernando Rahmé, Andrés Noguera y Federico Osollo, quienes serán reubicados bajo la competencia de la Corte.

De esa manera, Baigorrí barrió con el esquema de supervisión, cuyos integrantes cumplían la función de nexo entre el fiscal General con los fiscales coordinadores y bajaban línea y órdenes. Tal mecanismo había generado ciertas rispideces en algunos fiscales.

Un día después de tomar las riendas del Ministerio Público, Baigorrí se reunió con los 14 fiscales coordinadores (son dos por cada UFI), a los que confirmó en sus puestos y les remarcó que serán los protagonistas del sistema acusatorio.

El flamante fiscal General explicó que serán los que resolverán el camino a seguir en la investigación de las causas, en contacto con los fiscale del caso y los ayudantes fiscales. Si hay dudas o necesidad de consultar jurídicamente algún punto de vista, entrarán en juego los fiscales de Cámara, que son los que defienden o sostienen la postura de Fiscalía frente apelaciones ante el Tribunal de Impugnación.

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Son cinco los fiscales de segunda instancia: Fabricio Médici, Daniel Galvani (exfiscal General interino), Marcela Torres, Silvina Gerarduzzi y Leticia Ferrón. Esta última viene de licencia hace tiempo y presentó su jubilación, la que se volverá efectiva a partir del 1 de diciembre. Será un cargo clave a cubrir por parte de la Cámara de Diputados, luego de que el Consejo de la Magistratura dispare el concurso y arme la terna de candidatos.

En la recorrida que ha hecho el equipo penal de Fiscalía y en base a las estadísticas de denuncias y causas de las UFIs, Baigorrí indicó que a partir de esta semana analizará si hace movimientos de, por ejemplo, ayudantes fiscales para reforzar algunas de ellas.

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Esos funcionarios son los que están en terreno, los que van al lugar del hecho, junto con los fiscales, cuando se producen detenciones, operativos o procedimientos policiales. Además, acompañan a los fiscales y exponen en las audiencias de juicio.

Un relevamiento anterior reflejaba que la Unidad Fiscal Cavig (causas de violencia intrafamiliar y de género) contaba con 26 ayudantes fiscales, había 18 en Anivi (casos de abusos contra menores y mujeres), 13 en Delitos Especiales, ocho en Delitos contra la Propiedad, seis en Delitos Informáticos y Estafas, y cinco en la UFI Genérica.

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Un dato: la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), que supervisaba Federico Osollo, tiene 32 ayudantes fiscales, que van a los lugares del hecho en los casos de Flagrancia y colaboran con el resto de las UFIs. Tras la salida de Osollo, el fiscal General ubicó como referente al ayudante fiscal Carlos Ortiz.

Una vez que tenga todos los datos finos y luego de la evaluación, Baigorrí decidirá si traslada funcionarios de una unidad a otra para el refuerzo de funcionamiento.