Suena Melo, un exfuncionario de la Corte, como miembro del equipo del nuevo fiscal General Baigorrí

El designado fiscal General, Guillermo Baigorrí, asumirá hoy en sus funciones y la danza de nombres de los integrantes circuló ayer incesantemente, luego de que desplazara a cuatro supervisores de las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) del sistema acusatorio. En ese marco, una pieza que asoma es Héctor Fabián Melo, un exfuncionario de la Corte de Justicia que hoy se desempeña en una Cámara Penal. Otra ficha que se deslizó es la de Jorge Albarracín, quien también ocupó un puesto en el máximo tribunal, señalaron fuentes judiciales.

El flamante jefe de los fiscales que investigan los hechos delictivos había señalado en el programa “A todo o nada”, de Radio Light, que se iba a rodear de personas de su plena confianza y que serían “tres, mínimo dos”.

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De acuerdo a lo que trascendió, Baigorrí presentaría hoy una nota en la Corte para solicitar personal, lo que revelaría que se trata, justamente, de funcionarios bajo la órbita del máximo tribunal. De acuerdo a la ley orgánica de Tribunales, la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, tiene la facultad de mover y afectar funcionarios al Ministerio Público ante el pedido de su responsable. Puede no hacerlo, pero no sería un buen gesto de convivencia ante el nuevo fiscal General.

Melo era secretario Letrado de la Corte, un especialista en derecho penal. Según las fuentes, se conoce con Baigorrí y hubo testigos que aseguran que los vieron dialogando cuando se consumó la designación del jefe del Ministerio Público.

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A principios de 2024, fue trasladado a la Cámara Penal, la segunda instancia, con su mismo cargo, debido a una fuerte diferencia que tuvo con el ministro Daniel Olivares Yapur. Según había trascendido, el funcionario se habría molestado porque la Sala Penal del máximo tribunal no había seguido su postura en dos causas y se había impuesto el criterio del cortista, quien fue respaldado por sus pares.

Tras la partida de Melo, en el asesoramiento jurídico en la Sala Penal de la Corte quedaron Fabricio Poblete y Jorge Albarracín, a los que se les sumó, luego, Jorge Abelín Cottonaro, quien renunció a su cargo de juez para asumir como prosecretario Relator.

El tema es que, después, Albarracín dejó su lugar en el máximo tribunal y es otro de los que suenan, aunque con menor intensidad, para formar parte del equipo del flamante fiscal General.

Después, se verá si Baigorrí mueve o asciende personal del Ministerio Público, para el cual está autorizado por la ley Orgánica de Tribunales. Es decir, si hay modificaciones en las coordinaciones de las UFIs (hay dos fiscales por cada una de las siete unidades) o si eleva a un funcionario a su equipo en la Fiscalía General. Este medio había publicado que cuenta con dos cargos para designar personal: uno de secretario Relator y otro de secretario del Ministerio Público de segunda instancia.

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La otra chance que tiene es la de cubrir esos dos puestos con abogados por fuera del Poder Judicial. En ese caso, tiene que solicitarlo a la Corte, que es la que lleva adelante la designación.

Se verá cuál es el diseño que Baigorri tiene en mente. Por lo pronto, desplazó a los cuatro supervisores de las Unidades Fiscales: Rolando Lozano, quien estuvo ternado para el cargo de fiscal General y estaba al frente de Cavig y Delitos contra la Propiedad; Fernando Rahmé, sobrino de Quattropani y que comandaba Anivi, Delitos Especiales y Delitos Informáticos y Estafas; Andrés Noguera, que lideraba Flagrancia y Genérica, y Federico Osollo, quien estaba a cargo de la Unidad de Abordaje Territorial y de la Unidad de Soluciones Alternativas.

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Todo parece indicar que modificará el sistema de supervisión, una función que estaba sólo por debajo del fiscal General y que actuaba como nexo y bajaba lineamientos hacia los fiscales coordinadores de las UFI. Tras el fallecimiento de Quattropani, empezaron a salir a la luz quejas de fiscales por el hecho de recibir órdenes de los supervisores. Cuentan las fuentes que la crítica era que, a dichos fiscales, elegidos constitucionalmente a través de un concurso del Consejo de la Magistratura y la posterior designación de la Cámara de Diputados, no les caía demasiado bien la intervención de “funcionarios administrativos”, por más que no desconocían sus trayectorias, conocimientos y capacidades.

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Entonces, se verá si repite ese esquema o se maneja directamente con los fiscales coordinadores de las UFIs. Parte o gran parte de su equipo puede empezar a develarse y confirmarse hoy tras su asunción, al igual que la estructura que planea desplegar.